Utopía
Eduardo Ibarra Aguirre
Al gobierno de Enrique Peña le molestaron las recomendaciones que emitió el Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés), el 13 de febrero, luego de que evaluó en Ginebra, Suiza, los días 2 y 3, al Estado mexicano y concluyó que aquellas “son generalizadas” y se “mantienen impunes”.
En una primera reacción, los titulares de las secretarías de Gobernación y de Relaciones establecieron que las recomendaciones emitidas “no reflejan adecuadamente” la información presentada por México. Tampoco “aportan elementos adicionales que refuercen las acciones y los compromisos que se llevan a cabo para solventar los retos mencionados”.
Con todo, Miguel Ángel Osorio y José Antonio Meade juran que México tiene el firme compromiso de “redoblar los esfuerzos dirigidos a transformar la forma en que conciben, reconocen y aplican los principios que deben regular la prevención, investigación y búsqueda de personas desaparecidas”, y que se cuantifican en más de 22 mil, de las cuales “casi 50 por ciento” lo fueron entre 2012 y 2014, bajo el actual gobierno, de acuerdo con el director de Amnistía Internacional en México.
La segunda constatación del malestar la dio el secretario de Exteriores, porque “hubo inexactitudes” en las recomendaciones, “lo que nos hace pensar que la revisión no fue del todo lo exhaustiva que debió haber sido (hecha) desde el punto de vista estadístico y factual”.
Meade Kuribreña se quejó de que algunos elementos “que nosotros informamos habríamos de incorporar a nuestro marco jurídico, son incluidos ahora como recomendaciones de cosas pendientes por hacer, siendo que México ya las había venido realizando”.
Primero que precise: “habríamos de incorporar” o “ya las había venido realizando”. Las promesas del gobierno mexicano no sólo tienen poca credibilidad entre los ciudadanos sino también entre los representantes de los estados que forman el CED.
En pocas palabras, los funcionarios querían más reconocimientos, aplausos y de ser posible ovaciones, a lo que el gobierno de Peña Nieto ha realizado en la materia, y menos críticas (recomendaciones).
Pero la triste realidad para los gobernados más comunes que corrientes, las inmensas mayorías que no tienen acceso a escoltas de seguridad, es que el diagnóstico del CED dice que “en México, la desaparición de personas es un fenómeno generalizado que ocurre en gran parte del territorio, y en muchos de estos delitos hay participación de servidores públicos, por lo que es urgente que las autoridades lleven a cabo acciones para resolver dicho problema, entre ellas, crear una unidad especial de búsqueda y un registro único de víctimas a escala nacional”.
Para el CED el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sometidos a desaparición forzada, el 26-27 de septiembre, “ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas”.
Si el gobierno esperaba recomendaciones favorables, significa que está mal informado por los funcionarios que se ocupan de los derechos humanos o sobrestima demasiado los resultados obtenidos contra la desaparición forzada en 26.6 meses y que no convencen a la CED, ni a los organismos civiles independientes, no a los cooptados por Los Pinos, y menos aún a los que padecen la desaparición forzada.
Hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideró que la adopción e implementación de las observaciones representan la posibilidad de lograr avances en el combate a la desaparición forzada.
Ésta es la Utopía 1500, gracias.
Acuse de recibo
Comenta Ramsés Ancira: “El maestro Rafael Solana, dramaturgo, autor de Debiera haber obispas, crítico teatral y taurino, me enseñó que si no tenía nada bueno que decir, mejor escribiera de otra cosa. Por eso del otro Vázquez, de Mario, cacique del Comité Olímpico sólo diré que en 35 años de trabajo periodístico, sólo en una ocasión permití ser mano de obra esclava. Trabajaba siete días a la semana y me pagaban seis. La guardia nocturna me forzaba a pagar 50 pesos de taxi, cuando mi sueldo era de 30. Cuando le preguntaron porque pagaba tan mal, cínicamente respondió que el salario sólo era una ayuda a los reporteros, El Sol de México les daba una charola y con eso debería ser suficiente. El periodismo mexicano se libera de uno de sus más grandes lastres, y el presupuesto de comunicación social de los estados debería hacerlo también”… Sobre ¿Y la Estrategia de Seguridad Tamaulipas? (13-II-15), Lilia Cárdenas concluye que “el problema es que somos antipatriotas. Pues la traición es ir en contra del pueblo: avalando al espurio impostor (…) es ilegitimo entonces, todo aquel que le obedece se hace cómplice de la maldad, del genocidio y del desmantelamiento del Estado. Eso es traición. La convicción de cada mexicano debe ser velar por la patria, sobre todo si se tiene un cargo publico (…)”
Twitter: @IbarraAguirreEd
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