Enrique Calderón Alzati
Los 32 millones de votos
para López Obrador, además de constituir la prueba irrebatible de su
nivel de liderazgo y de la confianza que el pueblo mexicano ha
depositado en él para definir el destino nacional, constituye también un
mandato para combatir la corrupción que ha llevado a nuestro país a la
crisis actual. Mandato que implica un reto de gran complejidad y enorme
dimensión, el cual requiere de logros firmes a corto plazo, no obstante
los blindajes logrados por quienes siendo responsables, han buscado como
evadir a la justicia y quedar impunes, utilizando su experiencia y
capacidad para burlar las leyes, siendo esto lo que mejor saben hacer.
La estrategia anunciada y descrita en forma metafórica, por quien es
ahora nuestro presidente electo es clara, empezar a barrer la escalera
de arriba para abajo, sólo que para ello habrá de resolver tres
problemas fundamentales: Las escaleras son varias y con características
diversas ¿se podrán barrer todas al mismo tiempo? y ¿cuál es el
instrumento que se habrá de emplear para barrerlas, evitando que la
mugre se quede pegada en los escalones? pero, también ¿cómo asegurar que
la limpieza alcance a todas las que existen, más la que se puedan crear
en el futuro?
El segundo no admite dudas, es la constitución y sus leyes
secundarias, sin embargo, aquí se tendrá que superar una dificultad
adicional, porque estas leyes han sido modificadas por legislaturas
afines a la mafia del poder, para alinearlas a sus intereses y a los de
sus amos, mientras que el sistema para impartir justicia es una escalera
más que también debe ser limpiada.
La voluntad de AMLO de reducir drásticamente los ingresos y las
prestaciones de los servidores públicos comenzando con las del mismo
presidente, ha tenido un primer enfrentamiento, con los magistrados de
justicia, quienes en su favor alegan que sus remuneraciones y las de los
demás miembros del aparato de justicia son necesarias para garantizar
un comportamiento digno y ajeno a la corrupción, aun cuando éste no haya
sido el caso; podemos recordar historias de jueces en que los altos
salarios que recibían no fueron suficientes para garantizar la rectitud
de sus juicios y sentencias. Ejemplos de ello fueron los fallos en las
elecciones de 2006 y 2012, siendo también un hecho conocido que una ha
sido la justicia para los ricos y otra la que le toca al pueblo. Podemos
también recordar los casos de los gobernadores Duartes de Chihuahua y Veracruz.
Actualmente, el aparato de justicia, con los altos sueldos y
prestaciones de sus magistrados dista de ser un ejemplo de limpieza y
dignidad; no se necesita ser rico para ser honesto y tratar con igualdad
a todos los mexicanos que demandamos su arbitrio en los conflictos y
muy especialmente cuando se trata de daños cometidos por los servidores
públicos que han venido convirtiendo a nuestro país en un territorio sin
leyes. Las declaraciones recientes de quien será la secretaria de
Gobernación llaman la atención respecto a la imposibilidad de reducir
las percepciones de esos magistrados, en virtud de las restricciones
constitucionales, cuando muchos han sido los casos en los que la
Constitución ha sido modificada.
Eliminar la corrupción tal como la nación hoy lo demanda, implicara
la realización de juicios ejemplares, a quienes no han cumplido los
compromisos que ellos mismos establecieron al tomar posesión de sus
cargos, empezando desde arriba de las escaleras. Ello implica sin más,
el enjuiciamiento del actual presidente y de su antecesor, así como de
sus equipos de gobierno; no habrá de tratarse de venganzas, sino de
aplicar las leyes de manera justa y transparente por sus actos y
omisiones en el cumplimiento de sus funciones. A la terminación de tales
juicios, será el próximo presidente quien tendrá la posibilidad de
decidir perdonarlos de los castigos físicos que ellos merezcan, pues no
se trata de venganzas, pero tampoco de impunidad como ha sucedido hasta
ahora. Su castigo será el estigma de no haber respondido a la confianza
depositada en ellos por la nación. Justicia y perdón son posibles, el
olvido no.
Muchos son los casos de los gobernantes corruptos, que amparados por
Peña Nieto, han convertido a sus estados en territorios ajenos a la ley,
sin más objetivo que hacerse de fortunas personales, sin pensar en los
daños que han causado y seguirán causando en el futuro; la restitución
de esos daños y el aseguramiento de que tales conductas no deben
repetirse, requieren castigos ejemplares.
La justicia habrá de recaer también en quienes sean hallados
responsables de desapariciones y crímenes, en cuyo caso el perdón de
nuestro próximo presidente, una vez enjuiciados y condenados, debe ser
consultado y aprobado por las víctimas o los familiares de éstas, todo
ello con un sólo propósito; asegurar que la violencia, la injusticia y
la pobreza se conviertan en la lección de un pasado que no debe
repetirse más.
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