Francisco López Bárcenas
Si todo resulta como el
presidente electo lo ha anunciado, sus primeros actos de gobierno serán
violatorios de los derechos de los pueblos indígenas, al menos del de
la consulta previa, libre e informada y los territoriales, y si no se
rectifica a tiempo, se podrían seguir violando otros derechos conexos,
como los de desarrollo, el de identidad cultural –base fundamental de
otros derechos– y de representación política. Eso se desprende del
nombramiento, por el presidente electo, de quien será el responsable de
las políticas públicas del próximo gobierno federal, el anuncio de la
creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y las primeras
obras que se realizarán, entre ellas el tren maya y las zonas económicas
exclusivas proyectadas en el gobierno que se va.
Sobre la consulta, el Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales establece la obligación
de los gobiernos de consultar a los pueblos indígenas,
mediante procedimientos apropiados y en particular mediante sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, consultas que
deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. El nombramiento de funcionarios, igual que la creación de la institución responsable de llevar a cabo las políticas del gobierno o la continuación de obras ya iniciadas, son medidas cuya ejecución puede afectar a los pueblos indígenas y deberían consultarse con ellos, más cuando hay voces que tienen propuestas distintas en cuanto a la institución que opere esas políticas.
Gran inquietud ha generado en vastos sectores de los pueblos y
comunidades indígenas el anuncio de la creación del Instituto Nacional
de Pueblos Indígenas, la nueva institución del estado para atender las
demandas indígenas, sobre todo porque el presidente electo lo anunció
como un organismo descentralizado, con recursos económicos suficientes
para sacar a los pueblos indígenas de la pobreza, del abandono, de la marginación, lo que anuncia un regreso a las políticas indigenistas del siglo pasado en lugar de avanzar hacia el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y sus derechos estratégicos para un cambio de rumbo: los territoriales y políticos, estos los más importantes. De esto el presidente electo no dijo nada y su silencio dice mucho: es un tema que no se toca ni en el discurso.
Esta actitud del próximo presidente de la República tiene
concordancia con el anuncio hecho por el mismo de la construcción del
tren maya, que indudablemente afectará los territorios y la vida de los
pueblos indígenas, obra que tampoco se consultará porque, según su
propio dicho, no causará ninguna afectación a los pueblos, pues se
usarán las antiguas líneas del ferrocarril, lo cual denota, por lo
menos, ignorancia sobre el tema, pues las condiciones ecológicas y
culturales no son las mismas de cuando aquellas obras se construyeron; y
sobre las zonas económicas exclusivas dijo que ya se inició la
consulta, pues en su campaña lo planteó y lo va a seguir planteando,
posición que lleva implícita la trivialización de un derecho fundamental
que por años los pueblos indígenas han reclamado que se respete.
Mal comienza un gobierno que prometió encabezar la cuarta
tranformación de nuestro país y en quien los mexicanos han puesto sus
esperanzas de cambio. Es cierto que no se le puede reclamar que se esté
desentendiendo de sus promesas de campaña porque nunca prometió respetar
los derechos de los pueblos indígenas. Pero una obligación de todo buen
gobierno es respetar el estado de derecho y nuestra legislación
reconoce a los pueblos indígenas como titulares de derechos colectivos,
entre ellos el de ser pueblos, ejercer su libre determinación, controlar
sus territorios, acceder de manera preferente a los recursos naturales,
participar del gobierno mexicano mediante sus propios mecanismos y
generar su propio desarrollo, entre otros. La legitimidad obtenida en
las urnas no da para desentenderse de éstos.
Y el grupo de indígenas e indigenistas que lo acompaña hasta ahora
sólo se ha dedicado a celebrar lo acertado de desaparecer la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), que en su
tiempo muchos de ellos propusieron que se creara, pero nada dicen de la
obligación de consultar a los pueblos indígenas para que opinen sobre
esta medida, y menos del respeto de los derechos, como es su obligación.
Es tiempo de que rectifiquen antes que el descontento de los pueblos
comience a manifestarse. Es deseable que alguien le diga que por el
camino que avanzan lo único que lograrán será la protesta de los
pueblos, no su apoyo para lograr un Mexico diferente, por el que votamos
los mexicanos.
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