Regresiones jurídicas y uso de la fuerza política

Magdalena Gómez

Hoy tenemos un ambiente de polarización y confrontación abierta, tratándose de la relación del Presidente de la República con los pueblos indígenas, cuyos territorios están amenazados por megaproyectos. Y señalo al titular del Ejecutivo federal y no a las secretarías de Estado o a las empresas, por el rasgo personalísimo para ejercer el poder de quien se sabe respaldado por 30 millones de votos.

Desde Palacio Nacional ha dicho que todo lo va a consultar, pretendiendo denotar una actitud democrática. Sin dar cuenta de que el tema de la consulta indígena está sujeto a estándares internacionales y es parte de la resistencia de los pueblos frente al extractivismo y los megaproyectos. En lugar de ello, se ha optado por organizar consultas populares, figura asentada en el artículo 35 constitucional, al cual tampoco se apegan tales ejercicios, pues tiene otra naturaleza jurídica, otro procedimiento y ante todo debe coincidir con alguna elección federal y ser organizada por el Instituto Nacional Electoral.

Hace 32 años se debatió ampliamente en el plano internacional y con participación de líderes indígenas sobre la necesidad de abandonar el concepto de poblaciones indígenas, con clara traducción demográfica y sustituirlo por el de pueblos indígenas por su procedencia histórica, antes de que se crearan las actuales fronteras nacionales. Los estados planteaban que los derechos de las personas eran suficientes y que los derechos colectivos amenazaban su integridad. Pueblo sólo hay uno, decían; territorio sólo uno; soberanía sólo una; la autonomía y la libredeterminación indígena atentan contra ella. El Convenio 169 de la OIT logró finalmente establecer el concepto de pueblo indígena con una acotación impuesta por los estados, de que a ese concepto de pueblos, los indígenas, no se le daría el significado que entraña al derecho internacional. Es decir, que conforme a ese convenio no podrían aspirar a crear nuevos estados. Traigo acá el enunciado de ese debate porque estamos viviendo una virtual regresión ante el derecho indígena, ya no sólo en la flagrante violación al muy precario derecho a la consulta, sino a la columna vertebral que es el concepto de pueblos indígenas. Hoy se ha decidido que la consulta al pueblo en general es la vía idónea para aprobar megaproyectos que afectan directamente a los pueblos indígenas o a comunidades equiparables en contravención al convenio referido, al artículo 2 constitucional y la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas, que amplía con el derecho al consentimiento, sin dejar fuera la declaración americana sobre estos derechos. Ya está convocada la consulta genérica en Morelos y municipios de Puebla y Tlaxcala, para los próximos 23 y 24 de febrero, a decir si o no a la termoeléctrica Huexca, parte del Plan Integral Morelos (PIM). Es el mismo mecanismo que aprobó el Tren Maya, el canal transístmico, entre otros y se corresponde con el concepto de población que dejó atrás la OIT en 1989, tratándose de pueblos originarios. Estamos así no sólo ante la violación al derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente pertinente sino ante la desnaturalización del titular de los derechos al territorio, a la libre determinación. En lugar de ello, el Presidente declaró el pasado 10 de febrero en Cuautla: aunque haya gritos y sombrerazos, va a ser el pueblo el que decida. Ciertamente hubo gritos de las organizaciones que llevan casi una década oponiéndose al PIM. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala le señaló en una carta que en 2014 les ofreció su apoyo y hoy cómo es posible que reconozca que fueron reprimidos, encarcelados y torturados, pero que la termoeléctrica tiene una inversión de 20 mil millones de pesos y no se pueden perder. Ofrece a los afectados ba­jas tarifas de electricidad. De paso, califica a los opositores de ultraconservadores de izquierda radical. Éstos piden que se detenga la consulta anunciada y acusan que ellos no valoran el dinero, sino la vida. En alusión a los daños, de la contaminación del agua, además del riesgo volcánico del gasoducto, otro componente del PIM.

El 10 de febrero, como ya es co­mún, el Presidente inició su discurso enumerando los apoyos y las becas que ofrece su gobierno, para en seguida abordar su propuesta de consulta. La oposición al PIM se mantendrá, y no es suficiente con el compromiso reiterado de que no reprimirá al pueblo; qué bien que no lo ordene y, sin embargo, el despojo y daño ambiental dónde queda ubicado, ¿no es una forma de represión? Se está avanzando con los megaproyectos, fomentando el aislamiento de los pueblos indígenas, en la confianza del respaldo popular. Me pregunto: ¿estamos ante un uso desproporcionado de la fuerza política?