Una
manifestante en Buenos Aires porta una camiseta con la consigna: “mi
cuerpo, mis derechos”, uno de los lemas de la llamada ola verde, el
color del movimiento a favor de la legalización del aborto, que comienza
a extenderse por otros países de América Latina. Crédito: Fabiana
Frayssinet/IPS
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El rechazo del Senado argentino al proyecto de la despenalización del
aborto no frenó un movimiento latinoamericano, que ya está en las calles
y se expande de forma cada vez más articulada entre las organizaciones
de mujeres, dentro de la región con leyes y políticas más restrictivas
contra el derecho a decidir de las gestantes.
Aprobado en Argentina por su Cámara de Diputados y posteriormente
rechazada por apenas 38 votos contra 31 el 9 de agosto, el proyecto de
interrupción voluntaria del embarazo en Argentina y la histórica
movilización social que lo acompañó en las calles era una esperanza para
otros países de la región.
El Instituto Guttmacher
estima que entre el 2010 y el 2014 ocurrieron anualmente unos 6,5
millones de abortos inducidos en América Latina y el Caribe, un aumento
respecto a los 4,4 millones practicados entre 1990 y 1994.
En ese mismo periodo, la región tuvo la tasa de embarazos no
planeados más alta del mundo: unos 14 millones no deseados de los cuales
46 por ciento terminan en aborto, según destaca el Instituto que
promueve los derechos reproductivos de las mujeres, según los principios
de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
“En realidad la que perdió es la política, porque aquí mientras la
sociedad toda discutió, habló y se sumó a la ola verde (el color
adoptado por quienes promueven la legalización del aborto), la mayoría
de los partidos políticos no se inmutó”, dijo a IPS la médica y
feminista Mabel Bianco, presidenta de la argentina Fundación para Estudio e Investigación de la mujer (FEIM).
“Creo que si bien influirá un poco menos que si se aprobaba la ley ,
igual el impacto de la marea verde y la repercusión que ha tenido en los
países se va a notar y va a influir en lograr búsquedas de leyes ,
incluso va a reactivar las alianzas con parlamentarias y periodistas.
Vamos a tener frutos seguro en varios países”, anticipó.
En Argentina está permitido el aborto solo en caso de violación
sexual o de riesgo de vida o salud de la mujer y penado con hasta cuatro
años de cárcel para las mujeres en otros casos.
Solo en Cuba, Guyana y Guyana Francesa y Uruguay el aborto es
plenamente legal, al igual que en la autónoma capital de México,
mientras que en el resto solo esta despenalizado en restrictivos
supuestos terapéuticos parecidos a los argentinos.
Bianco lo atribuye “al peso” de la mayoritaria Iglesia Católica en la
región y “ahora a las nuevas iglesias evangélicas que están logrando
penetrar en amplias capas de la población, especialmente los más pobres”
“Nos preocupa porque esos grupos se infiltran en los partidos
políticos y luego cuando entran a los parlamentos arman bancadas y rigen
las decisiones como está ocurriendo en Brasil”, sostuvo.
Por eso para esta destacada feminista latinoamericana, el próximo
paso Argentina y otros países de la región es “avanzar en una campaña
por un Estado Laico”.
Dos
mujeres prenden velas ante el monumento a la Constitución, en la
capital de El Salvador, durante una manifestación de protesta por la
condena a una joven mujer a 30 años de cárcel, acusada de haberse
practicado un aborto. Crédito: Edgardo Ayala/IPS
“Ganamos la batalla. Perdimos esta etapa pero es un espacio para
recomponernos y volver con fuerza para ganar”, sintetizó la presidenta
de FEIM, organización que junto a otras impulsará en Argentina la nueva
presentación de la ley de despenalización en el próximo período
legislativo.
Paralelalmente continuarán luchando para despenalizar el aborto en el
vetusto Código Penal y para conseguir que las leyes vigentes de salud
sexual y reproductiva y de educación sexual integral se apliquen,
después que “todos, en el parlamento, se llenaron la boca diciendo que
estaban de acuerdo”.
Países con prohibición absoluta
El debate también crece en otros países de la región como República
Dominicana, Haití, Honduras, Nicaragua y Suriname, donde la
interrupción inducida del embarazo está prohibida en cualquier
circunstancia.
