Frente llama a Congreso a proteger a las víctimas
Ante
el intento del Congreso de la Ciudad de México de regular la
“prostitución” y legalizarla como “trabajo sexual”, el Frente Nacional
Feminista Abolicionista lanzó una petición en línea para que el
Legislativo y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, prevengan y
erradiquen esta práctica y protejan a las víctimas de trata y
explotación sexual.
“El fenómeno de la prostitución tratado con ligereza en aras de una
supuesta postura progresista, enmascara el contenido siniestro de la
trata y la explotación sexual”, advirtieron las organizaciones en su
petición, disponible en la plataforma Change.org y la cual actualmente
suma casi 500 firmantes.
El Frente recordó que la trata y la explotación son delitos
criminales tipificados en la Ley General para Prevenir, Sancionar y
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para Proteger y
Asistir a las Víctimas de estos Delitos, y que “todas las políticas que
justifican, promueven o califican la prostitución como ‘trabajo sexual’
son incompatibles con la legislación internacional en materia de
Derechos Humanos, e incumplen los compromisos internacionalmente
adquiridos por nuestro país”.
La carta se publicó después de que el pasado viernes 31 de mayo, el
Congreso de la Ciudad de México suprimió la fracción VII del artículo 27
de la Ley de Cultura Cívica, que días, el 16 de mayo, había aprobado y
donde en un inicio considero la “prostitución” como falta
administrativa.
“Ésta es una acción importante y fundamental en el sentido de que en
ésta desaparece la infracción que consistía en invitar a la prostitución
o ejercerla, así como solicitar dicho servicio”, dijo el diputado
morenista, Eduardo Santillán Pérez, a nombre de las Comisiones unidas de
Administración y Procuración de Justicia, y de Participación Ciudadana.
El legislador destacó la importancia de “no criminalizar el trabajo
sexual voluntario”, que en una ciudad de libertades y derechos debe
quedar salvaguardado, y al mismo tiempo, combatir la trata de personas y
la explotación sexual.
Por su parte, en el Congreso capitalino se han sumado más voces a
favor del llamado “trabajo sexual”. Por ejemplo, el 31 de mayo la
diputada Gabriela Quiroga Anguiano, del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), propuso reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y
de la Administración Pública local, para crear una “Unidad de Atención
Integral a las Personas Trabajadoras Sexuales en la Secretaría de
Mujeres CDMX”.
De esa manera, detalló la diputada, se garantizaría la salvaguarda de
sus derechos sexuales y reproductivos, además de proporcionarles una
“verdadera protección de ley” para erradicar la discriminación y
exclusión de la que son víctimas. Agregó que el concepto de trabajo
sexual se creó para reconocer la venta de servicios sexuales como un
trabajo remunerado y sustituir el de prostitución.
Quiroga Anguiano dijo que ante la constante discriminación, también
de autoridades, sería necesario reconocer que las y los trabajadores
sexuales, como todos los grupos de atención prioritaria, requieren
políticas públicas que busquen respaldar y mejorar la situación de
personas dedicadas al trabajo sexual.
Ante esta postura, el Frente Abolicionista argumentó en su petición
que “el llamado ‘consentimiento o política de elección personal’, se
basa en una visión liberal occidental de los Derechos Humanos que eleva
la voluntad y las elecciones individuales por encima de todos los otros
Derechos Humanos y de toda noción de bien común”.
“No nos salgan con el trillado argumento de la libre elección”,
escribió en un artículo Teresa C. Ulloa Ziáurriz, directora de la
Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América
Latina y el Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés), organización
iniciadora de la petición. En su columna “Mujeres Cautivas” también
dijo: “Se explota a quien carece de oportunidades y no llegaron a la
prostitución por elección sino por necesidad”.
Las firmantes exigieron que todo acto legislativo en México debería
de regirse por cinco principios: Que la prostitución no debe ser
reconocida como un trabajo; que no se puede hacer distinción entre
prostitución “libre” y “forzada”; que el “consentimiento” no puede ser
utilizado como instrumento de defensa de los acusados o como excluyente
del delito; que no se puede reglamentar la prostitución o someter a las
mujeres a registros o a otros controles; y que la trata con fines de
prostitución y “la explotación de la prostitución ajena” no pueden estar
disociadas porque es un negocio ilícito.
Las iniciadoras de la petición, como CATWLAC, recordaron que en las
experiencias de otros países el reconocimiento de la prostitución como
trabajo no asalariado y su despenalización resultó contrario a la
exigibilidad de derechos, porque no supone un control de la industria
sexual, sino que la expande, aumenta la demanda de la prostitución e
incentiva a los hombres a comprar sexo de paga en un entorno social más
permisible y de mayor aceptabilidad, entre otros.
Hicieron hincapié en que el Estado mexicano se obligó a suprimir la
trata de personas y la explotación sexual tanto en el Convenio para la
Represión de la Trata de Personas y para la Abolición de la Prostitución
Ajena, como en la Convención para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra las Mujeres.
El Frente Abolicionista rechazó categóricamente la reglamentación de
la prostitución como trabajo, y solicitó al Congreso capitalino desechar
las iniciativas que intentan reglamentar la prostitución en la Ciudad
de México, derogar la sanción establecida en la Ley de Justicia Cívica
para las personas en situación de prostitución, al mismo tiempo que
pidió diseñar políticas públicas que favorezcan la salida de la
“prostitución”.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Sonia Gerth
Cimacnoticias | Ciudad de México.
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