Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer
La violencia sexual, migración venezolana, trata de personas, mujeres con discapacidad y LGBT hicieron parte de la agenda
Ginebra, 21 feb. 19. AmecoPress.- Fueron
muchos los temas abordados este martes en Ginebra durante el examen de
Colombia ante el Comité de la ONU para la Eliminación de la
Discriminación Contra la Mujer: la violencia sexual y de género, la
situación de las migrantes venezolanas, la trata de personas y la falta
de acceso al aborto seguro ocuparon buena parte de las cinco horas que
duró el diálogo entre los expertos del Comité y la delegación
colombiana.
Sin embargo, la situación de las defensoras y de las mujeres
campesinas, indígenas, afrocolombianas, con discapacidad y LGBT fue
tratada con especial detalle por la experta peruana Gladys Acosta,
designada para la sesión como relatora para Colombia y que, en su
calidad, fue la primera en dirigirse a la delegación colombiana.
La experta aseguró que el país concentra la atención mundial “por
haber conducido un ejemplar proceso de paz” y que el Comité tiene un
particular interés por la manera en que el país logrará revertir los
efectos del conflicto y reparar el tejido social, especialmente en las
zonas remotas más afectadas por los actores armados.
“Sabemos que enfrentan dificultades para dar cumplimiento a los
acuerdos de paz en relación con la protección de las mujeres víctimas
del conflicto”, dijo la experta antes de calificar como alarmante el
aumento de los asesinatos de líderes sociales y defensoras de derechos
humanos.
¿Por qué Estado no logra controlar el accionar de estas bandas
armadas, preexistentes o nuevas, que amenazan y matan a las mujeres?
“Nos viene a la mente una pregunta muy obvia: ¿por qué el Estado no
logra controlar el accionar de estas bandas armadas, preexistentes o
nuevas, que amenazan y matan a las mujeres?”, continuó Acosta, a quien
también le preocupa la situación de las afrodescendientes, indígenas,
mujeres con discapacidad, LGBT y excombatientes, en particular en el
contexto de la reintegración tras el acuerdo de paz.
Por esta razón, preguntó si la Política Nacional para la
Reincorporación Social y Económica está contemplada en el Plan de
Desarrollo que se discute actualmente en Colombia. De igual manera,
solicitó información acerca de la disponibilidad de recursos en el
Ministerio del Interior para el Programa de Garantías para Lideresas y
Defensoras de Derechos Humanos.
Finalmente, tras resaltar el marco normativo que ofrece la
Constitución de 1991 para combatir la discriminación contra las mujeres y
el prestigio internacional de la Corte Constitucional en cuanto a la
protección de sus derechos, preguntó si las sentencias de la Corte son
de obligatorio cumplimiento para todas las instancias gubernamentales.
Las respuestas de Colombia
Para responder las preguntas de la experta, la viceministra de
Asuntos Multilaterales de la Cancillería, Adriana Mejía, quien encabezó
la delegación colombiana e inició la sesión destacando los avances y el
compromiso del Estado en materia de equidad de género, fue dando la
palabra a los delegados encargados de las áreas especializadas en cada
uno de los temas abordados.
La magistrada Gloria Stella Ortiz explicó los mecanismos dispuestos
en la ley colombiana para asegurar el cumplimiento de sus sentencias por
parte de todos los funcionarios y destacó la colaboración con
instancias de la ONU para divulgar el contenido de las sentencias.
Por su parte, el viceministro del Interior para la Participación e
Igualdad de Derechos, Juan Carlos Soler, aseguró que el Estado asigna
partidas presupuestales para garantizar los derechos humanos y el
trabajo de las líderes y defensoras de derechos humanos.
Así mismo, hizo referencia a las acciones emprendidas por el
Ministerio del Interior para dar cumplimento a las disposiciones de la
Corte Constitucional en materia de derechos de las mujeres y responder
al sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, y anunció
las acciones emprendidas para avanzar en la implementación del Programa
de Garantías para Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos.
