Miguel concha
Al terminar este sexenio se habrán cumplido 12 años de una de las etapas de mayor violencia en la historia del país.
La mal llamada guerra contra la delincuencia organizada y el
narcotráfico no sólo no frenó la expansión de las redes de la economía
criminal, sino que por el contrario propició que la espiral de violencia
se extendiera a todos los rincones del territorio nacional y a todos
los sectores de la población, particularmente las mujeres y los jóvenes.
Por otro lado, las llamadas reformas estructurales del régimen
reflejaron un panorama adverso en el respeto y garantía de los derechos
humanos, pues además de que facilitaron a intereses particulares el
acceso a la lucrativa apropiación y depredación del territorio, los
recursos naturales y la salud de los trabajadores, también abrieron la
posibilidad para omitir e impedir el ejercicio de los derechos
fundamentales de los pueblos, las comunidades y los defensores de esos
derechos, pues, frente a la voracidad de tales intereses, limitaron al
mínimo la capacidad de los instrumentos jurídicos para su defensa.
Tlaxcala no escapa a esa dolorosa realidad, y es en este contexto que
el Centro Fray Julián Garcés –que presentó su 16 informe institucional
Comunidad, signo de luz y esperanza– refrenda desde hace 16 años su misión de promover y defender con una perspectiva integral y de género los derechos humanos.
Por ello a lo largo del último año ha continuado su labor de
investigación y denuncia en torno a la prevención de la trata de mujeres
y niñas con fines de explotación sexual, así como los daños generados a
las comunidades por la contaminación de la cuenca Atoyac-Zahuapan, que
tanto aqueja a esa entidad.
El Fray Julián es una organización de avanzada nacional en la
reflexión colectiva, que busca, con la participación comunitaria,
erradicar este delito en Tlaxcala y el resto del país. Resultado de ello
es la actualización del
Diagnóstico de percepción ciudadana sobre la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en Tlaxcala, el cual evidencia que la ineficacia gubernamental para la elaboración y aplicación de políticas públicas pertinentes y adecuadas ha impactado directamente en el aumento de municipios con presencia de trata (¡17 municipios más de los reportados en 2008!).
Por ello, en su 16 informe urge a la implementación del
Programa Estatal contra la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual, y de un Programa Educativo de Prevención de la Trata dirigido a niños y niñas.
Por otro lado, junto con la Coordinadora por un Atoyac con Vida y la
Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos, inició un proceso colectivo de
análisis, difusión y diálogo comunitario en torno a la Recomendación
10/2017 de la CNDH, primer documento del Estado mexicano que reconoce
los impactos de la contaminación del agua en la salud de la población y
la responsabilidad de las autoridades por no cumplir con la obligación
de garantizar el derecho a un medio ambiente sano a los pobladores de la
cuenca.
Fruto central de ese proceso es la
Propuesta comunitaria para el saneamiento integral de la cuenca Atoyac-Zahuapan y la reparación del daño a las comunidades, que cuenta con el respaldo de científicos solidarios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e incorpora principios técnico-científicos necesarios para el saneamiento del agua y la restitución del entorno que favorece la vida del río y las comunidades a partir de la reivindicación del derecho a la reparación integral del daño y las garantías de no repetición.
En el contexto de la presentación de su 16 informe, fueron muy
valiosos los comentarios de Raúl García Barrios, investigador de la
UNAM, respecto a que no existe mayor daño en el cuerpo de las
comunidades que la destrucción de los cuerpos de las mujeres y niñas y
la destrucción del cuerpo de la naturaleza que las integra. Igualmente
significativas resultaron las palabras de la antropóloga Ixchel
Yglesias, quien concluyó que la prevención de la trata de mujeres y
niñas y la violencia sexual feminicida deben ser consideradas problemas
estructurales cuya solución depende de la aplicación de políticas
públicas con participación comunitaria.
El informe
Comunidad, signo de luz y esperanzarepresenta el llamado que el Fray Julián hace, al cumplir 16 años de servicio comunitario, en la defensa y promoción de los derechos humanos para que colectivamente se asuman las acciones que nos conduzcan a alcanzar la paz y terminar con la violencia feminicida y la destrucción de nuestra Casa Común.
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