En lo que va del austero gobierno de López Obrador, el Banco de México ha erogado 89 millones de pesos en 97 pensiones de altos exfuncionarios. Entre los privilegiados destacan el expresidente Ernesto Zedillo, Agustín Carstens, Gil Díaz, Mancera Aguayo, Guillermo Ortiz, Buira Seira, Marcos Yacamán, Sidaoui Dib y Del Cueto Legaspi.
Cada mes, el Banco de México (Banxico) destina 14 millones
854 mil 315 pesos para sufragar las pensiones de 97 exfuncionarios,
entre quienes destaca el expresidente de México Ernesto Zedillo Ponce de
León. En los 6 meses que lleva el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ese gasto asciende a 89 millones 124 mil pesos.
De los 97 exfuncionarios, 78 ganan más que el presidente de
la República: sus pensiones superan los 108 mil pesos que el mandatario
impuso como monto máximo para sueldos, e incluso en un caso asciende a casi 300 mil pesos.
En un país con 90 millones de pobres es vergonzoso que existan este tipo de pensiones,
considera el doctor en economía y especialista en gasto público Óscar
Enrique Díaz Santos. El académico de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) señala que las pensiones del Banco de México son al menos siete
veces más altas que las del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado y nueve veces mayores que las del
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Quizás por eso Ernesto Zedillo no renunció a esa remuneración. Y es que a diferencia de los otros expresidentes de México, él mantiene su paga vitalicia con cargo al presupuesto del Banxico: 107 mil 122 pesos al mes. El político expriísta fue miembro de la Junta de Gobierno del Banco de 1987 a 1990 y presidente del país de 1994 a 2000.
El sistema del banco central es de prebendas, porque otorga pensiones del ciento por ciento del último salario de los funcionarios, y a veces un poco más,
señala el investigador Gabriel Badillo González. Adscrito al Instituto
de Investigaciones Económicas de la UNAM, explica en muchos casos los
beneficiarios ni siquiera son de la tercera edad: si han cumplido 25 o
30 años de servicio ya pueden pensionarse.
En la lista de los privilegiados figuran el actual gerente
general del Banco de Pagos Internacionales, Agustín Carstens Carstens;
el exsecretario de Hacienda José Francisco Gil Díaz; y los
exgobernadores y exsubgobernadores Miguel Mancera Aguayo, Guillermo
Ortiz Martínez, Ariel Buira Seira, Jesús Marcos Yacamán, José Julián
Sidaoui Dib y Roberto del Cueto Legaspi, entre otros.
Todos ellos se embolsan entre 100 mil y poco menos de 300 mil pesos mensuales del erario. La pensión más alta –por 297 mil 433 pesos– la cobra Mancera Aguayo, quien fuera gobernador de la institución de 1994 a 1997.
Para el doctor en derecho Manuel Fuentes Muñiz, estas pensiones son
“un enorme privilegio”, pues a diferencia de los exfuncionarios del
Banxico, “a la absoluta mayoría de los trabajadores jubilados se
les está pagando el equivalente a un salario mínimo mensual: unos 3 mil
80 pesos, aproximadamente”.
La política de austeridad, sin embargo, está muy lejos de evitar
estas canonjías. El especialista en gasto público Díaz Santos explica
que éstas y la Ley Federal de Remuneraciones no afectarán el
monto de las pensiones que paga el Banxico, puesto que la única forma de
que se reduzcan sería con la creación de un sistema de pensiones
unitario y equitativo, que incorpore los diversos regímenes
existentes, incluidos los de Nacional Financiera, la Comisión Federal de
Electricidad, Petróleos Mexicanos y el propio Banco.
Otros favorecidos de esa última institución son: Enrique Trueba Méndez de Vigo, exdirector de Trámite Operativo de 1983 a 1993, que recibe 266 mil 521 pesos mensuales; y Francisco Gerardo Rueda Rábago, director de Contraloría de 1988 a 1996, quien percibe 252 mil 201 pesos cada mes.
De acuerdo con información del propio Banco, por esas 97
onerosas pensiones se gastaron 44 millones 562 mil pesos tan sólo en el
primer trimestre de 2019. El monto representó el 20.6 por ciento del
gasto total por concepto de pensiones y jubilaciones, que en ese mismo periodo sumó 216 millones de pesos destinados a la cobertura de 3 mil 431 beneficiarios.
Para conocer los criterios que posibilitan la disparidad en las
pensiones y por qué no se aplica una política de austeridad en el Banco,
Contralínea solicitó entrevista con el gobernador Alejandro
Díaz de León Carrillo, pero la vocera de la institución, Gina Castillo
Casanova, indicó que no tenían nada que decir al respecto.