A su vez, la vicefiscal general, María Paulina Riveros, quien destacó
ser la primera mujer en ocupar su cargo y haber estado encargada de la
incorporación del enfoque de género en el Acuerdo de Paz, dio
información muy detallada acerca de la estrategia de investigación de la
Fiscalía sobre la situación de los defensores de derechos humanos.
Esta estrategia, indicó la vicefiscal, fue creada con asesoría
técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la
evidencia de que los líderes sociales y los defensores serían
particularmente vulnerables en el escenario de disputa por el control
territorial creado tras la salida de las Farc como movimiento armado.
La viceministra Mejía anunció al Comité que informará por escrito, en
el plazo de 48 horas que le otorga el procedimiento, acerca de la
financiación del Programa de Reincorporación contemplada en el Plan
Nacional de Desarrollo.
Preguntas de seguimiento
Otras expertas del Comité, como la filipina Rosario Manalo y la
bahameña Marion Bethel, retomaron las inquietudes expuestas por la
relatora y formularon preguntas más específicas sobre los programas
diseñados para combatir la exclusión de las mujeres de las minorías y
para facilitar la coordinación entre las instancias institucionales y
las organizaciones locales de mujeres. Al mismo tiempo celebraron la
inclusión de un enfoque de género tanto en el Acuerdo de Paz como en el
Plan Nacional de Desarrollo.
A lo largo del examen, cuando fueron abordados temas como la
educación, la salud, la participación política y el empleo, los expertos
del Comité y los delegados colombianos siguieron dialogando sobre la
situación particular de las mujeres de las minorías, quienes padecen con
mayor rigor, y esto no solo en Colombia, la falta de garantías para el
ejercicio de los derechos humanos.
El Comité evaluará la información proporcionada por la delegación
colombiana y formulará unas recomendaciones que le servirán al Estado
para continuar con la implementación de la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,
ratificada por Colombia en 1982. Estas recomendaciones serán divulgadas a
partir del 8 de marzo.
Reacciones tras el examen
La magistrada Ortiz expresó al concluir el examen que le llamó la
atención el conocimiento tan profundo que tienen las personas expertas
del caso colombiano y que la evaluación constituye un impulso para
seguir promoviendo los derechos de las mujeres. La magistrada destacó
que la situación de las defensoras de derechos humanos es un asunto que
preocupa a la Corte Constitucional y que las inquietudes de los expertos
por el acceso al aborto legal es también una alerta para la
institución.
Por su parte, la vicefiscal general afirmó que, más que como un
examen, sintió el intercambio con los expertos como un diálogo
constructivo y resaltó la pertinencia y objetividad de las observaciones
recibidas.
Riveros añadió que la preocupación por las defensoras es compartida
por las instituciones estatales y que la Fiscalía General ha respondido
con una estrategia que le ha permitido esclarecer en un 74 % los
crímenes contra defensoras y líderes sociales, así como formular
recomendaciones de prevención al Gobierno nacional.
Por el lado de la sociedad civil, Beatriz Quintero, coordinadora de
la Red Nacional de Mujeres, destacó el alto nivel de la delegación
colombiana, aunque lamentó la ausencia de la alta consejera para la
Equidad de la Mujer pues considera que este era el escenario propicio
para darle más visibilidad a esta instancia nacional.
Nuestra idea siempre es que nos sirvan para seguir avanzando en la
búsqueda de una Colombia sin discriminación, en igualdad y democrática.
Sin embargo, se mostró optimista respecto a las recomendaciones que
formulará el Comité: “nuestra idea siempre es que nos sirvan para seguir
avanzando en la búsqueda de una Colombia sin discriminación, en
igualdad y democrática”.
Con respecto a la preocupación del Comité por las defensoras de
derechos humanos, Quintero aseguró que, aunque no sea el responsable
directo de los asesinatos y las agresiones, el Estado sí debe tomar las
medidas adecuadas para garantizar su protección.
Foto: El Tiempo.
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