En las primeras horas de ayer
fue asesinado en Amilcingo, Morelos, Samir Flores Soberanes, integrante
del Frente en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y
Tlaxcala y opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM), que incluye a la
central eléctrica de Huexca y al gasoducto que recorre decenas de
comunidades de esa entidad, de Puebla y Tlaxcala. Condenable como
cualquier otro, ese homicidio tiene como contexto insoslayable la
inminente consulta programada para el fin de semana próximo por el
gobierno federal para determinar si se terminan las obras referidas, y a
la que están convocadas las comunidades por las que pasa el ducto y la
totalidad de los morelenses.
En las horas posteriores al asesinato de Flores Soberanes algunos
sectores de la oposición a la puesta en marcha de la central eléctrica
acusaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de haber generado un
ambiente propicio para el crimen, en tanto que los senadores de Morena
Salomón Jara y Lucía Meza apuntaron que la agresión letal tiene como
propósito enrarecer el clima en el que se realizará la consulta e
inhibir la participación ciudadana en ella.
Resulta imposible saber, sin un esclarecimiento exhaustivo y
concluyente que no desestime ninguna línea de investigación, si este
condenable crimen está relacionado o no con el diferendo por las obras
del PIM, pero es claro que contamina y encona el ambiente social previo
al ejercicio ciudadano previsto para los próximos 23 y 24 de febrero y
que agrega un componente envenenado que torna aún más difícil el
entendimiento entre el gobierno federal y los grupos que rechazan la
puesta en marcha del gasoducto y de la central generadora de
electricidad.
Ciertamente, las raíces del conflicto vienen de muy atrás: desde que,
en el sexenio de Felipe Calderón, se emprendió un proyecto impugnable
porque no tomó en cuenta a las poblaciones en las que se situaría y
porque se inició sin estudios confiables de riesgos ambientales y
sociales. Para colmo, durante los sexenios antepasado y pasado las obras
fueron impuestas con métodos represivos y por medio de la cooptación
corrupta de adversarios al proyecto.
La actual administración recibió una obra que ha costado más de mil
millones de dólares, que está prácticamente concluida y cuya terminación
es necesaria para garantizar el abasto eléctrico de la red nacional,
pero que sigue generando inconformidades entre los habitantes próximos a
ella. En esa circunstancia, el gobierno lopezobradorista optó por
revisar las condiciones de seguridad de la planta y por dirimir la
disyuntiva entre
el menor de los malesmediante una consulta pública en las entidades involucradas. Los opositores descalificaron tal propuesta y exigieron que la consulta se realizara exclusivamente entre las comunidades directamente afectadas y se excluyera de ella al resto de la ciudadanía morelense.
El asesinato del activista Flores Soberanes agrega ahora otro
elemento de malestar a la solución del conflicto. Por ello, y por
elemental principio de justicia, es indispensable esclarecer el crimen
en forma rápida y creíble, identificar a los posibles responsables
intelectuales y materiales, y presentarlos ante los órganos
jurisdiccionales correspondientes.
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