MÉXICO,
D.F. (apro).- Si Enrique Peña Nieto ha sido atrapado en por lo menos un
acto de corrupción y ordena bloquear la transparencia y la rendición de
cuentas, entonces los mexicanos tienen derecho a pensar que planea
seguirse beneficiando a la mala.
Ha quedado nítido el conflicto de interés de Peña con el contratista
Armando Hinojosa Cantú, más aún con el nombramiento de su empleado
Virgilio Andrade para simular una investigación que no creen ni ellos,
pero ahora conspira para convertir la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública en otra burla a los mexicanos.
A través del PRI y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM),
que son exactamente lo mismo, se pretende en el Senado que la ley
reglamentaria de la reforma constitucional conculque el derecho de
acceso de los mexicanos a la información sobre el uso de todos los
recursos públicos, pero también a temas de derechos humanos y delitos
de lesa humanidad, como la desaparición de los 43 normalistas de
Ayotzinapa.
Desde la cúpula del poder se busca, por ejemplo, eliminar la
obligación de que se transparente la lista de cancelaciones y
condonaciones en materia tributaria, donde por años se han fugado miles
de millones de pesos en impuestos de empresarios tan infames como los
Azcárraga y Claudio X. González.
Se pretende también mantener ‘candados’ a la información de
fideicomisos de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México que
manejan discrecionalmente cantidades multimillonarias de recursos de
los mexicanos, como los que se concentrarán en el Fondo Mexicano del
Petróleo de la renta petrolera.
Se trata de, al menos, 352 fideicomisos que manejan 452 mil 454
millones de pesos. Es un dineral, cuyo manejo nadie conoce. De esa
cantidad, 21.7% corresponde a 46 fideicomisos de infraestructura
pública (98 mil 365 millones); 21.2% a 120 fideicomisos de “apoyos
financieros” (96 mil 89 millones); 20.7% a seis fideicomisos para
“estabilización financiera” (93 mil 573 millones), y 17.2% a 24
fideicomisos de pensiones (77 mil 681 millones).
Más aún, a través del PRI y del PVEM, el gobierno federal busca
reservar toda la información que “comprometa la seguridad nacional, la
seguridad pública o la defensa nacional”, así como la que “pueda
menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones
internacionales”.
El gobierno de Peña también busca reservas a la información “cuando
se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa
humanidad, calificadas así por la autoridad competente” o “se trate de
información relacionada con actos de corrupción, de acuerdo con las
leyes aplicables”.
Todos estos son aspectos sensibles que, de no aprobarse en el
Senado, implicarían una grave involución en la de por sí acotada
transparencia en México, único logro del gobierno de Vicente Fox y que,
en los gobiernos que le siguieron, se fue diluyendo, como el Instituto
Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) como órgano garante.
Los operadores de esta involución son los senadores Arely Gómez
González, del PRI, y Pablo Escudero, del Partido Verde, dos de los
partidos más tramposos. Ella es hermana del vicepresidente ejecutivo de
Televisa, Bernardo Gómez, y él es yerno de Manlio Fabio Beltrones. Nada
menos.
Pero no hay que darle vueltas: Restaurada la figura del jefe máximo
en el PRI (y su palero el PVEM), es Peña Nieto –nadie más– el principal
responsable de esta infamia.
Nadie puede decir que Peña no ha sido congruente con su apego a la corrupción. Esa ha sido su biografía…
Apuntes
El recién nombrado cardenal Alberto Suárez Inda, quien afirma que el
caso Ayotzinapa pretende “provocar una insurrección” en México, le dio
un recargón a Peña, quien estudió en la Universidad Panamericana,
manejada por el Opus Dei: “Es triste que varios políticos formados en
universidades llamadas católicas o cristianas no han sido precisamente
modelos de honestidad. No quiero dar nombres, porque no me toca, pero
todo el mundo percibe que tristemente hay una doble vida en muchos
católicos que van a misa y luego abusan de sus puestos de poder para
robar y a veces matar, y eso es una contradicción de su condición
cristiana”. Este cardenal es tío de Guadalupe Suárez Ponce, secretaria
de Margarita Zavala, la mujer de Felipe Calderón.
Comentarios en Twitter: @alvaro_delgado
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