Bajo el mando de Rosario Robles, hoy en prisión
preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla por el cargo de
ejercicio indebido del servicio público, en las secretarías de
Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu) ocurrieron desvíos de recursos por más de 7 mil 600
millones de pesos, de acuerdo con estudios de la Auditoría Superior de
la Federación (ASF).
Como se documentó en estas páginas, de la revisión de las cuentas
públicas de 2013 a 2017 surgieron irregularidades con el mismo esquema,
mediante el cual tanto la Sedesol como la Sedatu otorgaron una serie de
contratos mediante adjudicación directa a universidades estatales y
otros organismos públicos, que a su vez contrataron a empresas recién
creadas y con registro comercial irregular, sin capacidad para realizar
los trabajos encomendados.
Lo anterior ocurrió, además, al amparo del artículo primero de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el
cual señala que “los contratos que celebren las dependencias con las
entidades […] o con alguna dependencia perteneciente a una entidad
federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicación” de las normas
que obligan a dar contratos mediante licitaciones públicas, no a través
de adjudicaciones directas.
Un ejemplo de la forma en que ocurrían las triangulaciones
financieras de las que advirtió la ASF es que en 2015 la Sedesol firmó
un convenio por 319.1 millones de pesos con la Universidad Tecnológica
de Nezahualcóyotl y de 136 millones con la Universidad Tecnológica del
Sur del estado de México.
No obstante, en realidad los recursos se trasladaron a las empresas
Integrasoft SA y Grupo Corporativo Integral Vazme, que a su vez los
dispersaron con otras firmas, las cuales operaron ciento por ciento y 98
por ciento de los recursos que convino la secretaría con las
universidades.
Otro episodio en el que estaría involucrada Rosario Robles como
titular de la Sedesol, es el otorgamiento de contratos por parte de
Diconsa a la Universidad Autónoma del Estado de México y al Instituto
Tecnológico Superior de Cosamaloapan, nuevamente sin comprobar que
tuvieran la capacidad suficiente para concretar el trabajo encomendado,
lo que implicó un quebranto al erario superior a 378 millones de pesos.
El esquema se repitió en 2016, cuando la Universidad Politécnica de
Tlaxcala firmó un convenio con la Sedatu que la obligaba a realizar
diversos trabajos para esa dependencia, pero decidió llevar a cabo una
serie de subcontrataciones con empresas privadas que no tenían capacidad
para cumplir con las labores ni entregaron pruebas de haberlas
efectuado, lo que habría generado un probable daño a la hacienda pública
federal por más de 178 millones de pesos.
Todo lo anterior ha generado un total de 37 denuncias penales en las
que se menciona a Rosario Robles como presunta involucrada, las cuales a
su vez han dado lugar a 21 carpetas de investigación, de acuerdo con
reportes de la Fiscalía General de la República, actualizados a mayo de
este año.
Fernando Camacho y Gustavo Castillo
Periódico La Jornada
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