Migrantes, población callejera, menores trabajadores o víctimas de la violencia son parte de la población infantil que mayor atención requieren del Estado, según el reporte "La Infancia cuenta en México 2014" realizado por la Red por los Derechos de la Infancia.
En
el reporte La Infancia cuenta en México 2014, la Red por los Derechos
de la Infancia (Redim) presentó, tras recopilar cifras oficiales, la
situación de los niños, niñas y adolescentes que se enfrentan a alguna
de esas problemáticas en el país.
En México, el 34.9% de la población son menores de 17 años, es decir, 39 millones
de mexicanos son niños, niñas y adolescentes que pueden considerarse un
grupo vulnerable y para los que el Estado debe crear políticas para
atender problemas específicos que enfrentan.
Según la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos del Niño,
esos menores necesitan medidas de protección especial del Estado para
enfrentar problemas específicos, como es el caso de los refugiados, los
niños en situación de calle, trabajadores, indígenas, con discapacidad,
en conflicto con la ley, víctimas de trata, venta, explotación y abusos
sexuales, de uso de drogas, en situaciones de conflicto armado y con
VIH-Sida.
En el reporte La Infancia cuenta en México 2014, la Red por los Derechos de la Infancia (Redim)
presentó, tras recopilar cifras oficiales, la situación de los niños,
niñas y adolescentes que se enfrentan a alguna de esas problemáticas en
el país.
Infancia en contexto de violencia
Entre 2000 y 2012 la tasa de mortalidad por homicidio en la población de niñas y niños entre 0 y 17 años se incrementó 135%, pasando de 1.7 muertes por cada 100 mil habitantes a cuatro muertes.
Con datos del INEGI, la Redim alerta que en 2012 se cometieron mil 614 homicidios de niños, niñas y adolescentes, con las cifras más altas en estados en los que el gobierno federal identifica mayor presencia del crimen organizado.
Otros datos del INEGI que muestran el panorama para la infancia en contexto de violencia son los de homicidios por arma de fuego: en 2012, el 59% del total de muertes entre niños, niñas y adolescentes ocurrió de esta forma.
“De nuevo, las y los adolescentes de 15 a 17 años se convierten en el grupo de población que mayor impacto recibe, pues representan el 70% de las muertes violentas perpetradas con arma de fuego”.
En ese sentido, Juan Martín Pérez García, director de Redim, señaló que la tasa de homicidios entre menores de 18 años
disminuyó 29% de 2012 a 2013 y se colocó en 11 asesinatos por cada 100
mil habitantes. Sin embargo, alertó que en entidades como Guerrero o Chihuahua las tasas son de 38 y 33 muertes violentas por cada 100 mil habitantes en el grupo de adolescentes entre 15 y 17 años.
Pero no existen datos oficiales ni una política para atender la
exposición a diversas forma de violencia criminal de niños, niñas y
adolescentes.
“El diagnóstico (necesario) debe ser actualizado de forma anual y
debe servir como una herramienta para la toma de decisiones en materia
de prevención, atención y erradicación de todas las formas de violencia
contra niñas y niños de México”.
Infancia migrante
La política migratoria del país no cuenta con un enfoque de derechos
de infancia, privilegia la seguridad nacional. Las cifras del Instituto
Nacional de Migración muestran que desde 2010, una de cada diez personas detenidas en estaciones migratorias es un niño, niña o adolescente
y que alrededor del 80% de esa población son menores de entre 12 y 17
años de edad que fueron aprehendidos mientras cruzaban el territorio
nacional sin compañía de un adulto.
En el caso de menores migrantes internacionales el panorama es similar: en 2012 se detuvo a 6 mil 100 y de esa cifra, el 97.6% fue deportado sin oportunidad de recibir refugio.
“Dentro de las decisiones que se tomen para atender a niñas y niños
migrantes es menester comprender sus trayectorias, las razones por las
cuales han decidido migrar y el proceso que han transcurrido durante su
desplazamiento con el fin de brindarles un cuidado integral que permita
la protección de todos sus derechos”, cita el informe de Redim.
Para proteger los derechos de la infancia migrante, la Red hace
énfasis en que la política migratoria debe dejar atrás la aprehensión
de niñas y niños migrantes como mecanismo de protección a la seguridad
nacional del país.
Infancia trabajadora
En México aproximadamente dos millones 500 mil niños y niñas de entre 5 y 17 años realizan alguna actividad económica, lo que representa el 8% del total de la población infantil de ese rango de edad.
Las cifras de la infancia trabajadora también muestran que 9 de cada
10 adolescentes de entre 12 y 17 años son mujeres, por lo que el tema
también se convierte en un problema de igualdad de género.
En este rubro, la Redim específica la falta de datos para detallar
la situación actual de la infancia indígena, pues el último dato
oficial es la Encuesta Nacional de Empleo en Zonas Indígenas que data
de 1997 y que concluye que el trabajo infantil en zonas indígenas es casi dos veces mayor que en el resto del país.
En ese sentido, los datos permiten que Redim llegue a la conclusión de que los motivos que llevan a niños y niñas a trabajar son, principalmente, la situación de pobreza y la falta de oportunidades:
22% de la población infantil ocupada dijo que en su hogar necesitan de
su trabajo, 23% para poder estudiar y cubrir sus propios gastos, 13%
para aprender un oficio y 9% para contribuir con algo en su hogar.
El Informe de Redim urge a tener medidas para respetar los derechos
de la infancia trabajadora y evitar la criminalización con medidas
persecutorias, prohibitivas y punitivas. Es decir, la infancia
trabajadora debe contar con políticas y leyes que permitan el respeto a
sus derechos laborales y que, al mismo tiempo, eviten la explotación
laboral.
Infancia callejera
En México existen medidas y políticas públicas que permiten la criminalización
de niños y niñas que viven en situación de calle, en lugar de que éstas
ataquen y comprendan las causas que los llevaron a esa situación.
“Las medidas de retiro y de limpieza social distan mucho de
reconocer el interés superior de niños y niñas, y por supuesto de
buscar la garantía de todos su derechos. Las acciones coercitivas y
punitivas no contribuyen a la inclusión social de la infancia
callejera, por tanto no se cuenta con acciones integrales construidas
para superar la transmisión intergeneracional de la pobreza”, concluye
Redim.
Los niños y niñas en esta situación no pueden acceder a un registro
de nacimiento, por lo que se vulnera su derecho a la identidad y ven
obstaculizado su derecho a la salud y a la educación.
Infancia en cuidados alternativos
En 2013, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) mostraban que 188 mil 487 menores vivían en hogares sin cuidado parental, es decir, que no viven en familia.
Aunque la Constitución establece el derecho a la familia, no existen políticas públicas que regulen los lugares de acogida o los sitios de cuidados alternativos y vigilen que éstos sigan con los más altos estándares para la protección de niños y niñas.
La Redim urge a que el Estado garantice que los menores privados de
sus familias sean reintegrados a su núcleo familiar y si esto no es
posible, tengan acceso a programas de acogimiento familiar.
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