Gustavo Esteva
Llega en estos días a su fin la primera fase del amplio espectáculo que se montó en torno a los derechos de los pueblos originarios. Pero no está claro para quién se organizó.
Se informará al Presidente y al país entero que se realizó una amplia consulta previa, libre e informada, apegada a normas nacionales e internacionales, y que será al fin posible legislar para reconocer plenamente los derechos de los pueblos indígenas y así cumplir con los acuerdos de San Andrés y con deudas que el país tiene con ellos desde que nació.
Se han multiplicado las críticas sobre el ejercicio. Por ejemplo, tiene razón el reconocido abogado mixteco Francisco López Bárcenas cuando sostiene que el derecho a la consulta se ha trivializado. Para él, lo que se ha estado haciendo no ha sido una consulta, sino una forma de recoger opiniones para legitimar lo que de antemano se ha decidido.
Más que analizar la calidad del espectáculo, cuestionado con muy buenos argumentos, importa preguntarse por lo que se habría decidido, lo que se querría encubrir con él. Se ha denunciado que, lejos de proteger a los pueblos, las reformas propuestas preparan nuevas vías al despojo. Como señala Francisco, una cuestión central es la de los recursos, a la forma en que se les aborda, en particular cuando se les considera estratégicos.
La palabra recurso significaba originalmente vida. Su raíz evocaba la imagen de una fuente que continuamente surgía del suelo. Aludía al poder de autoregeneración de la naturaleza y a su prodigiosa creatividad. Como ha explicado Vandana Shiva, aludía también a una antigua relación entre los seres humanos y la naturaleza, que sugería reciprocidad. Con el industrialismo y el colonialismo se produjo un quiebre conceptual. Hacia finales del siglo XIX se había despojado ya a la naturaleza de su poder generador, para verla solamente como un depósito de materias primas que han de ser transformadas en insumos para la producción de mercancías. Para la década de 1960, Naciones Unidas llamaba ya recurso a cualquier material o condición existente en la naturaleza que puede estar sujeto a la explotación económica. Los seres humanos quedaron en la misma condición que la naturaleza. Se hablaba ya, normalmente, de recursos naturales y de recursos humanos. Nos definía la explotación.
Vandana describió también el proceso patriarcal de desacralización de la naturaleza, desde Bacon, y cómo, en forma paralela, se desmanteló la idea de la realidad natural como un ámbito de comunidad, un bien común al que todos y todas han de tener acceso y por el que son responsables.
Entre nuestros pueblos persiste la forma antigua de percibir a la Madre Tierra y de relacionarse con ella con respeto y reciprocidad. Reducir a lo económico sus tierras y territorios y a las relaciones que con ellos se tienen, tratándolos como meros recursos, niega a los pueblos el derecho a ser lo que son y sienta bases para el despojo.
Multitud de pueblos expresan hoy, en el país entero, su resistencia a las concesiones mineras que se otorgaron sin su consentimiento y que amenazan sus tierras o ya las ocuparon. El nuevo gobierno no piensa dar más concesiones…pero afirma que tendrá que respetar las existentes, que son precisamente las que son motivo de conflicto y abarcan una enorme porción del país.
Los límites y sentido de lo que hace el gobierno se muestran aún más claramente en otra cuestión. Toda la propaganda sobre el asunto se refiere continuamente a los derechos de los pueblos y se proclama con exaltación que las reformas cumplirán al fin los acuerdos de San Andrés, al reconocerlos como sujetos de derecho público.
No es así. Bajo la sombrilla celebratoria de los derechos a la libre determinación y la autonomía se reduce de nuevo el ejercicio a las comunidades indígenas, a los municipios indígenas y a las asociaciones entre ellos. Una vez más, junto con la jerga económica dominante en las reformas, está el sesgo individualizante, la reducción de todos los derechos a su ejercicio individual. Se entrega la primogenitura por un plato de lentejas que puede estar envenenado: el del acceso directo a recursos públicos por las comunidades.
Es cierto que reconocer realmente a quienes mantienen hasta ahora su condición comunal, que se admite desde la Constitución de 1917 pero no se quiere aceptar, exigiría una transformación profunda del Estado mexicano, concebido desde que nació como un pacto social entre individuos. Es esa transformación la que se acordó en San Andrés.
Por lo que se tiene a la vista, en consecuencia, no es exagerado sostener que el interlocutor real de todo el espectáculo es el capital, las corporaciones privadas. Se trata de que sepan que el nuevo gobierno sigue dispuesto a poner a su disposición tierras y territorios que los pueblos están decididos a defender. Tendrán ahora esos pueblos nuevos obstáculos legales en su lucha.
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