Los jefes militares de entonces perdieron y como presidente electo descabezó a los mandos del Ejército. Con la designación del general de división Luis Cresencio Sandoval González en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) acabó con aquellos que acompañaron al general, ahora retirado, Salvador Cienfuegos, en la secretaría y en la pugna.
No fue un asunto de antigüedad en el servicio, sino de su pertenencia a los gobiernos del PRI y el PAN. Varios de esos jefes militares aún están activos, pero excluidos del poder que el presidente está construyendo con el Ejército.
Con la Marina, el presidente no pudo ir en contra de la tradición de designar al de mayor antigüedad y ascendencia, el almirante José Rafael Ojeda Durán. Pero la marginó, y así como al grupo de generales que rechazó su candidatura, lo tiene fuera de los planes políticos y económicos que tiene con los nuevos mandos del Ejército.
Lejos de crear un balance en las Fuerzas Armadas, ha fortalecido a la Sedena con las nuevas tareas y cuantiosos recursos que le ha garantizado, como la construcción y administración del nuevo aeropuerto internacional que se hará en la base aérea del Ejército en Santa Lucía, en el estado de México.
También le ha garantizado millonarios ingresos con la venta de terrenos propiedad de la nación, ocupados por Sedena, además de otras ganancias con la subasta de naves aéreas del desaparecido Estado Mayor Presidencial en beneficio de su Guardia Nacional.
Divisivo, el nuevo cuerpo armado acabará controvertido en instancias internacionales, pero en lo que se resuelve la impugnación, operará sin mayor contrapeso durante buena parte del gobierno de López Obrador, después de soslayar la crítica de expertos y académicos en una simulación de parlamento abierto.
La idea de un Estado Mayor Conjunto está tan lejos como en los años del régimen del PRI, fundado hace un siglo, precisamente, por el Ejército. La Marina solo está considerada en los planes de la Guardia Nacional con la incorporación de la Policía Naval. Pero en ese esquema, los marinos estarán bajo el mando del Ejército.
Las capacidades de la Marina fortalecidas durante los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña parecen no entrar en los planes del gobierno, toda vez que el presidente ha anunciado que la captura de jefes del narcotráfico no será su estrategia.
Las principales capturas o asesinatos de capos en los dos sexenios pasados, como la doble detención de Joaquín El Chapo Guzmán, estuvieron al mando de la Marina. Aunque la segunda y definitiva la concretó la Policía Federal en una persecución iniciada por los infantes de Marina, en Los Mochis, Sinaloa, en enero de 2016.
Ese protagonismo de la Marina también devino en que esa fuerza cometiera graves violaciones a los derechos humanos, como la desaparición forzada de docenas de personas en Tamaulipas, documentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La Marina no actuó sola. Lo hizo de la mano del gobierno de Estados Unidos. Desde la administración Obama, Washington optó por trabajar y fortalecer a esa fuerza en su estrategia de guerra al narcotráfico debido a la desconfianza hacia el Ejército, originada por los conocidos casos del involucramiento de jefes del Ejército con el narcotráfico.
Ese enlace de Marina con Washington quedó en duda desde que López Obrador se opuso a la adquisición de misiles por parte de la Armada, aprobada por el Departamento de Estado hace un año.
La conformación del nuevo grupo castrense en torno a López Obrador ha cambiado los escenarios construidos en las prospectivas militares. El futuro, por lo menos en este sexenio, es gobernar junto con el presidente.