Debe asegurar aborto en casos de violación: Grupo de Trabajo
El
congreso de Guerrero debe reformar el Código Penal estatal a fin de
asegurar a las mujeres víctimas de violación los servicios de
interrupción del embarazo sin necesidad de interponer una denuncia o
tener autorización del Ministerio Público (MP) como lo requiere la
legislación actualmente.
Esta es la principal recomendación que emitió el Grupo de Trabajo que atendió la petición de emitir en Guerrero una Alerta de Violencia de Género (AVG) por Agravio Comparado.
La solicitud la hicieron el 8 de marzo de 2019 las organizaciones
“Observatorio Ciudadano de Violencia en el estado de Guerrero” y
“Justicia, Derechos Humanos y Género”, debido a que el Código Penal
estatal en su artículo 159 condiciona el acceso al aborto para las
víctimas de violación sólo si el Ministerio Público acredita el delito.
Para las solicitantes ello limita el ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos de las guerrerenses. Además, las autoridades de
salud tienen la obligación de prestar los servicios de aborto en casos
de violaciones sexuales sin solicitar requerimientos previos o
autorización del MP, basta con la petición por escrito de la mujer bajo
protesta de decir verdad, como lo establece la Norma Oficial Mexicana
046 (NOM 046) sobre la prevención y atención de la violencia familiar y
sexual.
El Grupo de Trabajo coincidió con los argumentos de las
organizaciones de la sociedad civil y emplazó mediante un informe al
congreso de Guerrero a reformar el Código Penal para eliminar el
requerimiento de interponer una denuncia penal y esperar la acreditación
del delito de violación por parte del Ministerio Público, para
autorizar la práctica de un aborto.
Incluso el Grupo de Trabajo sugirió acoplar la legislación de
Guerrero a los avances en la Ciudad de México, donde las mujeres pueden
acceder al aborto de forma voluntaria en las primeras 12 semanas de
gestación.
Los datos que brindó el gobierno de Guerrero concuerdan con las
denuncias de las organizaciones civiles sobre el poco acceso a los
servicios de aborto para las víctimas de violación y la alta incidencia
de este delito.
Informaron las autoridades del estado que de 2016 a 2019 hubo 643
mujeres víctimas de violación sexual. En el mismo periodo, sólo
registraron siete casos en los que las mujeres presentaron un embarazo
como resultado de la agresión. De ellas, sólo tres solicitaron y se les
brindó el servicio de aborto.
También dijeron que el servicio médico público de Guerrero cuenta con
165 personas médicas que prestan servicios de interrupción del
embarazo, de los cuales 88 son hombres y 77 mujeres. Destacaron que no
tienen registro de que algún médico o médica que se haya negado a
practicar un aborto por motivo de objeción de conciencia.
Sin embargo, en la investigación de campo que realizaron las
integrantes del Grupo de Trabajo –conformado por la Comisión Nacional
para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres- identificaron
que el personal de los hospitales teme a realizar interrupciones legales
de embarazos ya que se encuentran en el dilema de aplicar lo
establecido en el Código Penal de la entidad para no ser sancionados, o
seguir las indicaciones de la Norma 046.
El Código Penal de Guerrero en su artículo 158 indica que la mujer
que aborte o consienta a otro para practicarlo, se le impondrá una
sanción de uno a tres años de prisión.
De acuerdo con información del estado de 2016 a 2019 se abrieron 13
carpetas de investigación por el delito de aborto, en todas, las
imputadas son mujeres y ninguna ha recibido una sentencia.
La recomendación de armonizar el Código Penal a la normativa nacional
y de instrumentos internacionales, junto a otras dirigidas a la
Secretaría de Salud, el poder Ejecutivo, y la Fiscalía de Guerrero,
respecto a la capacitación de los servidores públicos en la aplicación
de la NOM 946, aún deben ser aceptadas por el gobernador del estado en
los próximos días.
A partir de ese momento las dependencias involucradas tendrán seis
meses para cumplir las recomendaciones del Grupo de Trabajo encaminadas a
velar por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas
de Guerrero además de evitar otra declaratoria de AVG, pues cabe
recordar que desde junio de 2017 ocho de sus municipios están en Alerta
por la alta incidencia de asesinatos de mujeres en razón de género.
En el país esta es la segunda petición de AVG por Agravio Comparado,
la primera se solicitó en Veracruz, sin embargo, no hubo las reformas
esperadas para legalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación,
debido a que las y los legisladores se negaron a seguir las
recomendaciones.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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