Editorial La Jornada
Desde las primeras horas de
ayer, Rosario Robles Berlanga, ex jefa provisional de gobierno del
Distrito Federal y ex titular de las secretarías de Desarrollo Social
(Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), se
encuentra en prisión preventiva por decisión de un juez que encontró
elementos para procesarla por ejercicio indebido del servicio público y
por causar al erario un quebranto de más de 5 mil millones de pesos
cuando se desempeñó al frente de esas dependencias en el sexenio de
Enrique Peña Nieto.
Por sí misma, la decisión judicial, adoptada con base en la acusación
que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) con información
de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de
las Federación (ASF), generó un vasto impacto en la opinión pública y en
los círculos políticos del país, no sólo porque en los tres sexenios
anteriores no hubo un solo integrante del gabinete sometido a proceso
penal, sino también porque la defensa de la hoy reclusa en la prisión de
Santa Martha Acatitla arguyó que tanto Peña Nieto como José Antonio
Meade –sucesor de Robles en la Sedesol y ex candidato priísta a la
Presidencia– estaban al tanto de las irregularidades multimillonarias
detectadas en su momento por la ASF, lo que podría llevar a ambas
figuras políticas a comparecer ante el tribunal, ya sea en calidad de
testigos o incluso de indiciados.
Esta situación sin precedente puede prefigurar un colapso de las
redes de complicidad, encubrimiento e impunidad que se establecieron
durante muchas décadas en las instituciones nacionales y que sirvieron
de parapeto para el desarrollo de una corrupción tan voraz como
monumental. Ese derrumbe daría paso, a su vez, a decenas de imputaciones
en contra de altos ex funcionarios federales y estatales del pasado
reciente sobre cuyo desempeño deshonesto no hay hasta la fecha más que
inferencias y sospechas masivas.
Tal perspectiva se ve reforzada por el proceso penal pendiente en
contra de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos, y de
Alonso Ancira, propietario de Altos Hornos de México (AHMSA), el
primero prófugo de la justicia, y el segundo, en régimen de libertad
condicional y sometido a un juicio de extradición en España. Ambos están
acusados de provocar un grave daño al patrimonio nacional con la
compraventa, a precio estratosférico, de una planta de fertilizantes que
resultó ser poco más que chatarra.
Sobre Lozoya Austin pesa, además, un señalamiento por su presunta
participación en la trama internacional de corrupción de la firma
brasileña Odebrecht.
En suma, confirmar las tesis de la fiscalía en el juicio a Robles
Berlanga, podría marcar el inicio del derrumbe del pesado telón de
impunidad que ha prevalecido por décadas en México, algo que bien
merece-ría denominarse el comienzo de una etapa nueva en el país.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario