1.- A contrapelo de las
luchas populares de las últimas cuatro décadas para poner fin a la
continuidad de las políticas neoliberales y del clamor expresado en las
urnas el primero de julio de 2018, el neoliberalismo persiste y se
profundiza. A pesar del cambio de gobierno son notorias las iniciativas
que refuncionalizan el modelo neoliberal y dan continuidad a las
reformas estructurales en prácticamente todos los campos de actividad
gubernamental. El reciclamiento neoliberal incluye a las propias
“elites” políticas priístas, perredistas y aún panistas que se han
metamorfoseado dentro y fuera de MORENA, ocupando la conducción de buena
parte de los gobiernos estatales y municipales. Los grupos de poder de
la vieja clase política y sus nuevos reclutas dominan el Congreso de la
Unión; el cambio de correlación de fuerzas a favor de los
antineoliberales en las elecciones federales no se corresponde con la
composición conservadora de las Cámaras, que han promovido leyes
regresivas y aprobado una gran cantidad de reformas a la Constitución y
al marco jurídico en la línea neoliberal. Desde la ultraderecha el
panismo con todo y excresencias fascistoides, como siempre, ha sido
comparsa del régimen oligárquico. A modo de ejemplo destacamos las
reformas que legalizan la militarización del país, las reformas
laborales, la Reforma Educativa y la iniciativa de Reforma Agraria más
neoliberal que la de 1992, entre otras.
2.- La continuidad de la
Reformas Estructurales a través de diversas iniciativas del gobierno en
turno, deja en manos de los intereses antinacionales, locales y
extranjeros la política económica. El Banco de México, Hacienda, la
OCDE, el Banco Mundial, el FMI y las bolsas de valores de las grandes
potencias siguen normando la economía de nuestro país. El nivel de
inversión pública productiva, es similar o está por debajo de la
instrumentada en los últimos dos sexenios; además, las concesiones
otorgadas a las trasnacionales y a Estados Unidos a través del TLC-T-MEC
y el pago de la deuda pública entre otras medidas favorables a los
empresarios, imposibilitan la superación de las inercias propias del
capitalismo neoliberal, con todo y las iniciativas para fortalecer las
finanzas públicas y el mercado interno. La propuesta de recuperar el
control del Estado de áreas importantes de la industria energética
acertada en principio acabó por entregar la petroquímica, el sector más
rentable, a la iniciativa privada a cambio de promesas de inversión y de
apoyo político. No existe propiamente un proyecto de desarrollo para la
descolonización que se base en emprendimientos público-sociales y
público-comunitarios; única alternativa para superar al neoliberalismo,
entendido este como lo que es: un nuevo proceso de recolonización y
desmantelamiento territorial, cultural y económico-social de México. En
su lugar se han reciclado los proyectos de Zonas Económicas Especiales,
el Plan Puebla Panamá, el Corredor Transítsmico y el Tren Maya que
reedita proyectos del tipo del McLane-Ocampo y reactualiza consigna de
la Doctrina Monroe de “América para los americanos”.
3.- Los
procesos de despojo de los bienes comunes y destrucción de derechos
sociales y laborales sigue su curso a pesar de la supuesta
democratización del país, los elementos característicos del régimen
oligárquico perviven; los acuerdos que definen el rumbo del país se
toman por un puñado de políticos y de grandes empresarios incluidos los
agentes del gobierno estadounidense. La militarización se ha legalizado;
y con ello la instalación de un régimen cívico-militar sigue su marcha
ascendente a través de un dispositivo de “Estado de Excepción Blando o
Suave”, que consolida la influencia de las fuerzas armadas y a sus
tutores estadounidenses como el “otro poder”.
