Gustavo Gordillo/III
Antes de la reforma constitucional de 1992, ¿cómo estaba constituido ese andamiaje para la gobernabilidad en el ámbito rural?
En el vértice, como en el caso del sistema político en su conjunto,
estaba el Presidente de la nación, con una atribución específica en
materia agraria: era la autoridad final en la adjudicación (en donación a
los campesinos) de la tierra. Además, era el principal mecanismo de
articulación de los distintos recursos de gobernabilidad y construía el
sustento simbólico de la alianza de los campesinos con el Estado
mexicano.
Este andamiaje tenía tres patas más. Por una parte, la Secretaría de
la Reforma Agraria –antes de los 70 era Departamento de Asuntos Agrarios
y Colonización. Su función principal era hacer efectivo el control
político sobre los ejidos y las comunidades. Lo ejercía a través de la
interpretación de las leyes agrarias, particularmente aquellas que
tenían que ver con el acceso a las tierras ya dotadas o a las pérdidas, y
a las determinaciones de infracciones cometidas por los ejidatarios y
comuneros. En pocas palabras, la Secretaría de la Reforma Agraria era la
secretaría de gobernación para el campo.
Por otro lado estaban la Confederación Nacional Campesina (CNC) y
luego el conjunto de centrales campesinas afiliadas al Partido
Revolucionario Institucional. Si en sus primeras etapas la CNC ejercía
una representación fuerte por ser el único y privilegiado interlocutor
del gobierno en todos los asuntos relacionados con el campo, conforme
quedaron mejor definidas las funciones que desempeñarían el sector
empresarial rural y el sector reformado, comenzó a perder relativa
fuerza. Por otro lado, el sector empresarial del campo también se
organizó de manera corporativa con la Confederación Nacional Ganadera
(CNG) y la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad (CNPP), que
agrupó inicialmente a todos los agricultores privados, particularmente a
los más grandes.
¿Cuál era la función de esas organizaciones corporativas? En primer
lugar, expresar y negociar las demandas de sus agremiados ante las
instancias estatales. Más importante en el caso de las organizaciones
del sector reformado, administrar los mercados negros, es decir, lo que
se generaban a partir de las regulaciones que encorsetaban legalmente a
los ejidatarios. Así, los ejidatarios no podían vender ni rentar sus
tierras. No podían contratar mano de obra salarial ni ausentarse por más
de dos años del ejido. En todos los casos, las sanciones podían llegar a
la pérdida de la tierra entregada al ejidatario. Pero todas estas
operaciones se realizaban efectiva y masivamente en los mercados negros,
promovidos y en muchos casos alentados por las autoridades
gubernamentales y los líderes agrarios. Así, funcionaban
estratégicamente como el servicio de inteligencia política del campo.
El cuarto elemento de este andamiaje era el conjunto de creencias que
se combinaban para servir como cemento de los otros tres elementos.
Estas creencias tenían dos procedencias. La ideología de comunidad rural
basada en la percepción de la comunidad como mundo cerrado, que
requiere la protección de una instancia externa y que para enfrentarse a
los shocks externos sólo cuentan con la tradición de prácticas solidarias comunitarias.
Por otra parte, la ideología agrarista, en tanto ideología del Estado
mexicano, transportaba como idea central la de asignar al gobierno un
aura de omnipotencia, especialmente al Presidente de la República,
presentado como el protector y el dispensador de favores. Esta idea
tutelar estaba además anclada en la doctrina constitucional del artículo
27.
El andamiaje de la gobernabilidad rural se ve fuertemente impactado
por las reformas rurales de los 90. Es necesario, empero, desde el
principio, dejar en claro que estaba severamente erosionado antes de las
reformas iniciadas en los 90.
Twitter: gusto47
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