Lev M. Velázquez Barriga*
Desde que iniciaron las
campañas electorales no ha habido un momento de tregua para la
educación pública, los docentes y los alumnos. Por el contrario, el
gobierno federal está dando pasos, apresurados pero firmes, para
alcanzar sus objetivos privatizadores y antilaborales. Está sentando las
bases para consolidar el nuevo modelo educativo antes de terminar el
sexenio. Están preparando las condiciones para dejar márgenes muy
estrechos ante cualquier intento de cambio de rumbo en el siguiente
gobierno.
En pleno periodo electoral continúan con la insaculación para
designar a los docentes que habrán de ser sacrificados en la evaluación
de la permanencia. Quieren mantener viva la reforma educativa y
satisfacer sus deseos de tortura sicológica y laboral, de los que
también son fanáticos los organismos empresariales que han desatado una
campaña de denostaciones contra las movilizaciones de la disidencia
magisterial.
Se anunció la desaparición de la licenciatura en educación especial.
Así lo denunciaron públicamente académicos de la Benemérita Escuela
Normal Veracruzana. Será sustituida por educación inclusiva, aniquilando
el derecho de los niños y jóvenes a recibir una educación con los
especialistas, y en las condiciones materiales propicias para atender
las necesidades específicas de quienes requieren atención especial. Se
trata de un acto de discriminación que pretende encajonar las
desigualdades cognitivas en la estandarización de una sola escuela y una
sola medición para las diferencias. Estos son los objetivos
primordiales, lo demás es discurso para atrapar a los incautos de la
moda que ayer vestían de competencias y hoy adornan con la educación
inclusiva.
Esta medida es parte de la Estrategia de Fortalecimiento y
Transformación de las Escuelas Normales, con la cual se armonizaría a
bote pronto la formación inicial de los docentes con el nuevo modelo. La
propuesta está plasmada en unos cuantos documentos inconclusos que han
variado acorde a los reclamos y críticas de la comunidad normalista. La
estrategia, que entraría en vigor en agosto de este año, fue resultado
de la verticalidad acostumbrada por el gobierno y la consulta selectiva
de aquellas escuelas más alineadas a la visión tecnocrática de la
educación. El bloque de normales que se declara por el aplazamiento de
la reforma en ese nivel educativo, incluso por su no aplicación en el
siguiente ciclo escolar, crece a la par que se amplía la incertidumbre
sobre la pertinencia y la viabilidad de un plan sin los elementos
básicos para contemplarlo con seriedad.
Apenas hace unos días se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los
lineamientos para el ajuste de horas que implica las modificaciones
realizadas al plan de estudios a partir del nuevo modelo educativo. Con
la reforma curricular anterior ya se había hecho una reducción a la
cantidad de talleres para la formación tecnológica, pero en el ajuste
publicado ya no aparecen las tecnologías que se imparten en educación
secundaria. Se dejó en el limbo a los docentes que enseñan en los
múltiples talleres de educación para el trabajo, y a los jóvenes sin
posibilidades de aprender el oficio de electricista, carpintero,
soldador o costurera, que si bien contribuyen a su desarrollo personal,
ya no generan habilidades de alta rentabilidad económica para las
empresas que tienen como base las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación.
El mismo día, en el DOF se publicaron los lineamientos para
el desarrollo y ejercicio de la autonomía curricular, la cual se expresa
mediante la creación de clubes de formación diseñados desde la
Secretaría de Educación Pública, por la propia escuela o estableciendo
alianzas con el sector privado. Se abre así la puerta a la privatización
y mercantilización del currículo. Los negociantes de la economía del
conocimiento ya tienen un abanico de materiales y propuestas a la venta.
Otros podrán echar a andar sus fundaciones
educativaspara la formación de la mano de obra específica de su ámbito productivo o la promoción de valores consumistas que más se acoplen a su negocio. Con los clubes se genera una mayor carga laboral a los docentes y se abre un canal para la subcontratación de personal, lo cual ya sucede en algunos programas, como en escuelas de tiempo completo.
La tecnocracia reformista no espera conocer los resultados del
primero de julio para saber si continúa o no avanzando con la reforma
educativa. Intenta imponerla hasta el último día de su gobierno. ¿Por
qué habrían de darles tregua los maestros de la disidencia magisterial y
los académicos en defensa del normalismo? Aunque ellos son los
responsables del desastre educativo, pretenden irse impunes. Yo no
sospecho del trasfondo político de las movilizaciones de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación, sino de los de aquellos que
convocan a la inmovilidad y esperan pasivos a delegar en las urnas su
responsabilidad histórica.
* Doctor en pedagogía
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