El monopolio de la
gestión de los recursos estatales se ha concentrado en manos de la
presidencia como en los viejos tiempos del presidencialismo extremo. Las
reformas laborales y los bonos de asistencia social acabaron por
legalizar el trabajo precario que se acompaña con la pretensión
presidencial de desaparecer toda competencia política no liberal; toda
competencia planteada desde propuestas comunitarias y ciudadanas. Por
poner un ejemplo de la liberalización del régimen en un sentido no
democrático: reparemos en la ofensiva contra el sindicalismo, aún el
moderado, que desaparece o debilita las relaciones de bilateralidad
entre patrones y trabajadores, sustituyéndolo por un esquema que
legaliza la intervención del Estado, de la presidencia y los poderes
facticos en la vida interna de los sindicatos a nombre del voto
universal y secreto, en detrimento de las formas de organización
consejista y comunal, en menoscabo de la democracia popular y
comunitaria. Un ejemplo de cómo funciona en concreto el régimen
oligárquico en los tiempos de la 4T es el relanzamiento maquillado de la
Reforma Educativa de Peña Nieto pactada con la oligarquía y la supuesta
democratización del SNTE procesada con Elba Esther Gordillo, Alfonso
Cepeda y algunos supuestos dirigentes opositores.
Sin embargo,
el colmo del autoritarismo y del actuar grotesco y demagógico del
presidente en turno son sus “tómbolas democráticas” y sus consultas
llevadas a cabo en mítines a modo donde por aclamación ratifican sus
decisiones personales. Tales “consultas” nada tienen que ver con una
asamblea o consulta legal y particularmente violentan la Ley sobre la
libre determinación de los pueblos originarios. Esas son algunas de las
tantas incongruencias de un gobierno que se precia de democrático y
laico; que hace concesiones a quienes sueñan con un Estado Confesional.
En esa atmosfera conservadora las reformas sobre matrimonio igualitario
no bastan para cambiar significativamente los contornos de un Estado
patriarcal y racista.
4. Hasta ahora el proyecto de asistencia y
superación de las desigualdades históricas, entre ellas las derivadas
de las nuevas formas que el capitalismo neoliberal tomó en los últimos
40 años, no ha pasado de ser una propuesta para la redistribución de la
pobreza, nada que ver con la redistribución de la riqueza y el
desarrollo. Los bonos de asistencia otorgados por el presente gobierno
que sustituyen los derechos sociales alcanzados a través de la lucha y
del trabajo y de la construcción de ciudadanías democráticas, dan
continuidad a la concepción neoliberal de la gubernamentalidad que desde
el gobierno de Miguel de la Madrid se viene aplicando como modelo
control de la participación social y de la lucha de clases. Acceder al
consumo y al trabajo aunque sean precarios, es uno de los instrumentos
para “ciudadanizar” precarizando a las personas; convirtiéndolas en
clientes del capitalismo, en la base social de los partidos y las
organizaciones sociales y civiles de corte liberal que funcionan como
extensiones informales del Estado Contrainsurgente y Neocolonial.
El
6 % de aumento al gasto social en 2019 resulta insuficiente para
contener el crecimiento de la miseria. La reingeniería política que
preside la distribución de los presupuestos sociales prioriza la
formación de clientelas electorales y de contención a cualquier
iniciativa de cambio profundo. Anta la escases de recursos la
redistribución del presupuesto social ha generado múltiples conflictos;
los bonos son selectivos y suelen disminuir los beneficios adquiridos
por algunos sectores que gozaban de más de un bono asistencial; lo que
se agrava con las políticas de austeridad que afectan a sectores
populares y no solo a grupos privilegiados. Por ejemplo, el bono para
los adultos mayores, sí se cumple con la normativa de otorgarlo a partir
de los 68 años en zonas urbanas y a partir de los 65 en zonas
indígenas, deja fuera a unos 7 millones de personas entre los 65 y 67
años. En la Ciudad de México la nueva política del gobierno canceló el
bono extra en alimentos que se entregaba a las personas de la tercera
edad. Otro tanto ocurre con el PROCAMPO que redujo su cobertura. Aún el
programa estrella de apoyo a la juventud tiene una clara orientación
neoliberal, opera a modo de un subsidio de más de 110 mil millones para
la iniciativa privada, legitimando de paso la vieja propuesta del
“primer empleo” y la cultura de la precariedad laboral.
