Una de las marchas de madres de desaparecidos en el centro de Ciudad de México. Crédito: Daniela Pastrana/IPS
- “El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas no es un tribunal y digo esto para evitar cualquier malentendido”, enfatizó el experto alemán Rainer Huhle al presentar este viernes 13 las recomendaciones al gobierno de México, acosado por la proliferación alarmante de ese delito.
La advertencia, de Huhle, uno de los 10 integrantes de ese cuerpo de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), precisó cómo son el lenguaje y los tiempos de la diplomacia internacional aun en el caso candente de decenas de miles de desapariciones como se ha denunciado en México.
El documento del Comité describe “un contexto de desapariciones generalizadas” en gran parte de México. Sostiene que muchas de ellas podrían caer en la categoría de desapariciones forzadas y admite que ya se perpetraban cuando entró en vigor, en diciembre de 2010, la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
El texto emplea el modo condicional en los verbos para reconvenir al gobierno mexicano, en un tono de suave reprensión, repitiendo, por ejemplo, “el Estado parte debería…” en varias de sus recomendaciones.
Pero sin pasar por alto, empero, ninguno de los aspectos más graves del delito.
“El análisis se me hace muy puntual en todo”, aprobó a IPS la madre de un desaparecido, María Guadalupe Fernández, quien es una integrante activa de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México.
También el abogado Michael Chamberlin, del Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, del estado nororiental de Coahuila, consideró “positivo que el Comité reconozca el carácter generalizado de las desapariciones, porque dimensiona correctamente la magnitud del fenómeno en México”.
Chamberlain aplaudió a IPS que el Comité “haga constar la falta de un registro preciso de las desapariciones ligado a mecanismos de búsqueda eficientes y de oficio para desapariciones recientes y del pasado, sensible a condiciones de género, edad y nacionalidad”.
La ausencia de datos precisos sobre el número de desaparecidos fue uno de los reclamos más firmes que hizo el Comité, que estableció cómo prioridad que el Estado mexicano lo solucione favorablemente en el plazo de un año.
Una de las estimaciones, originada en el gobierno y divulgada por Amnistía Internacional, eleva el número de desaparecidos en los últimos ocho años a unos 22.600.
“Esas cifras han cambiado de magnitud varias veces”, dijo Huhle a IPS. “No podemos confiar en esos datos porque desconocemos como se obtienen”, agregó el miembro del Comité, que examinó a México durante una audiencia especial el 2 y el 3 de este mes, en esta ciudad suiza.
“Después de un año, esperemos que (las autoridades) nos digan que han logrado. Ellos deben comprender que esto es una prioridad. Por supuesto, no esperamos tener un cuadro perfecto en un año, pero para entonces tendrán que haber avanzado algunos pasos”, completó.
El Comité también fijo el plazo de un año para que México se ocupe del problema de los migrantes, en su mayoría procedentes de América Central y algunos países sudamericanos, “que cruzan México en busca del ‘paraíso’ al norte del Rio Grande”, en el vecino Estados Unidos, refirió Huhle.
En este punto, el Comité empleó un lenguaje más duro al declarar su “preocupación” por la desaparición de migrantes, “incluyendo niños”, y “entre los cuales habría casos de desapariciones forzadas”, dijo el documento de recomendaciones entregado este viernes 13.
El tercer emplazamiento del Comité que debe cumplirse en un año aborda que México “debería redoblar sus esfuerzos con miras a la búsqueda, localización y liberación” de las personas desaparecidas.
Chamberlín también consideró positivo para los activistas la demanda del Comité de que se armonice la legislación del país, pese a su carácter federal, así como el señalamiento de la impunidad en materia de desapariciones forzadas y como evaden las autoridades la investigación de los casos, al disfrazarlos con otras figuras delictivas.
Fernández, madre de José Antonio Robledo Fernández, un ingeniero desaparecido en enero de 2009 cuando tenía 32 años, resaltó que el Comité “puso atención en un problema tan grave que rebasó a México”.
Lo hizo, dijo, mediante la implementación de mecanismos “que no se queden en proyectos de mediano y largo plazo sino que sean inmediatos, para que en verdad apoyen a todos los familiares que pululamos por el país en búsqueda de nuestros seres queridos”.
Pero Fernández disintió de la decisión del Comité de otorgar al Estado mexicano hasta 2018 para cumplir con sus recomendaciones, con la excepción de los tres emplazamientos para cumplir en un año sobre el registro de desapariciones, los migrantes y la búsqueda de las personas desaparecidas.
“Desconfió en verdad que el Estado cumpla y satisfaga todas las recomendaciones del Comité en apoyo a las victimas indirectas de esta emergencia nacional, y que ponga fin a todas las violaciones de los derechos humanos e implemente normas que deben ser inmediatas”, explicó.
Entre las lagunas del Comité, Chamberlain destacó que no haya citado la falta de independencia de la procuraduría (fiscalía) “como una de las razones fundamentales para la impunidad en el caso de desapariciones”. Solo lo mencionó en el caso de la justicia militar, aclaró el abogado.
Tampoco hizo alusión a la falta de sanción a los funcionarios que incurren en negligencia o corrupción, apuntó.
Chamberlin observó que el Comité no consideró la crisis de credibilidad de las instituciones de justicia en México. De hacerlo, hubiera instado al Estado a colaborar plenamente con el grupo de expertos en materia de desapariciones forzadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Esos expertos realizarán varias visitas a lo largo de este año al país, como parte de las medidas cautelares dictadas por la CIDH para seguir el caso de los 43 estudiantes de magisterio de La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, que desaparecieron el 26 de septiembre.
El grupo de la CIDH se ocupará “no solo de investigar y superar los fallos en la investigación, sino también de otorgar certeza a los familiares de las victimas”, recordó Chamberlin a IPS.
El defensor de derechos humanos reclamó “un papel más proactivo del Comité (de la ONU) y no solo de observante de la grave situación en México”. “Al fin y al cabo, ¿de cuántos otros estados se puede decir que existe una situación generalizada de desapariciones?”, se preguntó.
Editado por Estrella Gutiérrez
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