A empresarios como Germán Larrea, Claudio X. González Laporte y Alberto Bailleres les inquieta que un eventual arribo de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia termine con los privilegios fiscales de los que han gozado durante los últimos años. Su temor no es infundado, pues en 2009 legisladores cercanos al actual candidato de Juntos Haremos Historia presentaron una iniciativa de ley encaminada a terminar con esas prebendas de la élite empresarial, que en dinero suman cientos de miles de millones de pesos.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En 2008, las 400 empresas más grandes del país debieron pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) 850 mil millones de pesos por concepto de impuestos. Sin embargo, gracias a la llamada consolidación fiscal, sólo declararon 85 mil millones, es decir, sólo el 10%. 
A su llegada a la Presidencia, Enrique Peña Nieto prometió acabar con los privilegios fiscales, pero únicamente logró acotarlos a través de la reforma fiscal en septiembre de 2013. 
Meses antes de conocerse la propuesta fiscal, el 3 de febrero de ese año, Claudio X. González Laporte, entonces presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios –que en 2014 se transformó en Consejo Mexicano de Negocios tras el ingreso de Blanca Treviño de la Vega–, hizo pública su oposición a terminar con los beneficios en materia tributaria, ya que desde el 13 de septiembre de 2009 diputados afines a Andrés Manuel López Obrador habían presentado una iniciativa en San Lázaro para terminar con las prebendas fiscales de las que gozaban esos empresarios. 
Hoy, a dos semanas de la jornada electoral del 1 de julio el tabasqueño es el mejor posicionado de los candidatos presidenciales. Si llega a Los Pinos y decide retomar su propuesta de hace nueve años, empresarios como Germán Larrea, de Grupo México; Claudio X. González, de Kimberly Clark; Alberto Bailleres, de Palacio de Hierro, y muchos otros dueños de las 400 empresas más grandes del país verían minados sus privilegios.
Abel Hibert, quien encabezó el diseño del programa económico del candidato de Juntos Haremos Historia, aclaró que aún no definen cuáles privilegios eliminarían, pues cada rubro es un esquema relacionado con una ley. No obstante, aclaró que se trata de una suma “muy importante del presupuesto y hay que revisar cómo se puede reducir dentro del marco legal”.
Los consentidos 
Desde 1973, el gobierno mexicano decidió otorgar a los empresarios privilegios fiscales con el objeto de incentivar la producción y apoyarlos para la generación de empleos. Nació así un régimen tributario que incluye exenciones, subsidios y créditos fiscales, así como condonaciones, facilidades administrativas, estímulos y la consolidación fiscal. 
Esta última consiste en permitir a los empresarios unificar el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de varias de sus empresas, compensando las pérdidas de unas con las ganancias de otras, a pesar de que legalmente estén separadas. Y dentro de esos privilegios están los “impuestos diferidos”, es decir, los pagos en plazos.
Y aun cuando en el Pacto por México firmado en diciembre de 2012 Peña Nieto y los dirigentes del PRD y el PAN, Jesús Zambrano y Gustavo E. Madero, respectivamente, incluyeron como punto 72 la eliminación de los privilegios fiscales, sólo lograron acotarlos. 
La consolidación fiscal se mantuvo, pero limitada, pues se prohibió sumar las empresas que tuvieran pérdidas; además, se redujo de cinco a tres años el periodo de diferimiento del pago de impuestos.
Pese a la consolidación fiscal, los privilegios siguen siendo multimillonarios. De ello dan cuenta los números que Larrea, dueño de Grupo México, notificó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). El empresario ha sido uno de los más beneficiados de la llamada consolidación fiscal e impuestos diferidos en los últimos años, incluso con el acotamiento de la reforma de 2013.
De acuerdo con datos de la BMV, en 2017 Larrea alcanzó ventas por 176 mil 155 millones de pesos, de los cuales sólo pagó al fisco 29 mil 660 millones, y a lo largo de tres años difirió un pago de 31 mil 804 millones.
En otras palabras, por cada peso que el dueño de Grupo México declaró al fisco en 2017, deberá pagar 1.07 pesos a lo largo de tres años (2018, 2019 y 2020). Se desconoce cuál será la proporción anual.
En cuanto a los 31 mil 804 millones de pesos entregados como pagos diferidos, no entraron a las arcas del SAT en el año fiscal de 2017, mientras que al ciudadano contribuyente sí se le exigió una declaración de impuestos en tiempo y forma; es decir, sin prórrogas. 
El año previo –2016–, Grupo México difirió el pago de 20 mil 968 millones de pesos, y se comprometió a liquidar esa cantidad en 2017, 2018 y 2019. 
Y en 2010, antes de que entrara en vigor la reforma fiscal de 2013, Larrea difirió el pago de 4 mil 500 millones de pesos de impuestos, para pagarlos a cinco años, es decir entre 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. Se desconoce si liquidó esa cantidad; tampoco se sabe a cuánto ascendieron los pagos anuales.
En 2010, las 30 principales empresas que cotizan en la BMV difirieron impuestos por un monto de 140 mil 23 millones de pesos.
Privilegios en peligro
La propuesta presentada en septiembre de 2009 por diputados afines a López Obrador para terminar con los privilegios fiscales de los empresarios sigue preocupando a varios de ellos, incluido el propio Larrea, quien el 25 de mayo pasado envió una carta a sus empleados donde los alerta sobre las dos propuestas de modelo económico que están en juego en este proceso electoral.
“Enoja y ofende la corrupción, la impunidad y la falta de seguridad en el país”, dice la misiva. Larrea sostiene que es necesario corregir la situación. Y añade, sin mencionar a López Obrador: “No considero que un modelo populista, ni la amnistía sean la solución”.
