Esto es sobre todo evidente en los siguientes casos: En el de la fiscalía anticorrupción, no ha sido posible designar a quien deberá ser titular transitorio hasta el 30 de noviembre de este año; en el de la Fiscalía General de la República, tampoco fue posible avanzar; por lo demás, fue muy cuestionada la designación del nuevo titular de la ASF, y en cuanto al TFJA sus nuevos magistrados se designaron con el voto favorable de sólo 49 senadores (apenas 38% de los 128 integrantes del Senado) en una de las últimas sesiones del último período.
En lo que respecta a la Fiscalía General, la injerencia presidencial provocó la movilización de un grupo de organizaciones de la sociedad civil en el movimiento denominado Fiscalía que Sirva, a fin de solicitar la reforma al artículo 102 de la Constitución para establecer un procedimiento de designación de su titular que garantice su independencia del presidente. Aunque no se ha podido avanzar en la creación de la mencionada fiscalía ni en la designación de un fiscal anticorrupción, la Procuraduría General de la República opera bajo el mando de un encargado de despacho que descabezó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y frenó todas las investigaciones vinculadas a la corrupción, particularmente las relacionadas con el caso Odebrecht.
La Fiscalía Anticorrupción y el TFJA son particularmente importantes porque serán las instancias responsables de sancionar por la vía penal y administrativa los actos de corrupción. En lo que atañe a la primera, su intento de dejar a un fiscal a modo (conocido popularmente como “fiscal carnal”) no prosperó y puede pagar caro su desmesura, pues las posibilidades de designarlo en la actual Legislatura ya son mínimas.
En el caso del tribunal, logró operar de último minuto, el 25 abril, en la antepenúltima sesión ordinaria de la actual Legislatura, la aprobación de los magistrados propuestos por el presidente de la República para integrarlo y asegurar la llegada de jueces afines al actual gobierno.
Mientras tanto, la ASF en lo general ha sido eficaz para detectar los delitos e irregularidades que se cometen en las entidades obligadas, incluyendo el ejercicio del gasto público federalizado en las entidades; pero sus denuncias y recomendaciones han sido prácticamente ignoradas por los órganos de control internos, responsables de sancionar las faltas administrativas hasta antes de la creación del SNA, y por los ministerios públicos, tanto federal como estatales, encargados de integrar las averiguaciones previas para consignar ante el Poder Judicial.
Por ello la designación del nuevo titular de la ASF, al concluir el período constitucional de Juan Manuel Portal, era crucial porque del buen desempeño de dicha instancia depende en gran medida la posibilidad de sancionar los actos de corrupción, ya que la ASF es la responsable de identificarlos y denunciarlos ante las instancias correspondientes.
Peña Nieto lo sabía y sus diputados operaron para conformar una terna a modo. A partir de la misma designaron a David Rogelio Colmenares Páramo, priista que fue secretario de Finanzas del gobierno de Oaxaca durante el mandato de Heladio Ramírez, de 1986 a 1992, y aspiró a suceder a su jefe. También fue representante del gobierno de Oaxaca en el entonces Distrito Federal (1998-1999) durante el gobierno de José Murat, y director de Administración y Finanzas de Liconsa (1995-1998).
En apenas dos meses al frente de la ASF Colmenares ya removió a tres de los cuatro titulares de las Auditorías Especiales (las de Cumplimiento Financiero, Desempeño y Gasto Federalizado), movimientos que pasaron prácticamente de­sapercibidos, hasta que removió la semana pasada a la directora general de Auditoría Forense, Muna Dora Buchahin Abulhosn. Entre otras cosas, esta funcionaria fue la responsable de realizar la auditoría que permitió denunciar la llamada “estafa maestra”, que hasta la fecha alcanza un monto de 7 mil 700 millones de pesos e involucra a funcionarios de la Sedesol, Sedatu, universidades públicas y particulares involucrados como supuestos proveedores.
Buchahin hizo pública una carta en la que cuestiona la decisión de separarla de su cargo sin razón explícita, así como la negativa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF a realizar otras dos auditorías forenses a la Sedatu a partir de denuncias documentadas, a pesar de los graves antecedentes.
El nuevo titular de la Auditoría Especializada en Cumplimiento Financiero, Gerardo Lozano Dubernard, justifica la separación de Buchahin por un presunto conflicto de interés y, eventualmente, en un presunto desvío de recursos humanos.
Sin embargo, los cuestionamientos de conflicto de interés ya se habían expuesto en la Cámara de Diputados, cuando el propio Lozano compareció ante la Comisión de Vigilancia, que entrevistaba a los candidatos a ocupar el cargo de auditor superior. Los atajó de la siguiente manera:
“Tengo que decir: no litigamos, no vendemos consultorías, auditorías a los gobiernos de estados, no hacemos libros blancos, no ofrecemos asesorías de solventación de auditorías, no ofrecemos intervención ante ningún organismo…lo que hemos hecho 10 años es difundir la educación y hacer capacitación antifraude, que es un capítulo internacional que tuvimos la oportunidad de fundar con el auditor Portal en México… Entonces, yo no veo ningún conflicto de interés”. Añadió que la labor de Buchahin en la organización de la sociedad civil era pro bono y que eso estaba permitido.
Si efectivamente existe presunción de algún tipo de conflicto de interés o desvío de recursos, debe solicitarse la intervención de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, responsable de iniciar la investigación y fincar las responsabilidades, lo que según Lozano ya hizo; pero en ese caso hay que esperar el dictamen correspondiente y no adelantarse a las actuaciones de la misma y despedir a Buchahin.
Todo apunta a que el nuevo auditor se dispone a integrar un equipo a modo para intentar proteger al actual presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete; es una pieza más de este blindaje que el titular del ejecutivo pretende construir para evadir la acción de la justicia.
Este análisis se publicó el 10 de junio de 2018 en la edición 2171 de la revista Proceso.