La estafa maestra
Rosario Robles y Emilio Zebadúa, los de mayor
nivel jerárquico
Están en marcha cinco procesos legales y más de 20
investigaciones
Las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio
Público Federal (MPF) por el desvío de más de 800 millones de pesos de
las secretarias de Desarrollo Social (Sedesol, actual Secretaría de
Bienestar) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), entre
2014 y 2018, involucran a 60 ex funcionarios de ambas dependencias, se
han iniciado cinco procesos penales y están en curso más de 20
investigaciones, de acuerdo con informes de la Fiscalía General de la
República (FGR).
Entre los funcionarios de mayor nivel de la administración federal
señalados como responsables de desviar recursos mediante convenios
firmados con las universidades de Morelos, Hidalgo, Chiapas, Quintana
Roo, Zacatecas y estado de México, se encuentran Rosario Robles
Berlanga, como secretaria de Estado, y el ex oficial mayor de Sedesol y
Sedatu Emilio Zebadúa.
Los reportes del MPF refieren que de octubre de 2015 a abril pasado
se integraron 21 carpetas de investigación y se han obtenido seis
vinculaciones a proceso. Como parte de las indagatorias, el Ministerio
Público ha logrado que tres ex servidores públicos participen como
testigos colaboradores, lo que ha permitido fortalecer las pruebas
contra los imputados en el desvío de recursos millonarios a empresas
fachada, la realización de obras inexistentes o la adquisición de bienes
que no se entregaron.
Los testimonios de José Antolino Orozco Martínez, María del Carmen
Gutiérrez Medina y Marcos Salvador Infante permitieron que el MPF
acreditara que para llevar a cabo los desvíos de recursos se utilizaron
tres domicilios ubicados en la Ciudad de México, donde el ex oficial
mayor de la Sedesol Emilio Zebadúa dirigía la falsificación de
documentos de supuestos convenios, se llevaba a cabo la suplantación de
firmas en los convenios y se acordaba la transferencia ilegal de
recursos.
Para la FGR que dirige Alejandro Gertz Manero y de acuerdo con las
investigaciones que integró hasta mayo pasado el subprocurador Flipe de
Jesús Muñoz Vázquez, en los desvíos se puso en marcha una
maquinación de gran envergadura y de tantas coparticipaciones, que cuantificó un posible daño patrimonial a la nación por más de 5 mil 875 millones de pesos.
Asimismo, refirió Gertz Manero en mayo pasado, el daño patrimonial
no pudo ser producto de sólo 23 casos personales independientes y aislados unos de otros; por lo cual debió haberse investigado sobre la obvia premisa de colusión y de un interés delictivo coordinado y propositivo para organizar un enorme saqueo concertado y maquinado centralmente desde el poder público, ya que los elementos aportados así lo indican. Se trató de un delito
encubierto en su momento posiblemente por diversas instancias públicas como Hacienda, Función Pública, Educación y otras más.
Además de Rosario Robles, existen otros cuatro servidores públicos
vinculados a proceso. Por parte de la Sedatu, Enrique González Tiburcio,
quien fue subsecretario, y Armando Saldaña Flores, ex director general
de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo.
También están sujetos a proceso Juan de Dios Nochebuena, ex rector de
la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, y Gerardo Ávila García,
ex secretario de la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos.
Gustavo Castillo y César Arellano
Periódico La Jornada
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