Editorial La Jornada
Ayer se cumplieron 13 años de
la explosión en la que colapsaron varios túneles de la mina Pasta de
Conchos, en Coahuila, incidente que causó la muerte de 65 obreros y
heridas a 13 más. La tragedia de la minera es, junto a otros episodios
como la masacre de Acteal, la sanguinaria ocupación de Atenco, el
incendio de la guardería ABC y la desaparición de 43 jóvenes de la
Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, uno de los agravios nacionales que
dejaron los gobiernos del periodo neoliberal, ya fuera por participación
directa del Estado en acciones delictivas o por omisiones criminales en
su manejo posterior y en la falta de voluntad para esclarecerlos. Los
sucesos referidos tienen además como denominador común el haber sido
tragedias anunciadas, en las cuales hubo denuncias previas que, de haber
sido atendidas, habrían evitado el sufrimiento de las víctimas y sus
seres queridos.
Tras el accidente en la explotación carbonífera de Grupo México,
surgió información que dejó al descubierto la existencia de una
negligencia criminal por parte de la empresa y de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social, entonces encabezada por Francisco Javier
Salazar, toda vez que Grupo México omitió observar las medidas de
seguridad establecidas por la dependencia federal, y ésta se abstuvo de
tomar las acciones pertinentes para hacer valer la reglamentación. Lejos
de esclarecer las responsabilidades de autoridades y directivos del
corporativo, los gobiernos de Vicente Fox y sus sucesores, Felipe
Calderón y Enrique Peña Nieto, desviaron la responsabilidad al emprender
la persecución judicial contra el líder del Sindicato Nacional de
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderurgicos y Similares de la
República Mexicana, Napoleón Gómez Urrutia, así como una campaña para
criminalizar a la organización gremial y su dirigencia.
Pasado tanto tiempo, subsisten dos agravios que deben ser corregidos:
el primero, la búsqueda y rescate de los cuerpos de 63 de los 65
mineros fallecidos dentro del socavón.
Debe recordarse que, desde un principio, tanto el gobierno federal
como Grupo México pusieron toda clase de trabas al rescate, uno de los
reclamos más sensibles de los deudos. En esta política de negación del
más elemental gesto humanitario hacia los deudos también jugaron un
papel clave Felipe Calderón y su primer secretario del Trabajo, Javier
Lozano.
El segundo agravio es justamente la carencia de una investigación en
forma para establecer las responsabilidades gubernamentales y
empresariales que llevaron a la tragedia y que continuaron en forma de
hostigamiento sistemático contra quienes exigieron justicia. Se trata de
una cuestión crucial: sólo una investigación creíble en torno a los
acontecimientos previos y posteriores a la tragedia puede establecer la
culpabilidad o la inocencia de los actores señalados, mientras que su
ausencia reforzaría la percepción social de impunidad y encubrimiento,
escenario injusto para todas las partes.
En este contexto, cabe saludar el viraje del nuevo gobierno en el
tratamiento del tema, un cambio de actitud manifiesto tanto en la
reunión del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, con las
familias de los trabajadores, como en el anuncio del presidente Andrés
Manuel López Obrador, respecto a que se explorará la viabilidad de
rescatar los cuerpos aún atrapados.
Sin embargo, tal voluntad debe complementarse con la resolución de
dos pendientes: de un lado, hacer justicia tanto para esclarecer como
para sentar un precedente que prevenga nuevas tragedias de este tipo y,
de otro, implementar una vigorosa política de fortalecimiento y
reglamentación de la seguridad industrial que salvaguarde las
condiciones de trabajo de cientos de miles de trabajadores que laboran
en entornos de riesgo.
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