Copinh denuncia falta al debido proceso
Después
de dos años y cinco meses del asesinato de la defensora de Derechos
Humanos hondureña Berta Cáceres, el Ministerio Público de ese país sigue
obstruyendo la justicia impidiendo el acceso a documentos y pruebas que
inculpan a cuatro personas más en su muerte.
Junto a la familia de Cáceres, el Consejo Cívico de Organizaciones
Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y el equipo legal del
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, denunciaron en un
comunicado “la completa negligencia” y “el ocultamiento de la verdad”
por parte del gobierno de Honduras.
En el documento, el Copinh manifestó que no es la primera vez que
denuncian la falta de acceso a la información, y volvieron a señalar que
los fiscales no les han dado la información que solicitaron desde abril
2017.
Según el comunicado, los fiscales argumentan que la información “se
encuentra en aparatos electrónicos” y no la han procesado ni analizado
todo ello después de 4 órdenes judiciales y el mandato expreso del
Tribunal de Sentencia dado el 27 de julio, 2018, y a pesar de que este
23 de agosto se realizó una audiencia de proposición de pruebas.
La defensora Berta Cáceres, era cofundadora y también coordinó el
Copinh. Fue víctima de persecución, intimidación y criminalización por
su trabajo en defensa del pueblo Lenca, el mayor grupo étnico de
Honduras. Defendió territorios indígenas contra la construcción de la
presa hidroeléctrica Agua Zarca en el Río Gualcarque donde, según la
cosmovisión Lenca, viven espíritus femeninos.
Por su trabajo en esta campaña, ganó el “Premio Medioambiental
Goldman”, también conocido como el “Nobel Verde” por ser el máximo
reconocimiento mundial para personas defensoras del medio ambiente.
Cáceres dedicó su vida a la defensa de los derechos territoriales y
culturales, de los pueblos indígenas, del campesinado y de las mujeres.
El 2 de marzo del 2016, fue asesinada en su casa en la Ciudad de
Esperanza. Desde entonces, su familia y el Copinh han luchado por
obtener la justicia denunciando la negligencia del Estado hondureño. En
mayo de este año, también tomaron acciones legales contra el Banco de
Desarrollo Holandés, quien había financiado la construcción del polémico
proyecto de represa Agua Zarca, contra el que luchaba Cáceres.
El Copinh responsabilizó a las autoridades de Honduras y de la
embajada de Estados Unidos en ese país, de las irregularidades en este
proceso judicial debido a “su apoyo irrestricto” al Ministerio Público y
la negación de una investigación internacional.
“Deben asumir sus responsabilidades en esta situación y satisfacer
las necesidades de acceso a la justicia,” señalaron en el comunicado.
Ante esto, el Copinh exigió al Ministerio Público garantizar todas
las condiciones para acceder a la información, y el análisis y
extracción de información contenida en aparatos electrónicos aún no
procesados, y que reconozca la falta de la debida diligencia, acceso a
la información, y al debido proceso del caso.Imagen retomada del portal de Copinh
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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