Según la Auditoría Superior de la Federación, no es posible evaluar de qué forma los programas Escuela Segura y Escuelas Dignas ayudan a la educación de los alumnos del país.
Los programas Escuela Segura y Escuelas Dignas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) reciben 3 mil 091 millones de pesos aunque no sea posible evaluar si contribuyen a mejorar la educación de los estudiantes mexicanos, según el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El objetivo de ambos es garantizar que en las escuelas del país
existan condiciones óptimas para el aprendizaje, pero el diseño
institucional impide determinar si se alcanza la meta, además de que no
es claro cuál es la población objetivo o qué uso le da cada escuela a
los recursos que recibe.
“La SEP careció de información sobre las escuelas participantes en el Programa de Escuela Segura en 2013 que contaron con la agenda de seguridad escolar, por lo que no se tiene la certeza del seguimiento de las acciones realizadas para atender sus principales problemas de seguridad identificados en las autoevaluaciones de la seguridad escolar, ni para medir el impacto del programa en la mejora de las condiciones de seguridad escolar en las escuelas beneficiadas”, cita el informe de la Cuenta Pública 2013.
Escuela Segura recibió en ese año 292 millones 369 mil pesos del
presupuesto federal para atender a 53 mil 787 escuelas, que recibieron
montos que van desde los 5 mil pesos a los 35 mil, aunque en ningún
caso se puede acreditar qué hicieron con el dinero o si se usó para
mejorar la seguridad de los planteles, según la ASF.
“La información reportada por la SEP en los documentos de rendición
de cuentas de 2013 no permitió verificar el cumplimiento del objetivo
del Programa de Escuela Segura, relativo a generar en las escuelas de
educación básica condiciones que propicien ambientes de seguridad y
sana convivencia, favorables para la mejora de los aprendizajes, así
como la práctica de valores cívicos y éticos”.
El informe que recibió el Congreso este miércoles detalla que los
alcances del programa se originan en el diseño del mismo, pues no
se determina qué características debe tener una escuela para
considerarse segura, a qué público atender o en qué consiste “el
fortalecimiento de la seguridad escolar”.
Algo similar ocurre con el Programa Escuelas Dignas, pues opera sin criterios específicos
sobre en qué condiciones debe estar un plantel para tener acceso a los
recursos, sin un plan para realizar las mejoras tras detectar problemas
o cuál es la población objetivo.
La ASF señaló que no hay forma de evaluar cómo este programa contribuye a mejorar el estado físico de las escuelas y a tener un ambiente óptimo para el aprendizaje.
El Programa de Escuelas Dignas recibió en 2013 recursos por 2 mil
798 millones 816 mil pesos con la finalidad de garantizar que los
planteles del país hubiera seguridad estructural y condiciones
generales de funcionamiento, buenas instalaciones hidrosanitarias,
mobiliario y equipo; áreas de servicios administrativos, accesibilidad,
infraestructura para la conectividad y espacios de usos múltiples.
Al analizar una muestra representativa de las 2 mil 675 escuelas que recibieron en 2013 recursos del programa, la ASF concluyó que el 87.8% de las mejoras autorizadas nada tienen que ver con las necesidades diagnosticadas en las escuelas.
“Persiste el riesgo de que la infraestructura escolar no tenga las
características esenciales para las actividades educativas, en
detrimento del aprendizaje de los alumnos”, concluyó la ASF.
Tanto para este Programa de Escuelas Dignas como para el de Escuela
Segura, la Auditoría advirtió que no existen elementos para conocer su
impacto social.
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