En días pasados la Comisión
Nacional de Hidrocarburos (CNH) autorizó la explotación de campos
petroleros en el país mediante la técnica de fractura hidráulica para la
extracción de petróleo y gas, conocida como fracking. Ello, a
pesar de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha expresado en
reiteradas ocasiones su determinación de no permitir que ese
procedimiento sea empleado en México, habida cuenta de las graves
afectaciones ambientales que conlleva. Más aun, los peligros del fracking
han sido señalados por diversas organizaciones sociales y movimientos
ambientalistas, así como por habitantes de las regiones en las que se ha
planeado llevarlo a cabo.
Como se sabe, este procedimiento consiste, básicamente, en horadar
pozos verticales a gran profundidad (entre mil y 5 mil metros) para
acceder a yacimientos de lutitas, o rocas porosas, impregnadas de gas shale
y de petróleo para, enseguida, realizar perforaciones horizontales por
medio de las cuales se inyecta a altas presiones agua combinada con
distintas sustancias químicas a fin de conseguir la fractura de capas
rocosas, con lo cual se impulsa la salida de los hidrocarburos. La
técnica exige muchas perforaciones, por lo que conlleva la ocupación de
grandes extensiones, pero lo más grave es que consume enormes cantidades
de agua, la cual queda irremediablemente contaminada por los sustancias
utilizadas y por aquellas con las que entra en contacto: benceno,
tolueno, metanol, etilbenceno e incluso radón, un elemento radiactivo.
La carga de toxicidad tiende a contaminar mantos acuíferos y sistemas
hidrológicos enteros. Para colmo, existe la sospecha de que el fracking puede acentuar fenómenos sísmicos.
La insistencia de recurrir a este procedimiento –que ya se practica
en Estados Unidos– sólo puede explicarse, pues, por un afán
irresponsable y desmedido de lucro que pasa por encima de toda
consideración acerca de la salud de las poblaciones y de la conservación
de entornos ecológicos, y es por ello que, desde su campaña
presidencial, el actual titular del Ejecutivo federal se comprometió a
proscribirla en la industria petrolera. Al autorizar el empleo del fracking,
la Comisión Nacional de Hidrocarburos se coloca en contra de lo que es
ya una directiva gubernamental y de un extendido sentir social contrario
a esa práctica. El hecho lleva a reflexionar sobre la resistencia que
se presenta en estos organismos autónomos a los lineamientos
establecidos por la actual administración. Otro tanto sucede en la
Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Competencia
Económica y otras.
Al parecer, en el seno de estas instancias no se ha comprendido que
en la elección del primero de julio del año pasado se estableció un
radical cambio de rumbo en el país y, por lo que hace al sector
energético, un nuevo paradigma: el compromiso fundamental del presente
gobierno consiste en fortalecer a Petróleos Mexicanos y a la Comisión
Federal de Electricidad, no establecer reglas para que tales empresas
pierdan la competencia ante las privadas, como venía ocurriendo hasta el
sexenio pasado, ni procurar tasas de rentabilidad de la inversión a
costa de lo que sea.
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