La encargada del área de Comunicación Social también dijo que ni el
Banxico ni sus funcionarios harían declaración u opinión alguna respecto
a la controversia constitucional –sobre la Ley Federal de
Remuneraciones– que interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de
la Nación para que no les fueran recortados sus sueldos y puedan seguir ganando más que el presidente López Obrador. Pensiones millonarias
El doctor en derecho Manuel Fuentes Muñiz considera que si bien las
jubilaciones y pensiones del Banxico responden a disposiciones legales y
son acordes a su autonomía y normatividad interna, son contrarias a la política de austeridad que plantea el gobierno.
El profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana explica a Contralínea
que los pensionados y jubilados de Banxico pueden aducir que son
derechos adquiridos y que no se les pueden quitar. Pero, considera, si
una ley es desproporcionada tiene que haber una definición del Congreso
de la Unión o una declaración de la propia institución que permita
revocar este tipo de canonjías. Para que el gobierno pueda
transformar esta realidad se requiere de una legislación especial que
corte o disminuya estos montos, advierte.
Mientras eso no suceda, decenas de exservidores públicos del Banxico seguirán viviendo del erario, como
Fernando Liceaga Rodríguez, quien fuera director de Administración de
1982 a 1996 y que actualmente sigue cobrando una jubilación mensual de
251 mil 188 pesos. O Guillermo Ortiz Martínez, gobernador de 1998 a 2009, a quien se le pagan 237 mil 971 pesos mensuales.
Así, tan sólo en 2018, cada uno de esos 97 exfuncionarios
recibió entre 2 millones 717 mil y 3 millones 400 mil pesos, sufragados
con los recursos del pueblo. Uno de esos 97 es el anterior gobernador
del Banco (2010-2017), Agustín Carstens Carstens, quien se embolsó 1 millón 415 mil pesos el año pasado, a razón de 117 mil 927 pesos mensuales.
Pero los exfuncionarios no son los únicos que reciben pensiones millonarias: también hay beneficiarios por viudez u orfandad, cuyas percepciones oscilan entre 120 mil y casi 200 mil pesos.
En esa condición se encuentran Verónica Ruiz Torres, con 193 mil 156
pesos mensuales; María de la Luz Mujica y Acereto, 147 mil; Paz María
José de la Mora García Sainz, 135 mil, y María Benita Gil Solís, 119
mil.
En entrevista con Contralínea, el maestro Gabriel Badillo González señala que, previo a la llegada al poder de López Obrador, muchos servidores del Banco de México se jubilaron de manera anticipada para retirarse con una pensión igual a su sueldo.
El anuncio que hizo el morenista en su campaña electoral respecto de la reducción de sueldos en el servicio púbico causó pánico entre los servidores públicos de más alto nivel,
explica el investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de
la UNAM. “No creo que la Ley de Remuneraciones o de Austeridad tengan
posibilidades de cambiar esta situación”.
En 1994, año en el que se dio la transición entre Carlos Salinas de
Gortari y Ernesto Zedillo, el Banco de México modificó su plan de
pensiones y adoptó el sistema de capitalización individual o
contribución definida. Los trabajadores contratados antes de
dicho año permanecieron con el régimen anterior, razón por la cual hoy
existen diferencias de más de 100 mil pesos en las jubilaciones de altos
funcionarios.
De acuerdo con el maestro Gabriel Badillo, la normativa estableció
que para los servidores que ingresaron a trabajar después de esa reforma
ya no existirían prestaciones tan onerosas y, en dado caso, “no
habría tanto problema porque serían financiadas por las propias
aportaciones de los trabajadores y ya no con recursos públicos”.
El investigador agrega que “las nuevas generaciones de servidores públicos del Banxico no van a recibir estos beneficios. Ahora
tienen un nuevo esquema que es financieramente más viable, pero a
quienes actualmente reciben estas pensiones no se las pueden quitar. Es casi imposible modificar esta situación porque hay un andamiaje jurídico que no lo permite”.
No obstante, la doctora Berenice Ramírez López, investigadora del
Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, opina que el Banxico
mantiene, aún después de la reforma de 1994, un régimen de
jubilación de privilegio, pues sus servidores tienen mayor certidumbre
que el resto de los trabajadores mexicanos afiliados, por ejemplo, a las
Afores.
La especialista en políticas públicas agrega que las pensiones de los
exgobernadores del Banco son reflejo de la corrupción en el país,
porque muchos de estos funcionarios llegaron a esos puestos a través de recomendaciones de conocidos y no por sus propios méritos.
La doctora en estudios latinoamericanos considera
que las políticas de austeridad tienen un objetivo correcto y por eso se
encuentran con tanta resistencia. “Incluso el gobierno se ha quedado
corto en hacer una evaluación más profunda sobre cómo, ante una economía
deprimida, con bajos salarios, el empleo público se transformó
en un espacio de desarrollo para sectores de clase media alta que fueron
ubicados fundamentalmente por las relaciones políticas que tenían con
los directivos”.
Alba Olea
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