El ex presidente Alberto Fujimori comandó una política de esterilizaciones forzadas durante su gobierno (entre 1990 y 2000), afectando a casi 300 mil mujeres y22 mil hombres
Cristina Fontenele
Lima,
19 feb. 15. AmecoPress.- El ex presidente peruano Alberto Fujimori
comandó una política de esterilizaciones forzadas durante su gobierno
bajo el nombre de Programa de Salud Reproductiva y Planeamiento
Familiar. Cerca de 300 mil mujeres y 22 mil hombres fueron afectados
por dicha política de esterilizaciones que duró hasta el año 2000.
Desde hace más
de un año (enero de 2014), la investigación sobre las esterilizaciones
forzadas en Perú está archivada parcialmente, excluyendo así la
responsabilidad penal del ex presidente Alberto Fujimori y sus
Ministros de Salud. Víctimas y organizaciones de derechos humanos
continúan reclamando para que no se archive el proceso.
Víctimas y organizaciones de derechos humanos se han movilizado para evitar el archivo de las investigaciones.
El ex
presidente peruano Alberto Fujimori comandó una política de
esterilizaciones forzadas durante su gobierno (entre 1990 y 2000),
afectando a casi 300 mil mujeres y22 mil hombres peruanos, bajo el
nombre oficial de Programa de Salud Reproductiva y Planeamiento
Familiar. Las víctimas eran sometidas a procedimientos sin su
consentimiento o bajo coacción, soborno e incluso siendo engañadas.
Las cirugías
eran realizadas en los departamentos y provincias más pobres del país,
especialmente en las zonas rurales. En la mayoría de los casos se
trataba de la población indígena Quechua y Aimara.
Mujeres embarazadas también fueron obligadas por agentes de salud a pasar por el procedimiento, que posuía cupos a cumplir.
Lentitud del caso
Para el
abogado del caso, Julio Arbizu, “tenemos serias dudas respecto de la
imparcialidad de los operadores de justicia no sólo en los últimos
tiempos sino a lo largo de los 18 años que tiene este caso que hasta
hoy no ha pasado, con la contundencia que debería, de la etapa
preliminar a la investigación preparatoria. Es decir, este caso no se
ha judicializado más allá de una vaga imputación por delitos menores”.
Sobre los
cambios de fiscal del caso (Luis Antonio Landa será el nuevo
responsable del proceso, substituyendo a Carmen Ibáñez), Arbizu espera
que sea una decisión definitiva y no provisoria. “No queremos más
provisionales que tengan que estar sometidos a los vaivenes o presiones
de grupos como el fujimorismo. Sabemos que están presionando y lo
decimos en voz alta”.
Según Liz
Meléndez, directora del Comité de América Latina y el Caribe para la
Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) en Perú y miembro del
Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, “La justicia es una utopía
para las mujeres.”
El Comité para
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) expresó su
preocupación por los casos investigados y cuyas víctimas no recibieron
ningún tipo de compensación. El Comité recomienda al Estado que
identifique a todas las mujeres víctimas de esa violencia, investigue,
procese y castigue a los culpables, así como las debidas reparaciones a
las víctimas.
Las primeras
denuncias sobre las esterilizaciones ocurrieron entre 1988 y 2001,
cuando fueron archivadas en 2009 y reabiertas en 2012 a partir de un
acuerdo entre el Estado peruano y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, en el cual el Estado se comprometió a buscar una solución
amistosa para algunos casos abiertos.
Una de las
historias más significativas del país fue la de la Sra. María Mamérita
Mestanza, del distrito de La Encañada, Cajamarca (norte del país),
fallecida por infección generalizada en abril de 1988, días después de
una intervención forzada de esterilización. Este proceso es el único en
el cual se reconoció la responsabilidad penal del Estado, indemnizando
a la familia de la víctima con cerca de 80 mil US$.
Foto: El Ciudadano
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