López Obrador informó que siete gasoductos inactivos le significan a la Comisión Federal de Electricidad un costo aproximado de 16 mil millones de pesos anuales, por lo que negociará con las empresas encargadas de construirlos un pago menor en tanto aquellos no entren en operación. Además el mandatario señaló que los consorcios beneficiados tienen en su nómina a exfuncionarios del sector y son cercanos a las anteriores administraciones priistas y panistas, por lo que puede haber conflictos de interés. Sin embargo, este semanario encontró que algunos colaboradores del gobierno actual están en una situación similar. 
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Un intrincado programa de contratos para la construcción de gasoductos que beneficia a empresas energéticas, directorios plagados de exfuncionarios públicos ligados con grupos de poder, asociaciones adicionales con empresas implicadas en escándalos de corrupción y, finalmente, un costo estimado en 16 mil millones de pesos para este año, han desatado un nuevo debate nacional.
La mañana del lunes 11, el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó en su habitual conferencia las condiciones en las que se encuentra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), destacadamente en relación con siete gasoductos operados por particulares, a quienes se les paga sin que sus obras operen, con lo que colocó en la mira a las empresas IEnova, Carso y TransCanada.
A dichas empresas se suma Fermaca, beneficiaria de dos de los gasoductos aludidos por el mandatario. La relevancia de esta firma surgió cuando el presidente anunció que daría a conocer los conflictos de interés del presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo Ignacio García Alcocer, quien negó haber incurrido en irregularidades y tener relación con las adjudicaciones de gasoductos. 
Ante la advertencia del presidente, García Alcocer reveló el viernes 15 que su primo político, Santiago García Castellanos, dirige una filial de Fermaca.
El fenómeno de las “puertas giratorias” (revolving doors), como se conoce el paso de servidores públicos al sector privado y viceversa, continuó por segunda semana en la discusión pública sobre el sector energético, particularmente en el rubro de electricidad, pues las empresas aludidas utilizan dicho patrón.
El consejo de administración de IEnova, poseedora de dos de los siete gasoductos inactivos, lo preside Carlos Ruiz Sacristán, director de Pemex en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y secretario de Comunicaciones y Transportes en el de Ernesto Zedillo. 
La directora general de la firma es Tania Ortiz Mena, prima de la actual secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González Blanco Ortiz Mena, cuya relación familiar fue expuesta por este semanario (Proceso 2198). La funcionaria hizo pública su declaración de conflicto de interés el martes 12.
En la misma edición de Proceso se dio a conocer también que González Blanco había designado subsecretaria de Planeación y Política Ambiental a Katya Puga Cornejo, quien durante el periodo de transición se encargó de planear la consulta indígena para la construcción del Tren Maya. Hasta 2017 Puga Cornejo se desempeñó como responsable de consultas en la Secretaría de Energía peñanietista…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2207 de la revista Proceso, ya en circulación.