Gustavo Leal F.*
Cerca de cumplir 100 días en el gobierno, el presidente López Obrador comunicó que, sobre el sector salud,
notenía nada que informar:
está todo tan devastado, que todo va muy lento( Reforma, 28/2/19).
Antes de los Foros para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo (PND), Jorge Alcocer –secretario de Salud– observó que todavía
nohay avances en la
aplicacióndel nuevo Plan Nacional de Salud: hay
deudascon diferentes instancias y
antesde concretar la federalización hay que
resolverlasEs un déficit que se tiene que
negociarcon los gobiernos estatales. También hay contrataciones
precariasde médicos y enfermeras por
honorarioso
eventuales. López Obrador ha ofrecido
regularizarlos, pero
sólopara el área médica. Existen, además, más de 200 centros y hospitales inconclusos y estados con unidades médicas y equipamiento necesario, pero sin personal médico. Sin embargo, agregó, para la primera etapa del plan, ya se firmaron acuerdos con seis de los ocho estados del sur-sureste con vistas a que la Ssa asuma el control y uso de todos los recursos. Con todo, precisó, la
implementaciónse tiene que
analizar y discutir( La Jornada, 5/3/19).
En el primero Foro para el PND (Guerrero), Alcocer precisó que el neoliberalismo
afectóla atención médica: hay exclusión y acceso inequitativo. Por lo que la propuesta del nuevo gobierno consiste en
noser cómplices, eliminar el influyentismo, los moches y la corrupción. El estado de salud
noes sano: está en un camino de
desastrey carecemos de una red institucional de servicios. Frente a ello, el nuevo gobierno busca dar acceso efectivo a los servicios
requeridospara la población sin seguridad social. Sin salud
nohay paz. Se debe
cumplirel artículo 4 constitucional y garantizar atención a 20 millones de personas que
nocuentan con ella. Ese es el
objetivo: apoyar una estrategia que
faciliteese acceso, no exclusivamente, pero sobre todo a esos 20 millones que
nolo tienen. El presupuesto es
insuficiente. Pero promoveremos una política de aumento
progresivopara acercarnos –al final del sexenio– a las recomendaciones de la OMS ( Reforma, 7/3/19).
Está, además, el tenebroso asunto del negocio con los medicamentos,
sospechosas licitaciones y domino oligopólico del mercado, junto con las
prácticas colusivas de ciertos proveedores para hacerse de los
contratos del sector público y eliminar competencia –acordando tarifas–
ganando mejores precios (servicios integrales, de análisis clínicos,
bancos de sangre y procedimientos de mínima invasión). Igualmente, la
disponibilidad de los recursos ofrecidos (25 mil millones de pesos) para
iniciar la operación del acuerdo entre el gobierno federal y
gobernadores de ocho entidades para hacer efectivo el acceso a la
atención médica y medicamentos gratuitos de la población sin seguridad
social (14/12/18). Así como la definición de la SHCP respecto a las
plazas precarias. Todo lo cual dificulta corregir las deficiencias
detectadas en un sector neoliberalmente devastado: elevadores, baños,
equipos descompuestos y hospitales saturados con pisos completos sin
funcionar que impiden garantizar la atención requerida.
La agilización del acuerdo avanza vía cuatro coordinadores regionales
que eliminan obstáculos y cumplen compromisos: Juan Antonio Ferrer
(sur-sureste), Hugo Fernández (norte), Pedro Zenteno (centro) y Ramiro
López (pacífico).
La ruta de la integración, según Alcocer, podría ajustarse a la siguiente planeación
compartidade servicios con la seguridad social: unificar un modelo de atención básico, fortalecer el primer nivel como base territorial de la atención, énfasis en el trabajo en y con la comunidad, intercambio de servicios en urgencias reales y sustituir subrogaciones privadas por intercambio de servicios (Academia de Cirugía, 12/2/19).
Algunos avances ya se plasman, al decir de Alcocer, en definición de
las tareas correspondientes al primer nivel, de los criterios y
procedimientos para establecer las Redes Integradas de Servicios de
Salud (RISS), definición de la metodología de georreferencia de las RISS
y ubicación de las unidades de salud requeridas, así como la definición
del tipo y cantidad de medicamentos para los distintos tipos de
unidades de salud (Foro PND, Guerrero 6/3/19).
Un diseño que, por supuesto, deberá medirse contra su implementación
real y, sobre todo, cumpliendo con la oferta presidencial: en el marco
de una devastación sectorial sin precedentes
utilizar, como punto de partida, 5 mil unidades médicas rurales IMSS para mejorar el servicio, porque
reforzarel sistema será paulatino ( La Jornada, 4/1/19). Se trata de garantizar que, finalmente, los recursos sanitarios lleguen abajo: a los más pobres, como nunca ocurrió con las descentralizaciones Soberón/ De la Fuente-Narro y, sobre las cuales operó el fallido (ahora extinto) ni
Seguroni
Popular, de frecuente uso electorero.
*Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco
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