▲ Familias desplazadas de Chalchihuitán, Chiapas.
Pese a su gravedad y al elevado número de personas que
afecta, el desplazamiento forzado interno es un fenómeno que permanece
invisibilizado en México, a tal punto que no hay estudios oficiales para
conocer su magnitud exacta ni políticas públicas para ayudar a las
víctimas, señaló la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos (CMDPDH).
Al presentar ayer en el Senado el libro Entre la invisibilidad y el
abandono: un acercamiento cuantitativo al desplazamiento interno forzado
en México, Brenda Pérez, especialista de la CMDPDH en dicho tema,
indicó que no hay datos exactos sobre la cantidad de víctimas de este
flagelo en el país, aunque según algunos estudios se calcula que pueden
ser hasta 8 millones de personas.
La investigadora explicó que el libro está basado en los datos que
ofrecen tres encuestas realizadas por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi): la de Dinámica Demográfica, la de
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública y la de Ocupación y
Empleo, en las cuales hay cifras importantes y complementarias sobre el
tema del desplazamiento forzado.
Familias desprotegidas
Entre los datos más relevantes obtenidos de dichas
fuentes, señaló Pérez, está que de 2011 a 2017, cada año hubo un
promedio de un millón 200 mil personas que cambiaron de domicilio –la
mayoría dentro de su propio estado– para escapar de la violencia o la
delincuencia.
De acuerdo con las mencionadas encuestas del Inegi, más de 70 por
ciento de las familias afectadas por esta dinámica se ubicaron en
territorios urbanos de más de 100 mil habitantes, donde fueron víctimas
de manera reiterada de delitos graves, como secuestro, extorsión, robos y
amenazas.
Por otra parte, la CMDPDH documentó que casi 40 por ciento de las
personas desplazadas en 2011, tuvieron que cambiar de domicilio a pesar
de que en su lugar de origen
hubo acciones de combate al narcotráfico, lo cual evidencia que los operativos de seguridad para combatir a la delincuencia organizada no necesariamente protegen o aseguran a la población, resaltó Pérez.
Según las fuentes consultadas por los autores del informe, 54 por
ciento de las víctimas de desplazamiento forzado son mujeres, y los
estados con mayores índices de expulsión –de 2009 a 2014– fueron
Tamaulipas, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero y Veracruz.
Las entidades que más recibieron personas desplazadas fueron Veracruz, estado de México, Jalisco, Puebla y Querétaro.
El senador Emilio Álvarez Icaza, por su parte, llamó al actual
gobierno a admitir la existencia del desplazamiento forzado y asumir su
responsabilidad en el tema, al tiempo que anunció que en breve
presentará una iniciativa de ley en la materia.
Foto Cuartoscuro
Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
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