5.-
Todos los indicadores, nacionales y extranjeros, dan cuenta de un
proceso recesivo que arrancó desde el segundo semestre de 2018 en
México; proceso que se conecta con escenarios de desaceleración de la
economía mundial y latinoamericana. Todo ello es el preámbulo de una
nueva crisis económica cuyas consecuencias serán trágicas para la
mayoría de la población porque opera en el marco de un acumulado
histórico de crisis social y ambiental de larga duración. Desde el
gasolinazo, 2017, la tendencia al empobrecimiento se ha mantenido a
pesar de los recientes incrementos salariales y de la tazas de inflación
que no reflejan el nivel de encarecimiento de los productos básicos.
Son contundentes los datos que hablan del deterioro del empleo a niveles
cercanos a los experimentados durante la crisis de 2008-2009; al igual
que las estadísticas que muestran el crecimiento de la violencia, de los
feminicidios, el tráfico de personas y el flujo de expulsados de
Mesoamérica y el Caribe que se dirigen al norte.
Atenazados entre
las disputas de los Estados Unidos con China, Rusia, Irán, Venezuela y
Cuba; presos de una crisis regional que comprende a los países
mesoamericanos y atados a la economía estadounidense que está a punto de
caer en una recesión económica de pronostico incierto; debemos
prepararnos para situaciones de emergencia nacional; de defensa de las
economías populares y de nuestros territorios y poblaciones. La
inestabilidad y la debilidad de las bases nacionales de la economía
mexicana; la sobrevaluación del peso, y las pugnas entre las facciones
del capital trasnacional ligado a diversas facciones de la oligarquía
local pueden dar lugar a situaciones que agraven significativamente la
catástrofe que vivimos.
En ese terreno de las proyecciones
económicas tal vez estamos muy cerca a lo ocurrido en Argentina que en
tres años con Mauricio Macri como presidente acumuló las siguientes
cifras: inflación 158 %; devaluación 280 %, PIB -18%; deuda externa +35%
y pobreza +33 %, todo sin bloqueos imperiales como los vividos por
Venezuela. Por eso la condescendencia de AMLO y su gabinete con los
empresarios representados por Carlos Salazar Lomelín que le aseguran que
invertirán lo suficiente para evitar que la recesión económica termine
por instalarse en el país. Concesiones que iran subiendo de nivel en
momentos en que el bono electoral de AMLO y el caudal de legitimidad
necesario para acotar y presionar a la burguesía y al capital extranjero
tiende a disminuir significativamente. En la lógica de poder y de
proyecto de Obrador es muy poco lo que se puede hacer frente a Estados
Unidos y la oligarquía; para él se trata de acomodarse, de negociar la
mejor forma de ceder ante sus embates. El acuerdo migratorio, el T-MEC y
los compromisos con la cúpula empresarial lo desarman e inmovilizan.
6.-
El gobierno de AMLO representa a una coalición de fracciones de clase
burguesas que incluye a sectores de la clase media y a segmentos de la
oligarquía y la alta burguesía, que a su vez están entrelazados con
corporaciones extranjeras. Es una alianza contradictoria e inestable
donde prevalecen los intereses de la oligarquía, del capital extranjero y
de los Estados Unidos. La administración gubernamental la componen
fracciones de la vieja clase política priísta-panista-perredista y de
las burocracias estatales tradicionales. Las diferencias y
enfrentamientos registrados entre las élites gubernamentales y
empresariales, entre sus partidos políticos, aparatos mediáticos,
jerarquías eclesiásticas, burocracias estatales y sus fuerzas
policiaco-militares, son en lo fundamental contradicciones
interburguesas que se disputan los privilegios derivados de la
administración estatal. La envoltura cultural e ideológica que lo hace
aparecer como un gobierno de las pequeñas burguesías, tanto de
izquierdas como de derechas, tanto lumpenescas como mojigatas, dificulta
la clara comprensión del carácter oligárquico y neoliberal “social” del
gobierno.
