A finales del
gobierno de Enrique Peña Nieto se cometieron desvíos y otros delitos por
más de 7 mil millones de pesos en el uso de recursos federales
destinados a estados y municipios dentro del Ramo 23, concretamente a
través del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin).
Los gobiernos identificados como los
principales saqueadores de recursos del Ramo 23 en 2017 corresponden a
cinco estados del país, los cuales dispusieron indebidamente de 5 mil
300 millones de pesos: Michoacán, con 2 mil 500 millones; Estado de
México, 900 millones; Puebla, 900 millones; Coahuila, 800 millones, y
Tabasco, 200 millones.
En los dos últimos años del gobierno de
Peña, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) -a cargo de
José Antonio Meade Kuribreña hasta noviembre de 2017 y de José Antonio
González Anaya en 2018- resolvió aumentar en 1 mil 700 por ciento el
presupuesto del Fortafin, pues mientras la Cámara de Diputados había
etiquetado para dicho Fondo sólo 3 mil millones de pesos en un año,
Meade elevó la cifra a 55 mil millones.
Fuentes financieras explicaron que en
una revisión realizada al ejercicio de dicho Fondo en sólo 16 estados
del país, se descubrió irregularidades por 2 mil 500 millones, pero fue
mayor la sorpresa cuando al concluir la revisión a los 32 estados de la
República las anomalías en el gasto dentro del Ramo 23 se elevaron hasta
los 7 mil millones de pesos.
El Ramo 23 es una partida presupuestal
administrada por la SHCP y cuenta con diversos fondos, uno de ellos es
el Fortafin, al cual Meade Kuribreña y González Anaya decidieron
destinarle más recursos que a cualquier otro en 2017 y 2018,
contraviniendo las disposiciones de la Cámara de Diputados.
Los resultados de las primeras
investigaciones consideran ya al Fortafin como el principal Fondo
utilizado política y económicamente por el gobierno de Peña Nieto para
comprar gobernadores y presidentes municipales, sin importar que éstos
desviaran indiscriminadamente los recursos públicos.
En 2017, los recursos del Ramo 23
canalizados a estados y municipios (Fortafin) del país ascendieron a
poco más de 125 mil millones de pesos, mientras que la revisión que se
hace de 2018, al cierre del gobierno de Peña Nieto y José Antonio
González Anaya al frente de Hacienda, asegura fuentes hacendarias que
los resultados de la revisión es escandalosa por el mal uso de miles de
millones de recursos públicos destinados a gobiernos estatales y
municipales de todo el país.
A partir de 2019, con Andrés Manuel
López Obrador como presidente de la República, los polémicos recursos
del Ramo 23, también conocido como el “fondo de los moches” porque
algunos legisladores han utilizado la asignación de esos recursos como
un chantaje y soborno para estados y municipios, fueron minimizados en
el Presupuesto de Egresos Federal.
Sin embargo, dado el mal uso que ejerció
el gobierno del expresidente Peña Nieto para operar políticamente en
estados y municipios, ya se esperan los resultados de las auditorías al
respecto
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