Desde mediados de julio Zebadúa obtuvo amparo para no ser detenido
Desde la segunda quincena del pasado mes de julio, Emilio
Zebadúa, ex oficial mayor de las secretarías de Desarrollo Social
(Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el
gobierno de Enrique Peña Nieto, obtuvo una suspensión provisional que
impide que sea detenido para enfrentar las acusaciones que la Fiscalía
General de la República (FGR) tiene en su contra por el desvío de más de
cinco mil millones de pesos.
El juzgado tercero de distrito con sede en el estado de Chiapas,
concedió una suspensión provisional para que el Ministerio Público no
pueda citar a comparecer, confiscar bienes o judicializar la carpeta de
investigación en la que se le imputa haber dirigido la falsificación de
firmas y convenios, simulación de contrataciones y otros actos que
derivaron en un daño al erario por 5 mil 73 millones de pesos.
En las constancias el Consejo de la Judicatura Federal menciona que
dentro del juicio de amparo 2005/2019, presentado el 19 de julio de este
año, Emilio Zebadúa solicitó la protección de la justicia federal ya
que el Ministerio Público Federal cometió
omisión de dar acceso a constancias y confiscación de bienes; omisión legislativa al aprobar el Código Nacional de Procedimientos Penales (no contener norma vinculante que imponga al MP la obligación forzosa de notificar al imputado la acusación o imputación formulada en su contra).
Ante las constancias recibidas por parte de la FGR, el juez Felipe Sifuentes Servín determinó conceder
la suspensión provisional para el efecto de no judicializar la carpeta de investigación y se mantengan las cosas en el estado que guardan, es decir que Emilio Zebadúa no sea objeto de detención o citación ni sus bienes sean confiscados.
El jueves pasado, durante la audiencia en la cual se le informó a la
ex titular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles Berlanga, la acusación en
su contra por los desvíos de recursos públicos, se mencionó que Emilio
Zebadúa era quien dirigía las acciones para elaborar los contratos con
universidades y otras entidades públicas y privadas por medio de los
cuales se cometió el desvío de más de cinco mil millones de pesos.
Gustavo Castillo García y César Arellano
Periódico La Jornada
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