Guardería ABC: 10 años sin justicia

La Jornada

Editorial

El 5 de junio de 2009 un incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, que pertenecía al sistema de casas cuna subrogadas a particulares por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mató a 49 bebés y niños y dejó a otros 106 con heridas, tan graves en algunos casos que los afectados han debido someterse a decenas de intervenciones quirúrgicas, en tanto que madres y padres de las víctimas han debido recibir atención sicológica desde entonces, lo cual no ha impedido que se mantengan en la lucha por el esclarecimiento y la justicia.

El presidente municipal de Hermosillo era Ernesto Gándara, la entidad del noroeste era gobernada por Eduardo Bours Castelo, el fallecido Juan Molinar Horcasitas había dirigido el IMSS desde el primero de diciembre de 2006 (dejó el cargo tres meses antes de la tragedia) y Felipe Calderón Hinojosa era el titular del Ejecutivo federal. Por añadidura, una de las socias principales del negocio era Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima por lados distintos de la esposa de Calderón, Margarita Zavala, y de la cónyuge de Bours, Lourdes Laborín.

Desde 2003 el IMSS relajó los requisitos para subrogar estancias infantiles a particulares, lo que llevó a una proliferación de estas empresas. Un año más tarde, la Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó queen las guarderías que dan servicio a los derechohabientes del IMSS hay un desorden generalizado en el otorgamiento de contratos, operación y vigilancia. Esa instancia estableció que el siniestro se inició en una bodega contigua a la guardería (en realidad, la bodega y la estancia infantil compartían una misma edificación) donde la Secretaría de Hacienda estatal almacenaba gran cantidad de documentos. Posteriormente se sabría que ni las autoridades municipales ni las estatales ni la federal verificaron las condiciones de seguridad del establecimiento, que carecía de las más elementales: extintores, salida de emergencia y personal suficiente para el cuidado de los pequeños.

En medio de una confrontación verbal entre los gobiernos federal y de Sonora, una veintena de empleados y funcionarios menores fueron perseguidos y encarcelados, en lo que constituyó una evidente maniobra de encubrimiento a los responsables principales. Sólo algunos de los dueños de la guardería fueron detenidos durante unos meses, y excarcelados antes del fin de 2009. Ante las negativas de la Procuraduría General de la República a emprender acción penal en contra de éstos, los padres y madres de las víctimas acudieron a la SCJN, donde un proyecto de resolución estableció la responsabilidad de Bours, Molinar Horcasitas y su sucesor, Daniel Karam, y otros altos funcionarios, pero fue desechado por el pleno de ese organismo. En el curso de las pesquisas surgió, además, la posibilidad de que el incendio hubiese sido intencional, e iniciado por un chofer del gobierno de Sonora de nombre Carlos López Meza, asesinado a mediados de 2013.

Independientemente de si hubo o no un acto doloso en el origen de la tragedia, es claro que las autoridades de los tres niveles de gobierno incurrieron en omisiones de consecuencias catastróficas y que durante los siguientes tres años y medio del gobierno calderonista y los seis del peñista hubo, por parte del poder público, el designio de impedir el esclarecimiento de los hechos y de encubrir a los responsables. En ningún otro episodio como el de la guardería ABC se expresa de manera tan clara el carácter criminal de las privatizaciones corruptas de bienes y servicios públicos operadas durante 36 años ni los agravios irreparables causados a la sociedad por ese modelo político-económico.

Además, el caso de la estancia infantil sonorense exhibe con crudeza la cadena de complicidades y encubrimientos que recorrió los sexenios anteriores. Tan pesada y sórdida ha sido esa cadena que ayer se cumplieron 10 años de la tragedia y los familiares de los niños muertos y heridos y la sociedad en su conjunto siguen a la espera de justicia. Es claro que el tiempo se ha agotado y que hoy debe reiniciarse una doble investigación –por el inconmensurable dolor causado y por el encubrimiento de sus responsables– y llevarse hasta sus últimas consecuencias.