La Jornada
Editorial
Nunca ha sido frecuente
denunciar por vía legal a los impartidores de justicia en México, sean
jueces, magistrados o funcionarios administrativos de menor rango. Aun
cuando el organismo encargado de velar por la transparencia del sistema
judicial – el Consejo de la Judicatura Federal (CJF)– ha definido y
formulado mecanismos relativamente sencillos para hacerlo, las
acusaciones contra esos servidores públicos casi siempre suelen tener
carácter extraoficial. Instituciones o personas denunciantes prefieren
atribuir, generalmente mediante los medios o de manera verbal, conductas
irregulares, faltas administrativas o directamente delitos a
funcionarios de dicho sistema, que pasan así a ser públicamente
cuestionados sin que ninguna gestión procesal avale el cuestionamiento.
Ello equivale a una campaña pública de descrédito (cierta o no) que no
tiene ningún peso legal: los incriminados pueden ser culpables o
inocentes, pero no hay ninguna disposición que los sancione, o en su
caso los absuelva. En otras palabras, la justicia, para bien o para mal
brilla por su ausencia.
El dato según el cual, entre abril de 2018 y el mismo mes de 2019, el
propio CJF habría levantado nueve denuncias penales contra igual número
de funcionarios del Poder Judicial sin que ninguna de ellas derivara en
una petición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que se
ejercitara acción penal
contra ningún juez o magistrado, da lugar a una inquietante duda.
La afirmación de que la FGR no hizo ninguna petición provino de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura; sin
embargo, en un comunicado, la Dirección General de Comunicación Social
del CJF (esto es, la misma institución) admitió haberse negado a separar
del cargo a dos magistrados, como lo habría solicitado en noviembre
pasado la entonces flamante FGR. Entonces, o bien las denuncias no
recibieron atención (versión Asuntos Jurídicos) o bien el Consejo desoyó
el pedido de la Fiscalía General de la República (versión de
Comunicación Social).
Si ninguno de los nueve denunciados fungiera como magistrado ni como
juez, las dos versiones podrían ser compatibles; pero ya se vio que una
de las áreas del CJF reconoce, de manera explícita, que hay un par de
magistrados que debieron ser separados de su cargo y no lo fueron.
Persisten, pues, los dos escenarios y ninguno de los dos resulta
alentador.
En paralelo, no ha trascendido la función que desempeñan los
imputados, pero sí los presuntos cargos de que se les acusa. Y no se
trata precisamente de infracciones menores: amenazas, robo, usurpación
de profesión, falsificación de documentos, enriquecimiento ilícito y
hostigamiento sexual.
La claridad en el funcionamiento del Poder Judicial, cuya función
primordial es impartir la justicia que tanta falta hace en México que no
sólo es un reclamo ciudadano y un propósito de gobierno; es, en
esencia, una necesidad impostergable para la República. Es de esperar
que el embrollado episodio aquí reseñado se explique prontamente, y en
especial que el conjunto de los organismos que integran dicho poder
cumplan a cabalidad con su vital función.
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