John M. Ackerman
La desesperada guerra
sucia en contra de destacadas figuras de Morena como Layda Sansores,
Claudia Sheinbaum y Javier Jiménez Espriú demuestra que el régimen
corrupto se ha quedado sin municiones. Todos los misiles contra Andrés
Manuel López Obrador han fallado al blanco. Así que el sistema ahora se
dedica a fabricar supuestas corruptelas o irregularidades de sus
colaboradores más cercanos.
Como todos los legisladores de Morena, Sansores dona la mitad de su
salario al programa de escuelas universitarias que ofrece educación
universitaria gratuita a miles de jóvenes. Sansores es, sin duda,
también la senadora más valiente y sensible a las causas sociales. Como
secretaria de la Comisión de Derechos Humanos nunca descansa en su
defensa de los presos políticos, los periodistas, los migrantes y las
víctimas de la represión estatal.
Destaca de manera particular el decidido apoyo de Sansores a la causa
de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a los maestros democráticos, a
las víctimas de la masacre de Nochixtlán y a la lucha en contra de la
Ley de Seguridad Interior. También ha encarado de manera personal y
directa al mismo Peña Nieto por sus corruptelas y su complicidad con
crímenes de lesa humanidad.
Los senadores reciben su remuneración por dos vías:
servicios personalesque incluye su
dietamensual y
servicios generalespara cubrir sus gastos. Para el segundo rubro, los senadores del PRIANRD suelen contratar aviadores, celebrar fiestas extravagantes y desviar recursos hacia sus amigos y familiares. No es difícil imaginar en lo que gastarían en este rubro senadores cercanos al poder, como Ernesto Cordero, Emilio Gamboa, Javier Lozano o Armando Ríos Piter.
En contraste, legisladores como Sansores prefieren donar su dinero a
nobles causas sociales. El hecho de que también haya utilizado una
pequeña parte de sus recursos para adquirir artículos de belleza
personal no es un acto de corrupción ni viola normativa alguna. La
Cámara de Senadores aceptó sin mayor problema todas sus facturas y no ha
iniciado investigación alguna precisamente porque los legisladores
están en total libertad para gastar este recurso como dispongan.
Gran parte del salario de Denise Maerker también proviene de recursos
públicos, canalizados a Televisa por medio de millonarios contratos de
comunicación social. Así como Maerker está en su derecho de adquirir la ropa y el maquillaje necesarios para lucirse en sus programas televisivos, Sansores también puede realizar gastos similares.
El ataque a Sansores no es, entonces, más que un vil
linchamiento mediático contra uno de los opositores más férreos al
sistema autoritario, apenas 15 días antes de la elección más grande de
la historia de México.
Desde luego es necesario reducir, controlar y transparentar el enorme
derroche de recursos en el Congreso. Pero la personalización y la
politización de esta noble causa no ayuda sino perjudica la búsqueda
de soluciones, ya que genera una cortina de humo que no permite ver el
trasfondo del problema.
De igual manera, los cobardes señalamientos de que Sheinbaum
supuestamente sería responsable por el colapso del Colegio Rébsamen por
el sismo del 19 de septiembre sólo buscan distraer la atención de la muy
real implicación de funcionarios del PRD, tanto a escala delegacional
como en el gobierno central.
La escuela se colapsó porque se había realizado la construcción
ilegal de un piso adicional en 2010. Después, en 2014, se emitió de
manera irregular una Constancia de Seguridad Estructural, con vigencia
de cinco años, que avalaba la supuesta solidez del edificio. Al parecer,
los dos jefes delegacionales anteriores a Sheinbaum, ambos provenientes
del PRD, habían llegado a un
arreglocon la directora de la escuela, Mónica García Villegas, para permitir esa irregularidad.
Sheinbaum no tenía forma de conocer la existencia de estos arreglos
de sus predecesores. De acuerdo con los documentos en su poder cuando
tomó posesión en octubre de 2015, el colegio cumplía cabalmente con la
normativa.
Apenas alertada sobre el problema, Sheinbaum actuó velozmente para
presentar con gran valentía una denuncia penal contra los verdaderos
presuntos responsables de la muerte de los 26 niños: Alejandro Zepeda
Rodríguez, director general jurídico y de gobierno de Tlalpan en 2010;
Miguel Guerrero López, quien ocupó ese cargo en 2014, y la misma García
Villegas.
La fabricación de la supuesta responsabilidad de Sheinbaum en el
Rébsamen es similar al caso del desafuero de López Obrador en 2014, por
su supuesto desacato a una orden judicial en la construcción de una
carretera hacia el Hospital ABC. Ninguno de los dos casos tienen pies ni
cabeza.
La buena noticia es que si todos hacemos nuestra parte, en 15 días
estaremos festejando una enorme victoria histórica para la justicia y la
democracia.
Twitter: @JohnMAckerman
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