Mathieu Tourliere
MÉXICO,
D.F. (apro).- Al oponerse a varios acuerdos negociados entre el Senado
y las organizaciones de la sociedad civil para elaborar la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información, el PRI amenaza a los
filtradores de información –también conocidos como whistleblowers
en inglés– y busca instaurar “opacidad, ilegalidad, corrupción y un
incentivo para usos ilegítimos de las funciones del Estado”, denunció
hoy la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
Según expuso la organización en un comunicado, la Consejería
Jurídica del Ejecutivo federal, así como los grupos parlamentarios de
PRI y PVEM intentan eliminar el artículo 214 del proyecto de ley, el
cual estipula que no será perseguido quien divulgue información
“clasificada como reservada”, en el caso de que sea de interés público.
En su forma actual, el artículo 214 plantea la protección y la
garantía de no persecución a los filtradores que revelen “violaciones
del ordenamiento jurídico, casos graves de corrupción, la existencia de
una amenaza grave para la salud, la seguridad, o el medio ambiente,
violaciones de derechos humanos o del derecho internacional”.
En los últimos años, el papel de los filtradores de información ha
sido central en la revelación de escándalos de escala internacional,
desde el surgimiento de WikiLeaks en 2006 hasta la
divulgación el domingo 8 del enorme fraude fiscal operado por la filial
del banco HSBC en Ginebra por el Consorcio Internacional de Periodistas
de Investigación.
“La eliminación del artículo 214 de la ley produciría un efecto
silenciador que disminuiría el acceso a la información y, en general,
el derecho a buscar, recibir y difundir información de interés
público”, recordó R3D al exhortar el Senado a mantener el párrafo en el
texto final.
Las 80 “reservas” del PRI
R3D denunció que la eliminación del artículo 214, una de las más de
80 reservas que formuló el PRI en el proyecto de ley, forma parte de un
intento de vaciar el texto de los acuerdos centrales convenidos entre
el Senado y las organizaciones de la sociedad civil.
Entre las medidas amenazadas por el partido en el poder se
encuentra, según R3D, la que obliga a las agencias de seguridad –el
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) o el Estado Mayor
Presidencial (EMP), entre otros— a contar con un comité de
transparencia.
También se encuentra en riesgo la obligación por parte de las
agencias de seguridad de generar información respecto de sus programas
de vigilancia masiva, los cuales conforman la intervención de
comunicaciones privadas, retención de datos y geolocalización.
Por ello R3D insistió en que el PRI intenta “establecer una serie de
causas para ocultar información de interés público que son claramente
injustificadas, pero que además hacen que las autoridades no tengan
siquiera que explicar los razonamientos para tal ocultamiento”.
Entre las causas que permitirían a las autoridades ocultar la
información se encuentran la “seguridad nacional” –ya ampliamente
utilizada para negar solicitudes de información–, así como “la
estabilidad financiera, económica o monetaria del país”, como lo
recordó ayer el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), al
pedir al Senado que detalle con precisión lo que abarcan estos
conceptos genéricos.
Luego, planteó: “¿Por qué la presidencia de la República y este
partido se oponen a ser vigilados, fiscalizados y transparentados como
correspondería en un sistema democrático?”.
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