Claudio X. González, dueño de la papelera Kimberly Clark, es otro de los empresarios críticos del candidato Juntos Haremos Historia. En febrero de 2013 se pronunció contra la eliminación de todos los privilegios fiscales, como lo propuso el presidente Peña Nieto.
De acuerdo con los datos de la BMV, González también ha recibido grandes beneficios fiscales mediante el esquema de impuestos diferidos.
En 2016, por ejemplo, Kimberly Clark tuvo ventas por 35 mil 660 millones de pesos, pagó impuestos al SAT por 2 mil 155 millones de pesos, y decidió diferir el pago de mil 408 millones de pesos a lo largo de tres años.
Al año siguiente, los ingresos de la empresa subieron a 37 mil 765 millones de pesos, por lo que declaró mil 703 millones, pero difirió el pago de otros mil 108 millones para los próximos tres años.
Otro miembro del grupo privilegiado, quien pidió a sus empleados no votar por López Obrador, es Alberto Bailleres, de Palacio de Hierro. El 30 de mayo último, según informó la agencia Bloomberg, dijo: “Voten por el candidato que tenga la mayor probabilidad de vencer a Andrés Manuel López Obrador; es la mejor oportunidad que tenemos de preservar el sistema económico que nos permite emplearlos”. 
Bailleres es uno de los que más pagos han diferido. Según los reportes que Grupo Palacio de Hierro entregó a la BMV, en 2014 la empresa tuvo ventas por 22 mil 17 millones de pesos, pagó impuestos por 339 millones 100 mil; al año siguiente sus ingresos fueron por 26 mil 17 millones; pagó 345 millones 877 mil de impuestos y decidió diferir 2 mil 472 millones para los siguientes tres años. 
En 2016, ganó 31 mil 160 millones de pesos, de los cuales declaró 362 millones 596 mil al SAT y optó por diferir el pago de 2 mil 314 millones para los siguientes tres años. En 2017 sus ventas ascendieron a 32 mil 512 millones de pesos, de los cuales pagó en impuestos 259 millones 914 mil y decidió diferir otros 2 mil 16 millones.
Datos ocultos
El pago real de impuestos, la devolución de los mismos a las grandes empresas y los impuestos que difieren son verdaderas cajas negras cuyas cifras sólo conocen las autoridades del SAT.
Sin embargo, en octubre de 2009 el SAT envió por error una nota de dos hojas a un diputado que no pertenecía al grupo de legisladores abocado a indagar los montos que pagaban las empresas. 
Según la nota, cuya copia tiene Proceso, la consolidación fiscal, que se contempla en la Ley del Impuestos sobre la Renta, “permite que alrededor de 400 grandes grupos empresariales, mismos que en conjunto acumularon ingresos por 4.96 billones de pesos en 2008, tengan una carga fiscal de apenas el 1.7 % en promedio. Esto equivale a pagar apenas 85 mil millones de pesos por concepto de ISR. 
“En un esquema normal de causación del ISR, que es el segundo por los contribuyentes que no consolidan fiscalmente, la carga fiscal, tomando en consideración las deducciones operativas y beneficios que la propia ley del ISR establece, se calcula, debe fluctuar entre el 10 y el 17%, dependiendo del giro de la empresa, su régimen fiscal y su capacidad económica”.
Y revela: “Lo anterior implicaría que esos 400 grandes grupos paguen en lugar de 85 mil millones de pesos, como lo hicieron en el ejercicio 2008, 10 veces más; esto es, alrededor de 850 mil millones de pesos.
“Como ejemplo tenemos a algunas grandes empresas del sector cosmético que en 2008 tuvieron ingresos acumulables por más de 7.6 mil millones de pesos y sólo pagaron alrededor de 220 millones de pesos.”
En otras palabras, de no existir el régimen de consolidación fiscal, la recaudación podría haber alcanzado los 850 mil millones de pesos, equivalentes en ese tiempo a 42 años del presupuesto de la UNAM o al pago del costo de 70 refinerías.
Con base en las modificaciones fiscales y obligaciones gubernamentales que se han aprobado de 2008 a la fecha, el gobierno federal tiene el deber de informar el “presupuesto de gastos fiscales”, que incluye las exenciones fiscales, así como la consolidación, los impuestos diferidos y todos aquellos privilegios de los que gozan los grandes empresarios.
De acuerdo con esos reportes, elaborados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se estima que para el presente año todos los privilegios impliquen un costo para la federación de 338 mil 698 millones de pesos. Sin embargo, los datos presentan incongruencias con respecto a lo que las empresas reportan a la BMV.
El documento prevé también que por diferimiento de impuestos se afectará al fisco por un aproximado de 25 mil 639 pesos, lo cual resulta ilógico, pues en 2017 tan sólo una empresa –Grupo México, de Germán Larrea– pospuso el pago de 31 mil 804 millones.
Abel Hibert, el asesor económico de López Obrador, estima que este 2018 los privilegios fiscales –lo que se conoce como “presupuesto de gastos fiscales”– superarán los 300 mil millones de pesos. No obstante, aclara que él y su equipo están revisando las cifras.
 De llegar López Obrador a la Presidencia, entonces se definirá cuáles privilegios serán modificados y cuáles se cancelarán.
En los encuentros del equipo económico de López Obrador con los empresarios, éstos han pedido no modificar los regímenes especiales, aunque no han profundizado en el tema.
“A ellos –dice Hibert– les preocupa más que la certidumbre fiscal y cómo cumplir sus compromisos fiscales sin tanto riesgo, sin tanta regulación; van más por la parte de simplificación administrativa.”
Este reportaje se publicó el 17 de junio de 2018 en la edición 2172 de la revista Proceso.