Más draconiano aún es el caso de El Salvador, donde una mujer puede
ser condenada hasta 50 años por “homicidio agravado”, si se practica un
aborto, en un país gobernado por la izquierda desde 2009, igual que
sucede en otros con prohibición absoluta.
“En ese sentido, si una mujer enfrenta un embarazo que pone en riesgo
su vida, si una mujer ha enfrentado violencia sexual, si una niña de 10
años incluso enfrenta violación sexual y queda embarazada, las mujeres
no tienen alternativa en este país”, dijo desde San Salvador la
activista salvadoreña por el derecho a decidir de las mujeres Sara
García.
“Las únicas alternativas para las mujeres son la cárcel, o la muerte o
una afectación a su salud”, remarcó a IPS la integrante de la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico de El Salvador.
García remarcó que en el país centroamericano “la penalización
absoluta del aborto, la criminalización, afecta a un perfil, a un grupo
específico de mujeres, es decir las mujeres jóvenes, las mujeres que
viven en situación de pobreza, las mujeres con baja escolaridad, las
mujeres que están enfrentándose al sistema público de salud, estas son
las mujeres que enfrentan las mayores consecuencias de una ley tan
restrictiva”.
Según la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz,
entre 2000 y 2014, fueron 147 las mujeres procesadas por delitos
relacionados con el aborto, de las cuales 49 fueron acusadas: 23 por
aborto y 26 por asesinato. En 2018, hay 24 mujeres en prisión por
alegado delito de aborto inducido, pese a que algunas de ellas
insistieron que su caso fue de una interrupción espontaneo de su
embarazo.
Pero tras un intenso debate de organizaciones feministas y académicas, esta situación puede cambiar.
“Nosotras hemos elevado el debate, hay una propuesta de ley que busca
la despenalización del aborto por cuatro causales en la Asamblea
Legislativa, mientras que otro proyecto busca la despenalización del
aborto en dos causales”, explicó García.
“Sabemos que hay un debate que esta parcializado, que enfrentamos
dogmatismos y fundamentalismos. Pero, sin embargo, sabemos que la
conciencia social y la conciencia ciudadana es lo que hace que en
nuestro país a pesar de todo esto ya no se pueda retroceder”, destacó.
En ese sentido, según García, la ola en las calles de los pañuelos
verdes “ha significado fuerza y esperanza” para las activistas de esos
mismos derechos en El Salvador y el resto de la región.
Mientras en la Asamblea Legislativa salvadoreña hay debates “de pena
(vergüenza) ajena”, sin fundamento científico o de derechos humanos,
originados “en prejuicios”, “sabemos que en las calles, en la academia,
en las organizaciones hay otro nivel de comprensión”, afirmó la
activista.
“Si bien hay grupos fundamentalistas, también hay otros que trabajan
por una sociedad donde se respeten los derechos sexuales y derechos
reproductivos”, subrayó.
“La marea verde influye en toda la región latinoamericana y caribeña,
nos da más fuerza y nos dice, esta es una lucha en donde estamos todas y
el aborto va a ser ley en toda América Latina y el Caribe”, concluyó
García.
El imparable movimiento verde
En Venezuela, con otro gobierno que se afilia a la izquierda desde
1999, el Código Penal prohíbe el aborto, excepto en caso de riesgo de
vida de la madre, y establece penas de seis meses a dos años a quien lo
practique.
Pero en junio de este año varias organizaciones feministas adeptas al
gobierno solicitaron ante la oficialista Asamblea Nacional
Constituyente que se modifique el artículo 76 de la Constitución de
1999, que protege la vida “desde la concepción”.
También solicitaron la inclusión de un capítulo de derechos sexuales y
reproductivos en la Constitución, explicó Taroa Zúñiga, de la Red de
Información por el Aborto Seguro, que recibe 43 llamadas diarias de
mujeres que decidieron abortar.
La activista venezolana dijo a IPS desde Caracas que pese a la
derrota en el Senado argentino, lo que representa el movimiento verde se
ha fortalecido en la región.
“Básicamente entender que el derecho al aborto puede volverse un
movimiento masivo ha sido muy potente y revitalizante. Es sin duda un
movimiento imparable en América Latina”, concluyó.
Edición: Estrella Gutiérrez
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