Las diferencias interburguesas son de matiz aunque
particularmente agudas en torno a la política hacia Cuba, Nicaragua y
Venezuela y en cuanto al grado de intervención estatal en algunas áreas
económicas: energía, minería, comunicaciones y finanzas. A pesar de
ello, el gobierno de AMLO ha respetado los compromisos con los sectores
de la burguesía y la clase política que lo apoyan y aún los pactados con
sus opositores burgueses, a los que les ha garantizado impunidad. Las
pesquisas contra Lozoya y las mafias petroleras que se beneficiaron de
la corrupción no constituyen una acción generalizada contra los
elementos de la clase política y de la oligarquía opositora. Porque de
ser así, tanto los oligarcas y políticos pro-AMLO como sus oponentes
tendrían que ser llevados a tribunales. El de AMLO no es un gobierno
antioligarquico y menos antimperialista; en términos de clasificación
política es un gobierno neoliberal de centro-izquierda, es un gobierno
representativo del ala izquierda de la derecha neoliberal que goza del
respaldo, con todo y contradicciones, de oligarcas como Slim, Azcárraga,
Salinas Pliego y personajes como Carlos Salazar Lomelín Presidente del
Consejo Coordinador Empresarial o Alfonso Romo. A Obrador lo enfrentan
oligarcas del tipo German Larrea, Bailleres, Coppel, Tricio y Ramírez
entre otros; mientras la mayor parte de la oligarquía se abstiene de
externar una posición de cuestionamiento o adhesión militante.
La clase
política está dividida al igual que sus partidos; particularmente el PRI
se ha fragmentado, la mayoría de los priístas que aún no militan en
Morena entienden que la clase política amloista tiene muchos puntos en
común; por lo que en más de una ocasión han votado en el Congreso al
lado de los amloistas. Al igual que en otros tiempos que nos hacen
recordar al viejo PRI, la clase política y la oligarquía nos entretienen
enmascarándose en disputas de liberales contra conservadores, cuando en
realidad todos son liberales y por tanto, en el contexto histórico
inmediato, conservadores en mayor o menor grado. En esa tesitura también
suelen ampararse en las ambivalencias de las pugnas entre izquierdas y
derechas, aunque todas y todos ellos únicamente sean expresiones
particulares de la derecha neoliberal. En el torbellino de luchas
mediáticas entre las facciones burguesas han aparecido categorías
políticas exitosas como las de “fifís” y “chairos”; recreadas por los
“fifís” de la 4T para esconder su carácter de clase. Al igual que ayer
nos incluyen en la defensa de empresarios locales y foráneos bajo la
bandera de los aranceles o en combates contra la corrupción que no
encaran los problemas de fondo que padecemos. En realidad AMLO es un
liberal, muy conservador, poco juarista, y más maderista que cardenista.
7.- Los meses recorridos desde el 1° de julio siguen marcados
por las inercias neoliberales que empujaron a una nueva forma de
recolonización del país. Ante ella el combate a la corrupción estatal no
basta, menos cuando se mantiene en el ámbito de la presidencia sin
tocar a fondo las transferencias de recursos estatales que siguen
operando a través de la obra pública, la deuda y las complicidades con
la economía criminal. El desgaste del gobierno y de la figura
presidencial es evidente; ahí están los hierros mediáticos de AMLO, sus
exabruptos personales y los balances estadísticos de popularidad
presidencial desde Salinas hasta la actualidad. La legitimidad y el
entusiasmo inicial se van desvaneciendo en la medida que los problemas
derivados de las estrategias neoliberales no encuentran salidas
medianamente populares. Ante el agravamiento de la inseguridad y las
carencias económicas el riesgo del regreso a la presidencia de las
facciones más derechistas crece. El “fenómeno” Bolsonaro o una variante
similar que incluso puede venir del interior de Morena son altamente
probables; especialmente en un ambiente de crisis económica próxima a
estallar cuya duración y profundidad es incierta. Bajo cualquier
expectativa la crisis echará por tierra las proyecciones económicas del
gobierno de AMLO y con ello las ilusiones de muchos de sus seguidores
serán remplazadas por el desencanto, lo cual será aprovechado por la
ultraderecha.
