Activistas protestan en la SCJN, el 28 de septiembre. Foto: Benjamín Flores
Por
Marta Lamas (Proceso).- La semana pasada aparecieron dos
intervenciones acerca del aborto diametralmente opuestas. Mientras en
Estados Unidos el estado de Alabama votó una restrictiva ley que sólo
permite el aborto para salvar la vida de la mujer, en México la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un amparo señalando la
obligación de las autoridades sanitarias de anteponer el derecho a la
salud por encima de los códigos penales. Con la restrictiva ley
estadunidense los médicos se enfrentan a 10 años de cárcel si intentan
practicar un aborto y a 99 años si lo hacen, mientras que el criterio de
la SCJN permite actuar a los médicos por encima de otras
consideraciones.
La
relevancia de lo que resolvió la Primera Sala de la SCJN, con
unanimidad de cinco votos, es enorme. La historia es la siguiente. A
Margarita, de 40 años, una derechohabiente del ISSSTE, le fue
diagnosticado un embarazo de alto riesgo, por lo cual ella solicitó un
aborto por la afectación a su salud que implicaba proseguir ese proceso.
El Centro Médico Nacional 20 de Noviembre le negó una interrupción
aduciendo que la Ley General de Salud no establece nada en relación con
el aborto por motivos de salud de la mujer.
Aunque el aborto por razones de salud es legal en la Ciudad de
México, las instituciones de salud federales, como el ISSSTE y el IMSS,
justifican su negativa a realizar abortos aduciendo que son
instituciones federales y que el Código Penal Federal no incluye la
causal de salud. Ante la negativa, y consciente de que su caso no era el
único que enfrentaba la rigidez burocrática de dichas instituciones,
Margarita decidió dar la batalla y, acompañada por el GIRE, puso un
amparo.
El litigio duró cinco años, y a lo largo de ese tiempo se fueron
sorteando distintos obstáculos hasta llegar al pasado miércoles 15,
cuando la SCJN resolvió el amparo 1388/2015. En él determinó que el
Centro Médico tenía la obligación de proporcionarle a Margarita el
servicio de interrupción del embarazo por las afectaciones y riesgos a
su salud, y que al no hacerlo violó su derecho a la salud. El proyecto
de la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena sostuvo que la
Ley General de Salud debe interpretarse de tal manera que las mujeres
puedan interrumpir un embarazo que esté afectando su salud, ya que si
las instituciones de salud se niegan a interrumpir un embarazo que
causaría afectaciones o riesgos a la salud incurren en una violación de
derechos humanos. Esta resolución establece un criterio sumamente
relevante para resolver casos similares, pues señala que el derecho de
las mujeres a interrumpir el embarazo cuando haya afectaciones a su
salud debe garantizarse con independencia de que la causal salud esté
explícitamente en el código penal.
En Estados Unidos la reciente reforma a la ley de Alabama, que sólo
permite el aborto para salvar la vida de la mujer, es parte de una
estrategia de los republicanos para forzar a la Suprema Corte a que
revise la resolución Roe versus Wade, de 1973. Este juicio consagró el
derecho de las mujeres a decidir sobre la interrupción de un embarazo,
pero desde entonces los republicanos han intentado revertir la
legalización del aborto, obstaculizando al máximo los servicios
públicos. Con Trump los republicanos han endurecido su postura, aunque
estos dos últimos años ha crecido una rebelión interna encabezada por un
grupo de mujeres republicanas a favor de la libertad de elección en esa
materia.
El aborto se ha politizado y, en el contexto preelectoral de nuestro
vecino del norte, varios candidatos presidenciales demócratas ya
salieron a plantear que hay que fortalecer el derecho de las mujeres a
decidir. El senador Cory Booker fue el primero en declarar que, de ser
elegido, él garantizaría en todo el país el derecho al aborto, incluso
si la Suprema Corte cancelara la Roe vs. Wade. Luego las senadoras
Kirsten Gillibrand y Elizabeth Warren prometieron lo mismo. Por lo
visto, el tema del aborto será decisivo en las próximas elecciones
estadunidenses.
Por lo pronto, mientras la indignación y la pesadumbre embargaban a
las estadunidenses por lo ocurrido en Alabama, Busy Philipps, una joven
actriz, lanzó una iniciativa similar al movimiento #MeToo. Con el
hashtag #YouKnowMe (“tú me conoces”) les pidió a usuarias de redes
sociales que compartieran sus historias personales de aborto. Phillips
tuiteó:
“1 de 4 mujeres ha tenido un aborto. Muchas personas creen que no
conocen a nadie que haya abortado, pero me conoces a mí, así que hagamos
esto: si tú también eres una entre cuatro, compartamos y empecemos a
eliminar la vergüenza. Usa la etiqueta #youknowme y comparte tu verdad”.
Inmediatamente hubo una respuesta masiva en las redes sociales.
El activismo feminista, tanto el juvenil que estalla en las redes
como el organizado en asociaciones ciudadanas como el GIRE, que litiga
casos, son muy importantes. Sin embargo, quiero destacar lo crucial que
es el compromiso ciudadano de Margarita, quien, aunque ya tenía
“resuelto” su problema, estuvo dispuesta a que su caso sirviera para
abrirle el camino a las demás mujeres. Y agradezco la fundamental
resolución de la SCJN, que reivindica el derecho a la salud por encima
de la negativa a interrumpir el embarazo cuando afecta la salud de la
mujer.
Este análisis se publicó el 26 de mayo de 2019 en la edición 2221 de la revista Proceso
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