Aunque el presidente López Obrador aseguró que son siete los gasoductos –de Grupo Carso, Ienova y Transcanada– que generan pérdidas multimillonarias a la Comisión Federal de Electricidad, información de la empresa revela que son 12. Tan sólo en 2017, el quebranto ascendería a 6.9 mil millones de pesos.
Doce de los 19 gasoductos que se
construyen para dar servicio de transportación de gas natural a la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) –tres de ellos internacionales–
le han generado pérdidas multimillonarias a la empresa que ahora
encabeza Manuel Bartlett.
Tan sólo en 2017, la CFE perdió más de 6
mil 900 millones de pesos relacionados con pagos a esos 12 gasoductos
sin que obtuviera beneficio alguno de su construcción. Los casos se
derivan desde los incumplimientos de contratos –uno de ellos de la
empresa Ienova, que se negó a pagar las sanciones por 90 millones de
pesos– hasta la falta de planeación.
Y es que la mayoría no opera porque las
obras asociadas a éstos –que suministran o reciben el gas o
interconectan con otros gasoductos– aún no se construyen. En los peores
casos, ni siquiera se encuentran en evaluación de viabilidad.
En total, la CFE destina en promedio 20
mil millones de pesos anuales a esos 19 proyectos, cuyos contratos
tienen vigencia de hasta 25 años, por lo que el monto involucrado
superará el medio billón de pesos.
A mediados de febrero, el presidente
Andrés Manuel López Obrador denunció que siete gasoductos –de Grupo
Carso, Ienova y Transcanada– cobraban penalizaciones sin entregar el
producto a la Comisión Federal de Electricidad; sin embargo, informes de
la empresa comprueban que son 12 casos los que generan sangrías
financieras a la paraestatal.
Según información de CFE, en 2017 cuatro
de esos casos implicaron pagos improductivos por 3 mil 400 millones de
pesos, debido a que las 14 centrales eléctricas a las que deben
suministrar el gas natural ni siquiera se han empezado a construir.
En el resto de los casos –ocho
gasoductos– la situación no es mejor: en ese año el erario desembolsó
ociosamente 3.5 mil millones de pesos, pues los puntos de entrega del
gas natural a la fecha se encuentran en construcción, en mantenimiento o
en etapa de pruebas.
Y es que estas obras asociadas a los
gasoductos no se habían licitado porque no se elaboraba aún el análisis
de evaluación financiera para determinar su viabilidad, que exige la ley
a partir de la reforma energética y la transformación que sufrió la
Comisión.
Los gasoductos inoperantes
Entre los gasoductos que han causado
quebrantos millonarios se encuentra el de Tuxpan-Tula, cuya construcción
estaba a cargo de Transcanada y del cual dio cuenta López Obrador a
mediados de febrero. La trasnacional incluso determinó cancelar la
construcción de éste en noviembre de 2018 por la presión social.
De acuerdo con reportes de CFE, este
gasoducto se encuentra en situación de “caso fortuito”, debido a que
cinco comunidades indígenas –Hidalgo: Santa Mónica y San Nicolás; y
Puebla: Chila de Juárez, San Pablito y Xochimilco– se han opuesto a la
realización de la obra.
Los otros gasoductos que no han
funcionado, pero por falta de gas natural que transportar o porque sus
conexiones con otros gasoductos aún no están en funcionamiento, son: El
Encino-La Laguna, San Isidro-Samalayuca; Ramal-Empalme, Waha-San
Elizario, Waha-Presidio, Morelos, y El Encino-La Laguna.
Por ejemplo, El Encino-La Laguna (de la
empresa Fermaca) estuvo listo desde el 30 de abril de 2018, pero se
enfrentó a la falta de flujo de gas natural para abastecer la
interconexión con el gasoducto La Laguna-Aguascalientes. La inversión
estimada asciende a más de 530 millones de dólares.
Con un presupuesto total estimado en 109
millones de dólares, el gasoducto San Isidro-Samalayuca –construido por
Ienova– es otro ejemplo de malos manejos del dinero público:
actualmente se encuentra sin flujo de gas natural para la Central de
Ciclo Combinado Norte III, ni para el gasoducto Samalayuca-Sásabe, que
apenas están en construcción.
También de Ienova, a la lista se suma el
gasoducto de Ramal-Empalme, con una inversión estimada en 10.8 millones
de dólares, refiere la página oficial del gobierno “Proyectos México”.
Aunque se encuentra en condiciones de operar, sólo ha sido usado para
pruebas.
Por estar interconectado al San
Isidro-Samalayuca, el gasoducto Waha-San Elizario –del consorcio
integrado por Energy Transfer Partners, Mastec y Carso Energy, del Grupo
Carso– no recibe el producto, pues en el camino de interconexión falta
construir la Central de Ciclo Combinado Norte III y el gasoducto
Samalayuca-Sásabe.
Del mismo consorcio empresarial
encabezado por Grupo Carso, está el caso de Waha-Presidio que presenta
un flujo no constante, porque sólo suministra el gas natural a la
estación de compresión del gasoducto El Encino-La Laguna.
Y finalmente el gasoducto Morelos –de la
trasnacional Enagás–, que tampoco opera porque su obra asociada –la
central que le debe suministrar el producto– aún no se construye.
Los 12 contratos fueron asignados en la
pasada administración de Enrique Peña Nieto –como parte del Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018– por la Unidad de Negocios de
Gasoductos. Ésta, sin embargo, no se encuentra autorizada por el
Estatuto Orgánico ni el Manual de Organización internos.
Según la CFE, esas construcciones de
gasoductos se “justificaron” porque carece de infraestructura para
atender la demanda creciente de gas natural (por su bajo precio), así
como por la saturación del Sistema Nacional de Gasoductos.
Ienova sí incumplió un contrato
El tema de gasoductos se volvió un conflicto dentro de la empresa hasta estallar en esta administración de López Obrador.
Y es que además de las pérdidas por
pagos sin suministro de gas natural, las finanzas de la CFE han
registrado otro tipo de mermas asociadas a estos proyectos. Entre éstas
destaca la falta de aplicación de penalidades a dos contratistas: Ienova
y Gas Natural del Noreste.
Uno de esos casos es el del gasoducto
Ojinaga-El Encino, a cargo de la trasnacional Ienova al que se debía
aplicar una deducción por 93 millones de pesos respecto del monto
pagado, porque se incumplió en el porcentaje de integración nacional de
tubería, pero no lo hizo.
En este caso, las irregularidades se
detectaron desde junio de 2017, cuando la subsidiaria Cfenergía le
notificó a Ienova que no había acreditado el cambio de tubería y, al no
alcanzar el porcentaje ofertado, le aplicaría esa pena convencional.
Ienova, sin embargo, se inconformó ante
la Corte de Arbitraje de Londres, dejando a la CFE sin posibilidades de
reclamar el pago por su incumplimiento de contrato.
Otro ejemplo fue el del Gasoducto Ramal
Hermosillo, propiedad de Gas Natural del Noreste, que no fue penalizado a
pesar de incumplir con la fecha de inicio del servicio de transporte de
gas natural y con el porcentaje de integración nacional de tubería
ofertado.
Al respecto, la CFE debía cobrarle casi
50 millones de pesos: 33 millones por el primer incumplimiento y 16
millones por el segundo.
En este caso, la fecha del inicio de
operaciones se había fijado el 30 de noviembre de 2017, pero empezó
hasta el 28 de marzo de 2018. Pese a que la Comisión le pidió saldar la
penalización, en la empresa estatal no hay evidencia de que ésta se haya
pagado.
Nancy Flores
No hay comentarios.:
Publicar un comentario