Jueces corruptos

La Jornada: 

Néstor Martínez Cristo

Iniciamos la semana con una noticia que, en principio, pareciera no sorprender demasiado y que muchos damos por descontado:Infiltró el crimen organizado al Poder Judicial, decía la cabeza presentada en letras pesadas en la portada del periódico El Universal del lunes.

Aunque se presume que el poder corruptor del crimen organizado afecta múltiples esferas, entre ellos a los juzgadores, la aseveración cobra especial relevancia cuando resulta que el autor de la misma es precisamente el titular del Poder Judicial de la Federación.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, hizo delicadas revelaciones, pues admite que existen juzgadores federales corruptos que incluso han llegado a establecer nexos con el crimen organizado.

La declaración de Zaldívar, quien desde su llegada a la presidencia de la Corte se echó a cuestas la nada fácil tarea de erradicar la corrupción y el nepotismo existente en el Poder Judicial, cimbró las estructuras de juzgados y tribunales en todo el país y causó enojo, molestia y, desde luego, preocupación, entre los juzgadores.

El ministro presidente reconoció que la lucha contra la corrupción enfrenta fuertes resistencias hacia dentro y hacia fuera del Poder Judicial, tal vez el más conservador y opaco de los poderes del Estado.

En particular llamó mi atención una pregunta y su respuesta, que a continuación reproduzco:

–¿En el PJF hay narcojueces?

–No, yo no los llamaría narcojueces. Hay algunos casos donde el crimen organizado llega a infiltrarse. También hay que tomar en cuenta otra cosa: existen muchos jueces y magistrados federales que arriesgan su vida todos los días y hoy estamos en este esquema de plata o plomo. Entonces también hay que entender que como Estado tenemos el compromiso de protegerlos y brindarles seguridad.

Aquí habría que apuntar que, afortunadamente, la mayoría de los juzgadores del país mantienen conductas honorables, éticas y profesionales. Quizá por eso sea importante ventilar los casos de los jueces y magistrados que no son honrados, que no son honestos y que no tienen el derecho a pertenecer a ese poder.

Es conocido que hay ciertos lugares donde territorialmente el poder corruptor del crimen organizado está muy acentuado y sigue en alza. Eso se ha visto no sólo con el narcotráfico, sino también con otros delitos graves, como el secuestro, el huachicol, la trata de personas o colusiones de juzgadores con despachos de abogados de delincuentes. Hay servidores del Poder Judicial que ostentan bienes que no corresponden a sus ingresos… Y ahí los controles disciplinarios del CJF han quedado a deber.

De acuerdo con el ministro Zaldívar, la corrupción entre juzgadores debe preocupar a los integrantes de ese poder, aunque la situación no sea alarmante… todavía.

En este contexto habría que advertir que si no se toman a tiempo las medidas necesarias, no únicamente la corrupción no va a desaparecer, sino que ésta puede seguirse expandiendo y profundizando. En el Circuito Jalisco, por ejemplo, se han llevado a cabo cambios de fondo que buscan sanear su conformación y que pueden servir como modelo para el resto de los circuitos. Donde sea posible tiene que haber acciones preventivas y, donde se requiera mayor energía, las medidas deberán ser correctivas.

La propuesta del actual ministro presidente es necesaria y valiente, sobre todo en un medio acostumbrado a tapar, a echar bajo las alfombras todo aquello que avergüence o comprometa. La política de cero tolerancia a los corruptos ha dado resultados en diferentes ámbitos y circunstancias, pero será interesante observar el experimento.

El poder corruptor del crimen organizado es cada vez más feroz y diversificado. No es, ni con mucho, un problema exclusivo de jueces y magistrados. Ya hemos visto que lo mismo invade y carcome las estructuras de los cuerpos de policía, que de legisladores, alcaldes, gobernadores y hasta de las fuerzas armadas.

La reforma del Poder Judicial Federal pasa, sin duda, por su saneamiento y limpia de corrupción. Cuatro años no parecen suficientes para lograrlo, pero sí para sentar nuevas bases y formas más éticas de comportamiento. La apuesta es grande. Se tocarán fuertes intereses de propios y extraños. Pero el verdadero reto será superar los escollos generados por algunos integrantes de la carrera judicial que siempre han sido reacios a cualquier cambio que afecte sus beneficios particulares.