Era 28 de agosto de 2015. Por
instrucciones presidenciales, José Antonio Meade asumía el control de la
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Ese día al llegar a lo que
sería su nueva oficina durante el siguiente año, se sorprendió al encontrar un amplio cuarto vacío, sin escritorio, sillas, sillones, ni una mesa donde empezar a trabajar.
Un empleado de esa dependencia dijo que por instrucciones de Rosario
Robles habían vaciado la oficina y que la señora se había llevado todos
los muebles.
En ese momento, el secretario Meade dio instrucciones a miembros de su equipo: quiero
auditorías a todos los programas sociales y una revisión minuciosa a
todos los contratos que haya hecho Robles y su grupo durante los 3 años
que estuvo al frente de Sedesol.
Un miembro del equipo de Meade recuerda
que al revisar archivos y expedientes empezaron a salir anomalías en el
manejo del presupuesto en casi todas las áreas: “Toda la
información que salía se le entregaba al secretario, aunque después
supimos que por instrucciones de Los Pinos todo debía ocultarse”.
En el gobierno, la impunidad de Rosario era conocida por todos, pues el
mismo Enrique Peña Nieto la protegía y la defendía, adentro y fuera del
gabinete, de aquellos que la señalaban por actos de corrupción.
Todavía recordamos aquel “no te preocupes Rosario”, que lanzó el
entonces presidente como una advertencia de que a la secretaria la
cubría el manto presidencial.
La misma exsecretaria de la Función Pública, Arely
Gómez González, enfrentó muchas presiones de secretarios de Estado y de
la misma Presidencia para que cerrara las investigaciones que
involucraban a Rosario. Desde que asumió el cargo, aquel 27 de
octubre de 2016, la contralora empezó a recibir llamadas de miembros del
gabinete de Peña Nieto, entre otros por supuesto de la misma Rosario
Robles, para que archivara los expedientes abiertos en su contra.
Otro funcionario que presionó a Arely Gómez fue el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien en varias ocasiones le pidió a la contralora que cerrara el caso “porque era una mujer honesta”.
Pero esa protección presidencial se ha acabado y aquellos que la defendían ya no están en el gobierno.
Y aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no
indagará en el pasado y que su nueva política es ver sólo hacia adelante
y no detenerse en investigar a exfuncionarios, para el rígido
fiscal independiente, el doctor Alejandro Gertz Manero, hay responsables
en dos ominosos casos: Odebrecht y “estafa maestra”.
Por ello, algunos execretarios de Estado
han entrado en crisis después de la conferencia de prensa que rindió
hace unos días el fiscal general de la República. Y razones no les
faltan para estar preocupados, pues este fiscal independiente anunció
que en las investigaciones por corrupción de los casos Odebrecht y
“estafa maestra” serán judicializados como delitos de Estado por
delincuencia organizada: es decir, una maquinación delictiva
planeada por funcionarios desde las más altas estructuras de gobierno
para desviar recursos del erario, enriquecerse ilícitamente y lavar dinero en favor de servidores públicos del sexenio anterior, incluido Enrique Peña Nieto.
Aunque podría haber muchos involucrados
en esta nueva tipificación de delitos por parte de la Fiscalía General
de la República (FGR), uno de los exfuncionarios clave que
debería ser citado para declarar es el excandidato presidencial del PRI,
José Antonio Meade Kuribeña, quien al suceder a Robles en Sedesol se
enteró de todas las corruptelas y tiene evidencias del desvío de los
recursos públicos. El problema es que Meade también tiene
responsabilidad por encubrir y solapar todo el cochinero encontrado en
la principal Secretaría encargada de atender a las poblaciones más
desprotegidas y pobres del país.
La mala relación de José Antonio
Meade con Rosario Robles podría traducirse en la colaboración del
primero con la FGR para entregar toda la información reunida y
que fue ocultada en el sexenio pasado. Además, el riesgo de no hacerlo
es incurrir nuevamente en encubrimiento y omisión, como lo hizo cuando
estuvo al frente de la Secretaría.
En el nuevo expediente abierto sobre la “estafa maestra” son investigados Rosario Robles y su exoficial mayor Emilio Zebadúa González, quienes al frente de esa dependencia en los primeros 3 años del gobierno de Peña por lo menos permitieron la triangulación de contratos con universidades públicas para desviar recursos públicos a empresas privadas, muchas de ellas señaladas como fantamas.
Sin romper la palabra del presidente de
la República de “perdonar” a los funcionarios corruptos del pasado,
incluidos los últimos cinco expresidentes, el fiscal Gertz
Manero tiene toda la autoridad y obligación de cumplir con la ley sin
que pudiera recibir llamadas de Palacio Nacional para detener alguna
investigción, pues su independencia en eso consiste y si se
quiere marcar diferencia con gobiernos corruptos del pasado, éste es el
momento y seguramente uno de los casos más emblemáticos del abuso de
poder para desviar dinero del erario.
Puntos suspensivos. Lozada sí es responsable: Función Pública
El drama Lozada continúa. En una
reunión en Palacio Nacional, ante varios miembros del gabinete, el
presidente de la República Andrés Manuel López Obrador se dirigió a la
contralora Irma Eréndira Sandoval y le espetó: ¿Es responsable Lozada de
corrupción?
El primer mandatario se refería al
expediente abierto en la Secretaría de la Función Pública en contra del
director general de Pemex Exploración y Producción (PEP), Miguel Ángel
Lozada Aguilar, por su participación en la firma de contratos de
Pemex con universidades públicas para la elaboración de proyectos y
estudios, mismos que fueron trangulados ilícitamente a empresas privadas, algunas de ellas fantasmas, lo que estaba prohibido explícitamente en dichos acuerdos.
Nerviosa y titubiante, la contralora trató de contextualizar la situación:
—Señor presidente, déjeme explicarle que…
El jefe de la nación la interrumpió brúscamente —¿Dígame si es responsable o no?
—Es que, señor presidente…—Dígame si es responsable o no…
—Bueno, señor presidente…
—¡Sí o no!
La tensión aumentaba en Palacio Nacional. Silencio y nerviosismo salía de los cuerpos presentes. López
Obrador se desesperaba aún más, quería una respuesta clara y precisa
después de 4 meses de investigación sobre Lozada Aguilar, de
quien por cierto un oficio del Órgano Interno de Control, a finales del
sexenio pasado, lo exoneraba de cualquier ilícito. La contralora no tuvo
más remedio que responde con una monosílaba.
—Sí.
Con esa respuesta final, los
funcionarios presentes descansaron los hombros. Miguel Ángel Lozada
Aguilar se convertía así en el primer funcionario despedido del gobierno
de Andrés Manuel López Obrador de la subidiaria más importante para el
proyecto petrolero del país. El director general de Pemex, Octavio
Romero, tendrá que buscar al sustituto, aunque antes alguien tiene que avisarle a Lozada que ha quedado fuera de la cuarta transformación.
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