José Francisco Gallardo Rodríguez
generalgallardo@yahoo.com.mx
Américas, tu profesionalismo y honestidad han podido
socavar los cimientos del poder corrupto que nos gobierna.
Decía Maquiavelo: si no puedes gobernar a la sociedad, domínala a través del miedo.
La acusación en contra del Ejército como el principal violador de derechos humanos en México, según denunció en abril pasado Human Rigths Watch (HRW) en su informe Impunidad uniformada: uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública, explica que el gobierno no se ha tomado en serio el problema de los abusos militares, y sostiene que la impunidad es favorecida por la justicia civil y solapada por el sistema de justicia militar que es parcial y dependiente, así como una estructura cerrada y sin transparencia.
HRW recomienda promover reformas a las leyes castrenses para que la autoridad civil pueda juzgar a los militares violadores de derechos humanos, se trata de la abrogación de la jurisdicción militar por ser una justicia de mando que tiene como doctrina: lealtad institucional a cambio de impunidad.
Con desdén a este reclamo, una parte del alto mando del Ejército hace la defensa a ultranza del fuero de guerra y la participación militar en asuntos que constitucionalmente son exclusivos de la autoridad civil: "la ciudadanía, a través de sus gobiernos es la que demanda una participación más activa de las fuerzas armadas en contra de la delincuencia organizada", pero reconoce que en esas tareas los sutiles hilos del tejido social pueden ser trastocados. Declaración de impunidad, con tufos de cinismo que se escuda en la disciplina militar para violar la Constitución.
Por otra parte, lejos de atender este reclamo, arguyendo asuntos de seguridad nacional, el mando supremo presenta ante el Congreso iniciativas de ley en la materia, que pretenden dar sustento legal a la intervención militar en la lucha contra el narcotráfico y legalizar el Estado de excepción de facto que creó desde el inicio de su gestión por medio de la "guerra" contra las drogas. No se trata de iniciativas para fortalecer la seguridad, sino de leyes de inmunidad para los militares que encaminan al país a un Estado policiaco-militar; el umbral de un golpe de Estado que en las circunstancias del colapso institucional que padece México, con gusto sería apoyado desde el exterior.
La presentación de las iniciativas a las leyes de seguridad, como el caso de las muertas de Juárez, crímenes de lesa humanidad, por lo que se sanciona al gobierno en el orden internacional, así como otros escándalos políticos y de corrupción (Fox y su esposa), se encubren con el anuncio del brote epidémico A/H1N1. ¡Pamplinas! Una política de miedo para provocar un shock social.
En efecto bumerán, esta política se revierte contra el sistema, los escándalos de Ahumada que ponen al descubierto la corrupción de la cúpula del poder y las declaraciones de De la Madrid, dadas a conocer por Carmen Aristegui en mayo pasado, destacan las inercias que impiden en México la transición a la democracia: "la justicia le estorba al poder, la impunidad es condición indispensable para sostener el funcionamiento del sistema político". Lo que nos deja claro que nuestro país padece una endémica impunidad a fortiori legalizada e institucionalizada desde las cloacas del poder.
Estamos ante una política de shock, una situación kafkiana, impuesta por la ultraderecha en conjura contra la Constitución y la democracia, en el quicio de las elecciones federales, para someter a la sociedad y obligarla a que acepte reformas legales represivas, de entrega de soberanía, y cambios que de otra manera no aceptaría como es el colapso económico o el establecimiento de un gobierno de corte militar.
Que no yerre la clase política ni Calderón en su estrategia, el Ejército representa un poder real, un bastión de nacionalismo muy mellado pero con sectores activos, que pese a la represión contra el pueblo, mantiene a través de imponer una doctrina del shock -técnica de la guerra de baja intensidad para someter al pueblo-, una alta credibilidad social.
Si dentro de un sistema de impunidad legalizado e institucionalizado y de una crisis de salud global pharma-provocada, auspiciada por el sistema político y apoyada por el Ejército, Calderón se proclamó "el salvador del mundo", en el contexto de un agravamiento del colapso institucional que vive nuestro país, con una sociedad desgastada, desconfiada e incrédula, el Ejército apoyado en el shock social incitado por las crisis, igual se puede proclamar "el salvador de la patria" a través de un quirúrgico golpe de Estado institucional, incluso con un cierto apoyo social.
El Ejército cubierto en la impunidad legalizada, ya dio un sutil golpe de Estado orquestado desde el sistema en 2006, "ya salvó a la patria" imponiendo a Felipe Calderón en Los Pinos, en este mismo sentido puede actuar para desimponerlo.
Así las cosas, lo que México necesita para romper la impunidad y avanzar en la democracia no es un cambio de gobierno, ni un relevo generacional, sino un cambio de mentalidad social.
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