8.- Quienes desde algunos movimientos sociales y
civiles albergaron esperanzas de cambios sustanciales seguirán
esperando. En tanto AMLO desarrolla estrategias de contención y
cooptación hacia los movimientos potencialmente más peligrosos para su
esquema de controles. Sus iniciativas no son de buena fe, las
concesiones que ofrece son una especie de carnada que muchos han
mordido. Desmontar a la CNTE y los movimientos territoriales, entre
ellos al EZLN, neutralizando en el camino a medios críticos y
organizaciones civiles relativamente autónomas, han sido parte de sus
estrategias que se extienden al campo de las viejas organizaciones de
control sindical y campesino. Las campañas de linchamiento mediático y
la satanización de la resistencia social, su equiparación a la
ultraderecha o a los conservadores, son ingredientes propias de las
campañas contrainsurgentes, no simples dislates de quien ocupa la
presidencia y le hacen conscientemente el juego a la oligarquía y el
imperialismo.
AMLO no es demócrata ni socialdemócrata, menos
nacionalista; está obsesionado en que el proceso de Revolución
Democrática que se abrió en 1988 se encuadre en una simple alternancia
de partidos y un ajuste del régimen político donde él se convierte en el
eje articulador por encima de la clase política y los órganos
estatales. En ese sentido su 4T no nace de un episodio de revuelta como
el que dio paso a los Tratados de Ciudad Juárez en 1911; a un acuerdo
interoligárquico entre Madero y Porfirio Díaz, sino de un pacto
electoral con diversos poderes facticos que delimitan los alcances de su
movilidad política, sin el respaldo de fuerzas organizadas para un
combate que no sea electoral y clientelar. En su horizonte no hay
revolución, ni pacifica ni violenta; tampoco socialismo a lo
socialdemócrata y menos descolonización; en decir, recuperación de los
bienes comunes y las fuerzas productivas de la nación como presupuesto
de la independencia nacional. Y mucho menos en su visión de país está
presente un proyecto de integración e independencia de la Patria Grande o
de Mesoamérica siquiera.
La mejor manera de enfrentar a la
ultraderecha, a la oligarquía y a los capitalistas más retrogradas no es
sumándose a un alianza con la oligarquía “progresista” o “buena”, sino
prepararnos para profundizar la Revolución Democrática Nacional en el
marco de la crisis y de los resquicios políticos abiertos por las
resistencias cívico-electorales y cívico populares.
9.- “El
movimiento social en sus diversas expresiones populares, sindicales,
rurales y urbanas, indígenas e indígenas-mestizas; feministas y por los
derechos de la sexo-diversidad genérica, entre otros, debe asumir el
desafío de presentar una proyecto alternativo de poder, de gobierno
desde la base, desde la comunidad que construya y proporcione salidas y
soluciones al desastre nacional causado por los neoliberales, por las
oligarquías económicas y políticas asociados al imperialismo
estadounidense a sus empresas y aliados. Para ello está obligado a
recomponerse sobre nuevas bases que le ayuden a superar su papel de
fuerza de presión o de acompañamiento de alternativas liberales y
burguesas. Debe reconstruir sus procesos de autonomía e independencia
para transformarse en el factor protagónico y decisivo de la lucha por
resolver los problemas cotidianos de la población en un contexto de
construcción de gobiernos alternos y de disputa por el gobierno y el
poder nacional. En ese marco es urgente su rearticulación en un frente o
movimiento antineoliberal que se proponga la refundación del país desde
sus bases originarias y desde el pueblo. Que enfrente los problemas de
miseria e inseguridad, de defensa del territorio y los bienes comunes a
modo de un Movimiento Constituyente Ciudadano y Popular.
Para
ello requerimos articular nuestras luchas particulares y nuestros
esfuerzos organizativos en una coordinación o Frente que asuma una
plataforma de lucha democrática nacional, evitando las discusiones
doctrinarias políticas o religiosas que deben reservarse para otros
espacios.”
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