En los contratos otorgados por Sedesol y Sedatu se violó la ley de adquisiciones, reportó la ASF
De los más de 5 mil millones de pesos que se desviaron
del erario federal para obras no entregadas y trabajos no realizados que
se esparcieron en el sistema financiero mexicano, 3 mil millones de
pesos presuntamente se entregaron a instituciones académicas que se
ubican en el estado de México, Hidalgo, Quintana Roo y Chiapas, refieren
los datos de prueba aportados por la Fiscalía General de la República
(FGR) en la acusación presentada contra la ex secretaria de Estado
Rosario Robles Berlanga.
Lo anterior, de acuerdo con los 24 dictámenes técnicos de la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) que presentó la fiscalía como
dato de prueba en la audiencia de vinculación a proceso de Rosario
Robles, relacionados con la firma de contratos y convenios que ex
funcionarios de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)
firmaron con universidades estatales y politécnicas, y entes públicos
que no tenían experiencia ni la capacidad técnica para realizar los
servicios contratados.
De acuerdo con los registros de la ASF, entre 2013 y 2014 las
universidades Autónoma del Estado de México (UAEM) y la Autónoma de
Morelos (UAM) obtuvieron más de un millón 88 mil pesos, debido a que la
Sedesol firmó con estas casas de estudio al menos 11 contratos y
convenios.
En la cuenta pública 2015 se menciona que la Sedesol firmó acuerdos
con la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, la
Universidad Politécnica de Texcoco y la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl, por un monto de 701 millones 563 mil pesos.
También hay un contrato con la Universidad Autónoma de Chiapas (UACh)
por 121 millones 600 mil pesos, y con la Universidad Politécnica de
Chiapas por 186 millones 113 mil pesos, dos más con la Universidad
Quintanarroense, uno por 450 millones 68 mil pesos y el segundo por 356
millones 556 mil.
Asimismo, la Sedesol signó un convenio con la Universidad Politécnica de Quintana Roo por 97 millones 268 mil pesos.
Entre los ex rectores que aparecen como responsables de haber signado
los acuerdos se encuentran, por la UAM, Alejandro Vera Jiménez; por la
UACh, Jaime Valls Esponda, y por la Universidad Politécnica Francisco I.
Madero, Juan de Dios Nochebuena.
Sin embargo, el Ministerio Público Federal (MPF) aún investiga en qué
acuerdos se falsificaron firmas o se suplantaron documentos.
De acuerdo con las investigaciones del MPF, los acuerdos tenían como
propósito adquirir artículos del programa Cruzada Nacional contra el
Hambre, otro relacionados con una estrategia de información para
difundir programas sociales y campañas en radio y televisión o para el
levantamiento de encuestas socioeconómicas en zonas rurales y
semiurbanas con el fin de identificar y localizar a personas en
situación de pobreza alimentaria en las 32 entidades federativas, así
como la prestación de servicios informáticos y tecnológicos.
Para las autoridades, la mayoría de los convenios fueron irregulares
debido a que las condiciones eran que las casas de estudio no podían
subcontratar más de 49 por ciento de lo acordado a un tercero; sin
embargo, algunas instituciones pagaron más de 92 por ciento.
Para la Fiscalía General de la República en los contratos y convenios
se violaron varios artículos, principalmente el primero de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
En la audiencia del pasado lunes, los abogados de Rosario Robles
Berlanga pretendían que se desecharan los dictámenes de la ASF, al
señalar que esos documentos se dieron a conocer tres años después de que
se signaron los contratos y convenios.
El juez federal Felipe de Jesús Delgadillo Padierna rechazó la solicitud.
César Arellano y Gustavo Castillo
Periódico La Jornada
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