Arturo Alcalde Justiniani
La convocatoria propuesta por
el gobierno federal electo para que opinemos sobre la solución al
problema de violencia y criminalidad que nos agobia, obliga a intentar
reflexionar en el tema. Más de 37 mil desaparecidos y 200 mil homicidios
en tan sólo 10 años, son razones suficientes para ello.
El próximo arribo de un gobierno al que la población ha otorgado su
confianza y que es calificado como decente, es un aliciente para
impulsar la participación. Iniciar la consulta con las víctimas fue un
acierto. También ajustar debidamente el lenguaje para evitar malos
entendidos y juegos de palabras. En lugar de amnistía, perdón y olvido
conviene hablar de pacificación y es conveniente intercambiar ideas con
especialistas en el tema. José Luis Silva investigador del ITAM y el
magistrado Francesco Forgione nos ilustran en el diseño de algunas
propuestas.
Tres exigencias fundamentales son necesarias para abordar este tema:
En primer lugar llevar a cabo una política de prevención por la vía de
la educación, el empleo bien remunerado y la salud, para construir un
tejido social que genere condiciones para lograr el respeto a la
legalidad, haciendo énfasis en no descuidar las zonas rurales.
La segunda condición es contar con un Estado fuerte que sustente un
sistema de justicia eficaz, lo cual no se limita a emitir normas
jurídicas o designar jueces idóneos sino también contar con policías
honrados que respeten los protocolos establecidos y que cuenten con
datos de inteligencia e investigación de alto nivel. Es fundamental que
mantengan permanentemente su colaboración con la fiscalía y la
judicatura. Una adecuada reinserción social y la despenalización
paulatina de drogas blandas, como la mariguana, son renglones que deben
considerarse.
Un tercer nivel está relacionado con la participación de la sociedad que conoce mejor que la policía el modus operandi de
los delincuentes. La gente sabe dónde viven, con quien se relacionan.
Es difícil ser un fantasma, es común escuchar “aquí vive un narco”,
aquél lava dinero, nunca ha trabajado y vive como millonario,
sus hijos presumen y traen escolta,
este fiscal es un corrupto. Esta vigilancia ciudadana requiere sin duda de mecanismos seguros para formular sus denuncias, incluso anónimas. Obviamente con la complicidad actual de policías y criminales y la convicción de que la impunidad siempre triunfa, hay pocos incentivos para asumir esta tarea cívica.
Francesco Forgione quien fuera presidente de la Comisión
Parlamentaria Antimafia en Italia, señala en relación al plan de
pacificación anunciado por AMLO, que es indispensable romper la falsa
política de la mano dura,
lo que se necesita es golpear el consenso social que tienen los delincuentes en su propio territorio. Plantea además como elemento necesario la implementación de políticas públicas de trabajo, la afirmación de derechos sociales, salud y escuela universal, también la formación de aparatos de investigación que junto con la policía y la fiscalía puedan desmembrar el poder económico del crimen, incluyendo el proceso de lavado de dinero que se invierte en la economía legal. De aquí nace una frase que expresó en un viaje anterior
la mafia es un fenómeno de las clases dirigentes.
Forgione arriba hoy a México acompañado de Guissepe Creazzo,
procurador de Florencia, uno de los máximos expertos en incautación de
bienes de la criminalidad organizada y su uso social. Asisten en el
contexto de las actividades de la Alta Escuela para la Justicia con el
apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Son variadas las propuestas que sugiere Forgione en una lógica de
integralidad. Algunas de ellas de fácil instrumentación y de excelente
impacto, como la consistente en que el patrimonio incautado a los
delincuentes sea dedicado a proyectos con fines sociales aplicado en las
propias regiones en donde se incautó el patrimonio, con especial
énfasis en favor de jóvenes organizados.
En este contexto, según Forgione la propuesta de pacificación de AMLO
abre una nueva posibilidad porque se construye con la convicción de que
el combate al crimen organizado no es solamente una lucha penal
represiva o judicial. Es una pelea entre distintos modelos de sociedad,
de economía, de transparencia en las instituciones y de política.
Distinto concepto de ciudad.
Por lo pronto, atendiendo al consejo de varios expertos en el tema,
convendría considerar en nuestro país un conjunto de leyes a manera de
justicia transicional, que pueda crear en la ciudadanía la convicción de
que se trata de medidas temporales para lograr esquemas de
colaboración. Por ejemplo, impulsar a cambio de información, el
otorgamiento de penas reducidas y la reinserción de jóvenes en otros
esquemas de vida. Se sugiere también la implementación de programas
piloto con alta inversión social, en aquellos municipios críticos que
permitan probar la estrategia a seguir, distinguiendo al crimen
organizado de la delincuencia común.
Lo que está claro es que no es un tema sólo de policías y ladrones.
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