El presidente López Obrador en conferencia.
Foto: Miguel Dimayuga
Conocer hechos de corrupción, explicar cómo se hicieron las cosas
desde el poder, fustigar los métodos de reparto de recursos y tráfico de
influencias es algo necesario y lo seguirá siendo durante años. Pero
esto no sería una cacería.
Incluso, proseguir las denuncias presentadas contra servidores
públicos es una obligación del Ministerio Público por lo cual se deben
concluir las investigaciones.
En otra vertiente se encuentran los actos de represión, la
arbitrariedad y violencia del poder contra la gente. Aquí es
indispensable activar investigaciones y procesos penales, pues de lo
contrario habría una especie de omisión criminal.
Además, las acciones orientadas a lograr la libertad de los presos
políticos deben acelerarse y multiplicarse, no sólo desde el gobierno
federal sino también en los estados, incluyendo leyes de amnistía
expedidas por las legislaturas. Tenemos miles de esos presos en el país y
su permanencia en prisión es algo más que una injusticia, ya que
expresa el autoritarismo y la represión integrados en la forma de
gobierno.
Ha llegado por fin el momento en que el Congreso de la Unión y las
legislaturas de los estados ejerzan sus facultades de control político,
vigilen el gasto e investiguen todo lo necesario para mejorar la función
pública. La tradición mexicana consiste en que el Poder Legislativo no
debe asomarse demasiado a la realidad porque eso implicaría invadir
funciones del Ejecutivo. Sin embargo, es al contrario, la vigilancia
está a cargo del parlamento en un sistema republicano.
Cuando no funcionan los mecanismos de control político y vigilancia,
no sólo hay impunidad sino también se produce ese dañino fenómeno de que
las denuncias suelen ser publicadas como si fueran sentencias. Todo eso
es expresión del mal funcionamiento de las instituciones o de su
ausencia.
Un fenómeno muy conocido consiste en que la Auditoría Superior
descubre desvíos y otras malas prácticas, las informa a la Cámara de
Diputados y presenta denuncias ante el Ministerio Público, pero no se
vuelve a mover la hoja de un árbol.
Para de verdad descubrir y enjuiciar las tramas de corrupción dentro
de la administración pública es preciso activar el juicio político.
Aunque éste se realiza contra personas en lo individual, su ámbito es
mucho más amplio que un juicio penal pues lo que en el fondo se enjuicia
son los actos y omisiones de gobierno, junto con el responsable
personal. La habilitación del juicio político podría poner al
descubierto el funcionamiento de los sistemas de gestión pública
articulados a la corrupción. Esto es mejor que la venganza.
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