Ratifica y amplía las sanciones a los creadores de Populismo en AL
Por mayoría de votos, el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) concluyó que durante el proceso
electoral del año pasado hubo una campaña negra en contra del ahora
presidente Andrés Manuel López Obrador, a partir de la difusión de la
serie Populismo en América Latina, material en el que se le calificaba al entonces candidato como
redentor furioso.
El hecho, advirtió el TEPJF, se presentó bajo la
fachadadel ejercicio de libertad de expresión; sin embargo, violó el modelo de comunicación política que prohíbe la contratación de espacios en radio y televisión con fines electorales.
Así, el tribunal ratificó y amplió las sanciones a los creadores de
la serie en mención, por las denuncias presentadas por los partidos
políticos Morena y PAN. Este último impugnó al considerar que el
documental beneficiaba al PRI.
En el proyecto aprobado ayer por la sala superior del tribunal, luego
de una discusión de más de dos horas, se advirtió que la producción
afectó la imagen de López Obrador, y se acreditó un despliegue de
publicidad para influir en las preferencias electorales.
Ya no es tan controvertido (decir) que había una campaña negra contra uno de los candidatos, expuso el magistrado Felipe de la Mata.
El magistrado presidente, Felipe Fuentes, ponente del proyecto, subrayó que el derecho de la libertad de expresión
no puede ser utilizado como una fachadapara vulnerar las normas y principios que le dan contenido a nuestra democracia.
Gústenos o no, existe una regulación muy definida de lo que es el modelo de comunicación política desde la reforma constitucional de 2007, advirtió.
Simulación
Para mí, agregó, se llega a la conclusión de que
sí existió una estrategia de comunicación que, simulando un auténtico ejercicio de la libertad de expresión, pretendió influir en la pasada contienda electoral para elegir al presidente de la República, y para mí esto sí es violatorio del modelo constitucional de comunicación política.
En contra votaron los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez,
quienes –con distintos matices– sostuvieron que no se comprobó la
contratación ilegal (de publicidad) y que el material se enmarcó dentro
del ejercicio de libertad periodística.
En el proyecto se documenta la existencia de publicidad en camiones,
teléfonos celulares, promocionales en televisión, entrevistas y
cintillos en medios audiovisuales
para generar una campaña integral negativahacia el entonces candidato.
La información e investigaciones realizada por el Instituto Nacional
Electoral y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de
Hacienda mostraron el
complejo esquema integrado por personas físicas y morales destinado a violar el modelo de Comunicación Política para, con recursos presuntamente privados, intentar influir negativamente en la percepción pública de un candidato presidencial en el proceso electoral federal del pasado 2018 mediante una campaña negra, advirtió el tribunal
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
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