CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Se requiere una
nueva policía en la Ciudad de México. Esto se ha dicho durante muchos
años. Tal discurso ya ha cansado de tanto repetirse, pero mucho más
enfada la ausencia de reformas profundas en el cuerpo policial
capitalino.
Cuando desde una corporación de policía preventiva o “ministerial”
(antes judicial) se filtran a la prensa indebidamente informaciones
sobre víctimas, sin que las autoridades condenen el hecho y mucho menos
persigan a sus autores, es cuando mejor se aprecia la descomposición
institucional. Tal cosa ha ocurrido hace unos días, como expresión de
arraigadas costumbres.
El aumento en la incidencia de delitos de violencia sexual en la CDMX
ha llevado a las autoridades a actuar de la misma manera de siempre, la
más primitiva. Se sigue ignorando que quien tiene la obligación de dar
seguridad es el Estado, no cada persona. La violencia, incluyendo en
especial la de género, es un tema de la autoridad y no se resolverá caso
por caso porque el fenómeno es inconmensurable, aunque en cada evento
se debe organizar el aparato de seguridad y justicia para perseguir a
los culpables directos, aspecto que ni siquiera se logra por lo regular.
Sin embargo, la autoridad no parece asumir su más alta
responsabilidad, sino que busca y rebusca explicaciones absurdas y
repite viejas actuaciones.
El aparato policial-judicial no está hecho para crear un ambiente de
seguridad pública y aplicación de la ley, sino para hacer lo que se
pueda. Con solo vigilar intermitentemente el diez por ciento de las
cuadras de una inmensa zona metropolitana se puede lograr disuadir la
comisión de ciertos delitos, pero nada más en los lugares “patrullados”.
Por eso, en la CDMX hay gente que quiere patrulla en cada cuadra, el
perfecto Estado policial; esos son extraviados deseos provocados por el
hartazgo. Existen muchas grandes ciudades donde hay poco patrullaje pero
mucho diálogo entre policía y ciudadanía, además de suficientes,
cercanos y funcionales puestos de agentes.
En todo el mundo los policías tienen tareas de “inteligencia” o
mínimamente de reporte sistemático y puntual de situaciones. Pero, aquí,
eso no se ha empezado a hacer.
La mordida sigue campeando por toda la ciudad sin que hasta ahora se
haya sentido alguna disminución. Esa corrupción, como casi todas, es un
sistema; no se debe al binomio mordelón-ciudadano con el que se
“arregla” el asunto de “otra manera” pero claramente ilegal. La mordida
es responsabilidad última de los jefes de policía. Pero, además, hay
simple cuota que paga el comerciante para mejorar el sueldo neto total
de los “patrulleros” (y sus jefes), cuyos rondines, se supone, ahuyentan
a los ladrones.
Con motivo de varios hechos de violencia sexual se han producido
airadas protestas de muchas mujeres. En ningún caso esos actos públicos
ha sido una provocación contra la policía o el gobierno. Uno o dos de
ellos se han analizado así, erróneamente, debido a que la autoridad no
se siente responsable de los delitos violentos que se repudian, sino que
sigue pensando como antes, al viejo estilo de funcionarios sin
obligaciones políticas inherentes al cargo. Se sigue presentando al
autor directo del delito como el único responsable; eso expresa la falta
de probidad, tradicional en el servicio público, así como la separación
entre autoridad y sociedad, la conversión de los puestos en buenas
chambas, la inexistencia de verdadera carrera profesional.
La reforma profunda de la policía para crear algo de verdad nuevo no
podría ser dirigida por los jefes actuales. Ellos no saben qué cosa
podría ser una policía nueva, solo entienden de la actual y de posibles
mejorías, aunque por lo pronto todo está un poco peor.
Es necesario elaborar un programa hacia una nueva policía, que
abarque organización, obligaciones, objetivos, métodos, disciplina,
control interno y vínculo social. Las pocas reformas muy parciales que
se han hecho hasta ahora, cuando fueron buenas, se deshicieron rápido o
se hundieron en la corrupción.
Aunque con versiones diferentes, la izquierda lleva más de 20 años en
el gobierno de la ciudad, pero no se ha propuesto todavía conformar una
nueva policía. En el ámbito federal, López Obrador ha planteado la
creación de un cuerpo de seguridad pública llamado Guardia Nacional y el
Congreso ha aprobado las reformas que desde ahora están a prueba. La
cuestión no consiste en el nombre ni en los uniformes sino en todo lo
demás.
No conviene seguir repitiendo los fracasos sino romper con el pasado.
Esa es una tarea política en toda la extensión del concepto.
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