En respuesta a políticas cada vez más restrictivas, la sociedad civil
está tomando medidas para ayudar a proteger el derecho a decidir de las
mujeres en la interrupción voluntaria del embarazo.
“El hecho de que los Estados no garanticen los derechos reproductivos
es una clara violación de los derechos humanos”, dijo la presidenta y
directora ejecutiva del Centro para los Derechos Reproductivos (CRR, en inglés), Nancy Northup.
“El Centro está comprometido a utilizar el poder de la ley para
garantizar que las mujeres y las niñas … tengan acceso garantizado a los
derechos y servicios de salud sexual y reproductiva”, agregó a IPS la
lideresa de una organización basada en Estados Unidos y con una red de
280 organizaciones que actúan en 75 países.
La investigadora principal de Human Rights Watch, Margaret Wurth, se
hizo eco de sentimientos similares, al afirmar que “ninguna
sobreviviente de violación debe ser obligada a la maternidad sin la
posibilidad de considerar un aborto seguro y legal”.
Niñas, no madres
Los países latinoamericanos tienen algunas de las leyes sobre el
aborto más restrictivas del mundo. Por ejemplo, El Salvador y Nicaragua
penalizan en forma absoluta la interrupción del embarazo, mientras que
Guatemala tiene una excepción solo cuando la vida de una niña o una
mujer está en peligro.
Aunque el riesgo de mortalidad materna aumenta cuando se producen
embarazos en niñas menores de 14 años, todavía muchas se ven obligadas a
dar a luz.
Según CRR, más de 2.200 niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz en 2018 en Guatemala.
En Nicaragua, ocho de cada 10 sobrevivientes de violencia sexual son
niñas menores de 13 años y el país tiene la tasa más alta de embarazos
adolescentes en América Latina, con 28 por ciento de las mujeres que dan
a luz con menos de 18 años.
Fátima tenía solo 12 años cuando quedó embarazada después de ser
violada por un hombre de su comunidad en Guatemala. Aunque el embarazo
era riesgoso, los proveedores de atención médica nunca le ofrecieron un
aborto legal.
Después de más de un año de abuso por parte del sacerdote católico de
su comunidad, Lucía quedó embarazada a lo 13 años en Nicaragua.
Fátima y Lucía son ahora mujeres jóvenes y dos de las cada cuatro
mujeres que han llevado sus casos al Comité de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas con el apoyo de organizaciones como CRR y Planned
Parenthood Global (planificación familiar mundial), con el fin de buscar
justicia y exigir el derecho al acceso a una interrupción del embarazo
segura y legal.
“Demasiadas niñas en América Latina y en todo el mundo han sido
puestas en situaciones que amenazan sus derechos y ponen en riesgo sus
vidas porque no pueden acceder a la atención del aborto”, dijo la jefa
de Planned Parenthood Global, Leana Wen.
“Forzar a las niñas a continuar un embarazo sin importar sus
circunstancias o deseos, no solo es cruel, sino que tendrá un impacto
devastador para ellas, sus familias y sus comunidades”, agregó la
responsable de la filial internacional de Planned Parenthood Federation
of America (federación de planificación familiar de Estados Unidos).
Desde entonces, gente de todo el mundo han mostrado solidaridad con
las cuatro mujeres que publican #NiñasNoMadres: son niñas, no madres.
Retrocesos en Estados Unidos
El acceso al aborto también se ha convertido en un punto neurálgico
en el retroceso a los derechos de las mujeres en Estados Unidos, donde
en lo que va de 2019 ya se han promulgado un total de 27 normas legales
que prohíben o restringen el aborto en 12 estados.
El caso más reciente fue el del estado de Luisiana, donde el día 29
de mayo se aprobó una ley que prohíbe la realización de un aborto una
vez que se detecta un latido del corazón del feto, conocida como un “la
ley del latido”.
Un latido fetal puede ocurrir entre las seis y las ocho semanas de
gestación, a menudo antes de que muchas mujeres sepan que están
embarazadas. La ley no incluye excepciones por violación o incesto.
Luisiana se une a los estados de Georgia, Misisipi, Kentucky, Misuri y
Ohio en contar con una “ley del latido”, y establece una pena de hasta
10 años y multas de hasta 100.000 dólares para quienes la
incumplan. Alabama es aún peor porque prohíbe el aborto en cualquier
circunstancia y condición.
El 31 de mayo, un juez bloqueó temporalmente que la última y única
clínica de abortos de Misuri cerrase, lo que le hubiera convertido en el
primer estado del país en no tener acceso al aborto en 45 años.
Si bien el aborto sigue siendo legal a nivel federal, estos
movimientos amenazan la atención a la interrupción voluntaria del
embarazo en forma segura y accesible en Estados Unidos,
“Estamos muy preocupados de que varios estados de Estados Unidos
hayan aprobado leyes que restringen severamente el acceso al aborto
seguro para las mujeres, incluso imponiendo sanciones penales a las
mujeres mismas y a los proveedores de servicios de aborto”, dijo la
portavoz de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), Ravina Shamdasani.
“Hacemos un llamado a Estados Unidos y a todos los demás países para
garantizar que las mujeres tengan acceso a abortos seguros. Como mínimo,
en casos de violación, incesto y anomalía fetal, es necesario que haya
un acceso seguro a los abortos”, agregó.
Una prohibición total del aborto lleva a las mujeres y las niñas a buscar prácticas de aborto inseguras e ilegales.
Además, un reciente estudio encontró que las mujeres y las niñas
sometidas a la interrupción del embarazo sin garantías de seguridad y
legalidad también son más propensas a experimentar ansiedad a corto
plazo y pérdida de autoestima, inseguridad económica y la pobreza, junto
con la exposición a la violencia de pareja.
Pero todavía hay esperanza.
Organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés) y Lambda Legal han presentado demandas para ayudar a proteger los derechos reproductivos en Estados Unidos.
Y la ONU también puede jugar un papel mundial a favor del derecho a decidir de las mujeres.
En 2001, una niña peruana de 17 años conocida solo como K.L. se le
negó un aborto después de que se le diagnosticara un feto con
anencefalia a las 14 semanas.
La negativa tuvo graves consecuencias mentales y físicas en su salud,
ya que se vio obligada a continuar con su embarazo y su bebé, una vez
que nació, solo sobrevivió cuatro días.
Trabajando con abogados de derechos humanos, K.L. presentó una queja
ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que concluyó que Perú
violaba el derecho internacional de los derechos humanos y que sus
acciones constituían “tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
Fue la primera vez que un comité de la ONU responsabilizó a un país por no garantizar el acceso a un aborto seguro y legal.
El Comité también ordenó una compensación financiera a K.L, quien finalmente la recibió una década después en 2015.
“Al ver cómo se ha hecho justicia en el caso de K.L. —mirándolo desde
la A hasta la Z— formamos parte de un momento histórico inspirador”,
dijo Lilian Sepúlveda, quien dirige el programa legal internacional de
CRR y fue una de los abogadas involucradas en el caso.
“Estamos presenciando los resultados de la perseverancia dedicada de
los defensores y el poder de la ONU y otros organismos internacionales
para garantizar nuestros derechos humanos básicos a la dignidad, la
salud y la libertad de los malos tratos”, agregó a IPS.
Esos esfuerzos son más urgentes que nunca para garantizar el acceso a
la justicia, así como a la seguridad y la salud de las mujeres y las
niñas.
T: MF
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