En el mundo existen múltiples combinaciones de ética y política. En México hay un divorcio tan brutal entre ambas que la política se hace cada vez más intolerable. ¿Existe solución? El tema es antiquísimo y tiene dos grandes posturas. Una sostiene que ni la moral ni la ética tienen aplicación en la política; lo fundamental es obtener el poder y preservarlo por el mayor tiempo posible. Para otra corriente, que suscribo plenamente, una sociedad funcional bien estructurada y organizada debe guiarse por valores asociados con la ética: igualdad, libertad, justicia, tolerancia, respeto a la naturaleza y a la diversidad, etcétera.
El Partido Acción Nacional y lo que ahora es el Partido de la Revolución Democrática nacieron invocando valores con los cuales buscaban distinguirse de la manera tan feroz como ejercían y mantenían el poder los priistas. Manuel Gómez Morin se enorgullecía de que el PAN viviera en la "intransigencia diamantina de los principios" y Carlos Castillo Peraza aseguraría, años más tarde, que ellos anteponían "la ética a la política".
Y en la izquierda, personajes como Valentín Campa, Heberto Castillo y Cuauhtémoc Cárdenas confirmaron una y otra vez que es posible actuar con principios en la política. Todos esperábamos que cuando el PAN y el PRD llegaran al poder encabezarían una revolución ética. No fue así y ello se demuestra en indicadores como el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, según el cual este rasgo de la vida nacional no se ha modificado para nada en los años que llevamos de alternancia. Las mediciones numéricas se ven confirmadas con el acontecer diario.
La tragedia de la guardería de Hermosillo demuestra cuán vivo sigue el tráfico de influencias en los gobiernos priistas; la entrega de Lotería Nacional para la Asistencia Pública a Elba Esther Gordillo y su grupo confirma que para Felipe Calderón la "intransigencia diamantina" consiste en el pago de facturas a quienes le ayudaron a ser Presidente; el fandango de Iztapalapa es una vergüenza para el PRD y para Andrés Manuel López Obrador, y una constatación de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sigue empeñado en contribuir a la incertidumbre jurídica.
El movimiento en favor de anular el voto nació porque la principal preocupación de nuestra clase política es preservar el poder y porque nos sentimos indefensos ante sus tropelías. En teoría, los organismos públicos de derechos humanos (y entre ellos incluyo al Tribunal antes mencionado) tienen la función de defender los derechos de las mayorías. Salvo contadas excepciones, estos organismos han sido avasallados por los partidos que no toleran la independencia y la autonomía. El saldo neto es que la función de la ciudadanía se reduce a votar cada tres años y a padecer el resto del tiempo las consecuencias de una democracia enferma.
La Italia de Berlusconi nos recuerda que no somos el único país que padece estos males. Lógicamente, han surgido propuestas como la de la filósofa española Adela Cortina, quien considera que el radicalismo del siglo XXI consiste en "emprender en todos los ámbitos e instituciones una revolución ética". Según esta pensadora, los ciudadanos "tienen en sus manos la posibilidad de ser los verdaderos protagonistas de una nueva ética basada en los conceptos de dignidad, felicidad, compromiso y diálogo". La revuelta anulacionista es un esfuerzo por sacudir las conciencias y lograr que quienes gobiernan en nuestro nombre incorporen el bien común en sus consideraciones.
Es inevitable que en este movimiento surjan expresiones maximalistas. José Woldenberg (Proceso, mayo 31, 2009) y otros han señalado que por momentos se cae en un peligroso maniqueísmo y que la "retórica antipolítica" pone en un lado a una clase política perversa, corrupta e ineficiente y en el otro, a un pueblo "noble, incorruptible, trabajador". Advierte, entonces, que de esa contradicción puede surgir un "salvador, que puede ser un movimiento, un líder carismático" que destruya lo logrado. Intransigencias similares aparecen en quienes nos condenan pese a que la anulación de los votos está incluida en las leyes electorales.
Es muy probable que el movimiento anulacionista coincida en un pliego petitorio mínimo que de ser tomado en consideración por los partidos podría llevar a nuestra lenta y tortuosa transición a la etapa de la refundación democrática. La Miscelánea Entretanto, sigue habiendo avances consistentes en el entendimiento de la transición. Ilán Bizberg y Lorenzo Meyer presentaron la semana pasada los cuatro volúmenes de Una historia contemporánea de México, en edición de Océano y el Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México. En ellos, docenas de autores iluminan diferentes aspectos de nuestra historia reciente. Una fiesta del conocimiento y una obra de referencia que se hará indispensable. Colaboró para esta columna Guadalupe Correa.
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